Al ex congresista José Cardona Hoyos lo asesinaron dos días después de que su libro llegara a librerías. El título de la obra que había pagado de su bolsillo y que apenas alcanzó a repartir entre algunos amigos, ‘Ruptura’, era justo eso: una mordaz crítica sobre como el Partido Comunista Colombiano en el que había militado durante 38 años finalmente se había plegado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y abrazó su tesis de la “combinación de todas las formas de lucha”.
Esa noche, la del 8 de mayo de 1986, Cardona salió de la Universidad Santiago de Cali donde enseñaba historia contemporánea. Caminaba hacia su casa cuando se le acercaron dos desconocidos en una moto y le propinaron tres disparos. Su asesinato quedó en la impunidad, pero su familia tiene desde entonces la convicción de que su verdugo fue la guerrilla a quien él se había opuesto como dirigente comunista.
Tres décadas después, su hijo homónimo, José Cardona Jiménez, viene insistiéndole a los ex guerrilleros de las FARC -que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano- que reconozcan su decisión de matar a quien les había instado a finales de los años 70 y comienzos de los 80 a hacer exactamente lo que están haciendo hoy: cambiar las armas por las urnas y buscar el poder político, con respaldo de las clases obreras y campesinas, por vías democráticas y no violentas.
El asesinato de Cardona es ilustrativo de casos donde las víctimas sienten que, a pesar de los avances que han hecho la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, que entregó su informe final y terminó su mandato a mediados del año, las FARC aún no han cumplido con su compromiso de esclarecer la verdad y asumir la responsabilidad por todos sus crímenes.
Al igual que Cardona, las víctimas de la masacre de La Gabarra están pidiendo a los antiguos integrantes de las FARC que redoblen sus esfuerzos por asumir ese crimen y aclaren las circunstancias en que lo cometieron. Valoran que la antigua guerrilla admitió en público el asesinato de 34 campesinos recolectores de coca en una finca de la región del Catatumbo en 2004 y que por fin aclaró que sus familiares no eran paramilitares de extrema derecha, pero les parece insatisfactoria su explicación de que fue un hecho fortuito cometido por un comandante que desobedeció sus órdenes. También están molestos con la decisión de la Comisión de la Verdad de no lanzar el documental que ésta realizó con las víctimas sobre la masacre como una forma de reparación simbólica.
Los dos casos, además de evidenciar la crueldad de la guerrilla, contradicen su narrativa de que eran un ejército que defendía al campesinado y a los ciudadanos con ideas de izquierda.
Una masacre largamente minimizada por las FARC
Esteban Hernández se salvó por segundos de la masacre de La Gabarra, una de las peores perpetradas por las antiguas FARC. En la madrugada del 15 de junio de 2004, un grupo de guerrilleros llegó a la finca La Duquesa donde él trabajaba recolectando hoja de coca en el nororiente del país, cerca de la frontera con Venezuela. Tras sacar a los labriegos de sus camas sin mayor explicación, les amarraron las manos y comenzaron a asesinarlos.
Esteban, un vivaz campesino de 53 años, aprovechó una distracción de su captor para arrojarse a un barranco. Aunque apenas vestía un bóxer y una gruesa espina le había atravesado un pie en el salto, recordó los consejos que le había oído a un conocido que había sido militar. Arrastrándose por el suelo para esquivar las balas que pasaban silbando, logró llegar a la quebrada y esconderse entre unas piedras hasta que los guerrilleros de la columna móvil Gabriel Galvis abandonaron ese remoto paraje rural de La Gabarra, en Norte de Santander.
“Fue un milagro, obra de mi Dios. Otro quedaría loco de todo lo que he visto por mis ojos”, cuenta hoy. Las FARC dejaron una escena dantesca detrás suyo: 34 campesinos raspachines –como se suele llamar a los recolectores de hoja de coca- asesinados con tiros a quemarropa o degollados.
Días después, las FARC reconocieron la autoría de la masacre en un comunicado en su página web en el que acusaron a las 34 víctimas de ser “narco-paramilitares” y “perros de la guerra”, justificando su asesinato como parte “del combate sin cuartel que la organización guerrillera adelanta contra las fuerzas militares-paramilitares del régimen fascista colombiano”. Los medios, añadió la guerrilla, “tratan de confundir a la opinión presentándolos como campesinos, raspachines de coca, y como muestra de la brutalidad de la insurgencia armada”.
A mediados de 2021, diecisiete años más tarde, varios altos mandos de la extinta guerrilla finalmente admitieron el crimen a los familiares de sus víctimas y a cuatro sobrevivientes. “Fue un crimen del que nos avergonzamos. Los objetivos eran golpear una avanzada paramilitar, no masacrar recolectores de coca. Jamás debió ocurrir”, les dijo Rodrigo Londoño, el último comandante en jefe de las FARC y más conocido por su nombre de guerra ‘Timochenko’. En dos reuniones en privado, mediadas por la Comisión de la Verdad, les pidieron perdón y admitieron que la verdad de lo ocurrido era la que contaban los sobrevivientes y no la que ellos habían mantenido por más de una década.
Puntos ciegos de una confesión
La contrición de las FARC fue un alivio para las víctimas de La Gabarra. Sin embargo, el alcance de su reconocimiento todavía no resulta satisfactorio para muchas, que sienten que los ex jefes guerrilleros siguen minimizando su crueldad ese día y las razones que los llevaron a cometer la masacre. Al presentarla como la obra inconsulta de un mando medio, Almir Duque, que no siguió las directivas de la organización (y que, encima, murió en combate después), sienten que la cúpula de las FARC sigue evadiendo su cuota de responsabilidad y evita responder las preguntas más difíciles suyas.
Son varias las verdades que creen opacadas por lo que ven como una confesión incompleta. Primero, insisten en que los guerrilleros nunca se preocuparon por corroborar si las personas en la finca eran realmente paramilitares o si su información era errónea. Segundo, que no solo les dispararon, sino que también las degollaron. Y tercero, que ese operativo se enmarcaba en una disputa por el control del negocio de la cocaína en la región del Catatumbo. La sumatoria de estos hechos, sienten, prueba que la masacre fue premeditada y no una decisión errada al calor del momento.
En su primer encuentro con las FARC en julio de 2021, Esteban les reclamó a la cúpula guerrillera que en un inicio insistió en que sus hombres solo dispararon a los rehenes después de que uno de ellos escapó. “¿O sea que el responsable soy yo?”, les dijo. “¿Por qué yo tomo la decisión de volarme? Porque yo ya había mirado con mis ojos que estaban degollando a las personas. Al yo dejarme amarrar, la misma suerte iba a correr”, le contó a Justice Info, evocando el terror que lo había embargado en 1999 cuando los paramilitares lo bajaron de un bus y lo mantuvieron amarrado varias horas.
“¿Por qué no revisaron los cuartos para mirar qué armas y camuflados había, para ver si eran realmente paramilitares?”, pregunta Cristo Quintero. Ese día la totalidad de las víctimas fueron humildes labriegos. Cuatro eran adolescentes. Uno era su hijo de 16 años, Jhon Jairo.
Fin de un olvido de 17 años
Pese a las limitaciones que ven en el arrepentimiento de las FARC, las víctimas defienden el trabajo de año y medio que hicieron con la Comisión de la Verdad, que les permitió conocerse entre sí y reconstruir muchos detalles de una masacre que –como dice Paola, la hermana de Jhon Jairo- “estaba hundida en el silencio”.
Para los Quintero, conocer a Esteban y a los otros tres sobrevivientes les permitió enterarse de las circunstancias en que murió Jhon Jairo. Las ignoraban porque vivieron durante 20 años en el estado venezolano de Apure, tras salir desplazados del Catatumbo en 2000 a raíz de amenazas de los paramilitares, que ya habían asesinado a otro de sus hijos. La distancia física y las dificultades económicas les impidieron venir al entierro y solo regresaron a Cúcuta hace dos años, tras el descalabro social y humanitario de Venezuela. La Comisión de la Verdad, cuya existencia tampoco conocían hasta que ésta los buscó, les permitió expresarle ese dolor a la cúpula de la extinta guerrilla. “Les pudimos decir cómo nos sentíamos de que nos quitaron un pedazo de la vida de nosotros. Descansamos un poco porque todo eso lo teníamos dentro”, dice la madre Paulina Hernández.
Además de pedirle a las FARC que limpien el buen nombre de sus familiares y aclaren que nunca fueron paramilitares, las víctimas de La Gabarra vienen pidiendo que les reparen materialmente, dado que provienen de familias humildes privadas por la guerrilla de familiares que en muchos casos eran su sustento. Los padres de Jhon Jairo, de 78 y 70 años, no tienen pensión y solo uno de ellos recibe un subsidio gubernamental a la tercera edad de 80 mil pesos (17 dólares) mensuales.
“No saben lo que nos tocó vivir para sobrevivir, a cuántos nos tocó irnos y qué hicimos para volver a levantarnos”, dice Esteban, quien no ha regresado desde entonces al Catatumbo. “Si ellos se comprometieron a reconocer a las víctimas y es cierto que dieron su plata al Estado, como dicen, pues que presionen al Estado para que le llegue realmente a las víctimas. Necesitamos hechos, no solo palabras”. Ese inconformismo es lo que llevó al grupo de víctimas a rechazar un tercer encuentro de cierre con las FARC este año.
Un documental engavetado
Hay otro elemento más simbólico de la reparación que las víctimas de La Gabarra todavía están esperando, pero esta vez de la Comisión de la Verdad. A lo largo del último año trabajaron con funcionarios de la Comisión en un documental que, mediante animaciones y testimonios orales, cuenta su historia. Estaba previsto lanzarlo hacia agosto. Por razones que no entienden y pese a sus reiteradas preguntas, aún no ha visto la luz el film de 43 minutos que -según confirmaron a Justice Info tres personas- está listo desde hace varios meses.
“Era el final del proceso, pero terminó la Comisión en agosto y seguimos esperando. Toda mi familia espera verlo. Queremos que salga para que el mundo sepa lo que pasó”, dice Wilson Prieto, quien también sobrevivió a la masacre tras fingir durante horas que estaba muerto. Aún conserva las cicatrices de cuatro disparos, incluyendo uno en el antebrazo que le redujo la movilidad de la mano y otro en el costado. Como las otras víctimas, cree que la película podría acelerar la reparación económica y no entiende por qué terminó engavetado.
Justice Info preguntó a dos de los comisionados de la Comisión de la Verdad, su presidente Francisco de Roux y el salubrista público Saúl Franco que lideró el trabajo en el Catatumbo, pero ninguno respondió si se lanzaría.
La purga de un líder incómodo
En el caso de José Cardona se trata de un crimen que las FARC nunca han reconocido. A lo largo de los años ochenta, Cardona -un marxista-leninista convencido que visitó Moscú y que militó en el Partido Comunista Colombiano durante casi cuatro décadas- dio múltiples y solitarias peleas con sus colegas de partido para que se apartaran del apoyo a la lucha insurgente.
Primero insistió en que privilegiaran la lucha de clases de la mano de sus bases obreras y campesinas, luego denunció internamente que las FARC estaban reclutando a militantes comunistas y, más adelante, que la llegada de estructuras guerrilleras a zonas rurales donde el partido estaba ganando espacio político les estaba costando en las urnas. Lo había observado en sus correrías por el Cauca: en Toribío, donde llegaron a tener tres de siete concejales, terminaron barridos electoralmente. Él mismo perdió su escaño en la Cámara de Representantes en 1982, tras dos periodos en el Congreso. Finalmente fue expulsado un año después, considerado un traidor y un revisionista, en lo que su hijo José, un agricultor de 58 años, describe como una purga “de manera estalinista”. Se terminó de graduar de persona no grata al hacer esas denuncias públicas en su libro, que sus parientes le ayudaron a financiar y que José hijo describe como “un catalizador de su muerte”. El subtítulo era diciente de su contenido: ‘Una camarilla corroe al Partido Comunista Colombiano’.
Según cuenta José hijo, dos semanas después del asesinato fueron a su casa dos líderes comunistas que simpatizaban con su padre a decirle a su viuda que los autores eran integrantes del Sexto Frente de las FARC, bajo órdenes del Secretariado Mayor. Décadas después, dice, un ex guerrillero le contó una versión similar a un investigador conocido suyo. La justicia, sin embargo, nunca tuvo esa certeza. Por años el caso languideció en los expedientes como otro sicariato más en un convulso país. Tanto que a José, el más obsesionado de sus hermanos en dilucidar el misterio de la muerte del padre, le costó años que el Estado colombiano lo reconociera como víctima del conflicto armado.
“Nunca lo abordan, es un tema tabú”
Ha sido José hijo quien ha intentado que las FARC respondan. Primero les escribió una carta en 2014, durante la negociación de paz en La Habana, pero no obtuvo respuesta. Cuatro años después, cuando la antigua guerrilla había dejado las armas y hacía correrías políticas en su estreno electoral, José llegó a un evento en Cali del ex comandante y hoy congresista Luis Alberto Albán, más conocido como ‘Marcos Calarcá’. “Soy el hijo de José Cardona y vengo a felicitarlos por estar haciendo lo que mi papá les dijo hace treinta años que hicieran: hacer política en la civilidad y abandonar la lucha armada”, cuenta que les dijo. Albán no repuso nada, pero cuando José hijo lo abordó al final del acto, cuenta que éste le prometió que hablaría con sus ex compañeros de armas. Más recientemente José intentó reunirse con el senador Julián Gallo, antes conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, pero apenas le dijo por Whatsapp que ellos no habían sido.
En marzo de 2021, José fue invitado por la Comisión de la Verdad a un espacio de diálogo sobre la combinación de las formas de lucha donde en teoría conversaría con el ex jefe guerrillero Pablo Catatumbo, oriundo del Valle del Cauca como su padre, pero éste finalmente no llegó. El politólogo Gustavo Duncan, quien ha escrito sobre la necesidad de que las FARC reconozcan la verdad sobre sus retaliaciones contra vertientes de la izquierda democrática, le preguntó por el caso al mismo ex comandante y hoy senador en el programa radial Hora 20, pero Catatumbo eludió responder. Como dice Cardona hijo, “nunca lo abordan, es un tema tabú”.
Además de que las FARC aclaren la autoría del crimen, a José hijo le interesa que se reivindique el legado pacifista y rol casi profético de Cardona Hoyos. “Mi papá previó los ríos de sangre. Sus tesis civilistas se mantienen vigentes desde ese momento de paz [en los años ochenta] que fue desaprovechado. Puedo ser exagerado o iluso, pero ¿cuántos muertos se habrían evitado si se le hubiera hecho caso?”, pregunta. Como dice con orgullo en su perfil de Twitter, “la historia te dio la razón”.
Sin respuesta de las FARC
Hay apenas un párrafo sobre el homicidio de José Cardona en el informe final de la Comisión de la Verdad, que incluyó el señalamiento de la familia a las FARC y el hecho de que éstas nunca lo han reconocido. “Ese crimen ilustra que también esas diferencias se resolvieron mediante la violencia y la eliminación física del contrincante político”, escribió la Comisión, sin atribuirle directamente la responsabilidad a la guerrilla.
Justice Info buscó a tres integrantes de las antiguas FARC para preguntarles por sus discusiones sobre reconocer el asesinato de Cardona o clarificar más la masacre de La Gabarra. Ni Luis Alberto Albán ni Julián Gallo ni Pastor Alape dieron alguna respuesta concreta.
A pesar de la falta de respuestas, José Cardona hijo se siente feliz de que el caso de su papá apareciera en el informe de la Comisión y de que por fin los ex guerrilleros hubiesen tenido que escucharlo. “Yo no los odio, defiendo que puedan ir al Congreso, que puedan hacer política y no los maten. Tampoco quiero hacer nada judicial contra nadie”, dice desde su finca en el Valle del Cauca, “pero quiero que reconozcan la autoría del asesinato y lo equivocados que estuvieron”.
