Cuando hace año y medio Gustavo Petro llegó al gobierno de Colombia como el primer presidente de izquierda en su historia, buscó distanciarse de su antecesor de derecha Iván Duque en múltiples frentes. Uno de los más claros fue prometer implementar el acuerdo de paz firmado con la ex guerrilla de las FARC en 2016, cuya importancia histórica Duque se esforzó por diluir e incluso intentó torpedear.
Sin embargo, uno de los funcionarios de mayor nivel dentro del gobierno Petro, el Canciller Álvaro Leyva, lleva casi todo el 2023 lanzando dardos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial de la justicia transicional nacida con el acuerdo de paz.. “Nos preocupa que la institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, (…) se esté descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo”, dijo Leyva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 11 de octubre, durante la presentación del informe trimestral de la ONU sobre su misión de verificación en Colombia. En paralelo, viene promoviendo que la JEP acoja a ex jefes paramilitares que ya tuvieron su propio tribunal transicional anteriormente y cuya aceptación en el actual sistema podría desbordarlo.
“Ha llegado el momento de revisar el actuar de la JEP para corregirlo”
Como preámbulo a su cuestionamiento, el Canciller explicó que él había sido uno de los arquitectos del capítulo de justicia transicional. “Admiro a la JEP como si fuera una persona, no una institución, y la quiero”, dijo quien fue uno de los asesores de las FARC en la mesa de negociación durante cuatro años. “Ha llegado el momento de revisar su actuar para corregirlo”, advirtió con gravedad, bajo riesgo de entorpecer la paz en el país y la verdad plena para las víctimas. Días más tarde, el presidente Petro envió una comunicación a la ONU retomando algunos de los puntos de su Canciller.
La JEP respondió con un comunicado pidiendo respetar su autonomía y señalando que al gobierno y a las antiguas FARC “no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones” de la justicia transicional. “El hecho de que (…) haya sido creada en virtud del acuerdo final de paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo”, dijo.
Pero dos semanas después, Leyva reanudó su ataque con un trino sugiriendo que la JEP, “contrario de lo que se buscó con su diseño”, “cercena la verdad” y “hace trizas la paz”.
“Los avances de la JEP son motivo de optimismo”
La postura de Leyva contrasta con el informe de Naciones Unidas sobre los avances de la justicia transicional. En el periodo de tres meses que cubría, entre julio y septiembre, el tribunal especial presentó imputaciones contra 10 ex mandos regionales de las FARC por secuestro, nueve ex militares por ejecuciones extrajudiciales (incluido al general Mario Montoya, quien un ex comandante general del Ejército) y 14 ex guerrilleros de las FARC por delitos cometidos contra comunidades indígenas y afro-descendientes en el caso regional de Nariño. A todos los acusó de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además, la JEP hizo dos audiencias en las que los acusados reconocieron públicamente su responsabilidad y pidieron perdón a sus víctimas.
Pese a las demoras en varios macro-casos, para finales de 2023 la JEP habrá imputado a 156 personas, incluyendo a 50 ex miembros de las FARC y a 102 ex militares. De ellos, 80 han optado por aceptar su responsabilidad y, por tanto, han elegido el carril de la justicia transicional en el que podrán recibir –a cambio de también aportar verdad y reparar a sus víctimas- una sanción más leve de cinco a ocho años en un entorno no carcelario. Es decir, el 90 por ciento de los acusados han elegido admitir sus crímenes.
“Los avances”, argumenta el informe firmado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al que Leyva estaba respondiendo, “son motivo de optimismo y confío en que la Jurisdicción Especial [de Paz] continuará llevando a cabo su crucial tarea de satisfacer los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
La presunta exclusión de los paramilitares
“Desafortunadamente, la JEP de oficio ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial”, dijo el Canciller Álvaro Leyva en su discurso ante la ONU en octubre. Se refería a los 35 mil ex paramilitares de extrema derecha, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006. A raíz de esto tuvieron su propio mecanismo transicional llamado Justicia y Paz, que permitió conocer verdades antes ignoradas y a ellos recibir sentencias reducidas de 5 a 8 años de prisión por miles de atrocidades. Por esa razón, el acuerdo de paz con las FARC, una década después, los excluyó (aunque abrió la puerta a los terceros civiles que les hubieran ayudado y que no se habían beneficiado de ese tratamiento penal especial).
Según Leyva, muchos de esos paramilitares están dispuestos a contar hoy nuevas verdades en la justicia transicional y deberían ser aceptados en virtud del principio de favorabilidad, que estipula que una persona tiene derecho al tratamiento penal más benéfico que exista. La JEP, argumentó, “ha venido desconociendo permanentemente” ese derecho y ha “dejado de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor”, con lo cual “ha condicionado el relato de la verdad, cerrando o impidiendo que llegue plenamente a la JEP y a conocimiento de las víctimas y de la opinión pública”.
No era la primera vez que Leyva hacía esa crítica. Ya en julio, durante la entrega del anterior informe de Naciones Unidas, el Canciller había advertido al Consejo de Seguridad que era necesario “quitar de por medio trabas que impiden el acceso de paramilitares a la JEP sin justificación alguna”.
“Es necesario escuchar la verdad total”
Como prueba de la supuesta voluntad de los jefes paramilitares de aportar verdades novedosas, la Cancillería ha organizado dos actos –que llamó ‘encuentros por la verdad para la no repetición’- y anticipa otros.
Primero, en mayo en los hornos crematorios de Juan Frío, cerca de Cúcuta y la frontera con Venezuela, Salvatore Mancuso confesó –por video desde su celda en Estados Unidos- que enterraron cientos de víctimas de desaparición forzada en fosas comunes en territorio venezolano. Leyva luego firmó un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para buscarlos. Luego en agosto, Carlos Mario Jiménez –más conocido por su nombre de guerra ‘Macaco’- relató que, dos décadas atrás, habían fraguado un plan para asesinar al hoy Canciller y al presidente Petro. Leyva enfatizó que es necesario escucharlos para conocer “la verdad total” e incluso propuso revivir la Comisión de la Verdad que finalizó el año pasado para escuchar a los altos mandos paramilitares.
Esa “verdad total”, Leyva insistió, solo se podría completar si la JEP deja de “condicionar o limitar a quienes quieren relatarla”. No explicó cuáles verdades aportarían que no hubiesen entregado ya cuando era su obligación o cómo podrían confiar en quienes, como Macaco, fueron expulsados de Justicia y Paz por incumplir con sus compromisos.
“Como lo he manifestado públicamente, no compartimos los juicios que ha emitido el Canciller. Afirmamos la autonomía e independencia de la JEP como una alta corte en un Estado de derecho”, dijo su presidente Roberto Vidal a Justice Info. Tras el último discurso de Leyva, viajó a Nueva York y La Haya para presentar la postura del tribunal en este choque de competencias a instituciones como la Corte Penal Internacional.
Un jefe paramilitar aterriza en la JEP
Mientras todo este año el Canciller Leyva se dedicaba a fustigar públicamente a la JEP por no admitir a los paramilitares, el tribunal de paz dio un giro sorpresivo en su manera de aproximarse a los integrantes de ese grupo desmovilizado hace una década.
A lo largo de los últimos cuatro años la JEP ha rechazado las solicitudes de sometimiento de decenas de ex paramilitares como Rodrigo Tovar ‘Jorge 40’, Salomón Feris, Andrés de Jesús Vélez, Carlos Moreno Tuberquia ‘Nicolás’ o el propio Mancuso como terceros civiles que formaron parte en el conflicto armado. Lo mismo hizo con políticos y civiles que adujeron haber trabajado en llave con los paramilitares, pero que la JEP juzgó no aportaron verdad plena, como el ex congresista Jorge Visbal, el ex alcalde Jorge Luis Alfonso ‘Gatico’ o la despojadora de tierras Sor Teresa Gómez. Muchos buscaban llegar a la JEP porque la lógica de procesos individuales e imputaciones parciales de Justicia y Paz significaba años como comparecientes y una mayor inseguridad jurídica, pero también varios habían sido excluidos por no aportar verdad o delinquir tras haber dejado las armas.
Sin embargo, hace un mes, la JEP aceptó a Salvatore Mancuso como compareciente y, por tanto, potencial beneficiario de sus sanciones especiales.
Mancuso como “agente del Estado de facto”
Después de que la Sala de Reconocimiento de la JEP había rechazado a Mancuso y de que éste apelara, otra instancia del tribunal especial decidió recibirlo ya no como ex segundo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino como “bisagra o punto de conexión entre el aparato militar y el paramilitar”.
En su decisión, tres magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas argumentaron que Mancuso fue un “sujeto material y funcionalmente incorporado a la Fuerza Pública” y tuvo “un papel determinante en el diseño, planeación y ejecución de patrones de macro criminalidad conjuntos” con las fuerzas de seguridad del Estado. Es por ello que decidieron considerarlo, no un tercero civil, sino un “agente del Estado de facto”.
Curiosamente, hace dos semanas el propio Mancuso apeló la decisión de la JEP de admitirlo. Lo hizo por estar en desacuerdo con la postura del tribunal especial de asumir solo parte de sus procesos penales y de que Justicia y Paz todavía lo juzgue por otros delitos, algo que reduciría el margen de maniobra de la JEP de otorgarle beneficios y podría crearle un riesgo de inseguridad jurídica (un punto en el que coincidió una de las magistradas de la JEP en un salvamento parcial de voto).
Los riesgos de sobrecarga de la JEP
La aceptación de Mancuso y los reclamos de Leyva de recibir a más jefes paramilitares han despertado preocupaciones del impacto que esto podría suponer para el trabajo de la JEP.
A hoy, la JEP aún no ha emitido ninguna sentencia condenatoria en los casos donde ya los victimarios ya están reconociendo su responsabilidad, ni ha detallado cómo serán sus sanciones. También le falta presentar imputaciones en tres de los siete macro-casos que abrió en 2018, incluyendo el de reclutamiento de menores contra las FARC, el del exterminio del partido político Unión Patriótica contra agentes estatales y el regional del Urabá contra ambos, así como en los cuatro que anunció más recientemente. El de violencia sexual fue apenas anunciado en septiembre de este año. A eso se suma que, la fiscalía de la JEP ha presentado solo dos acusaciones contra quienes no aceptan su responsabilidad y que esos juicios adversariales aún no han comenzado.
“La JEP debe concentrarse en esos casos (de donde saldrán verdades) en lugar de buscar verdades a través de la apertura de nuevos procesos”, advirtió el abogado penalista Yesid Reyes, quien fue ministro de Justicia durante la negociación del capítulo de justicia transicional con las FARC. Abrir la puerta a los paramilitares, argumenta, eleva la carga judicial y crea un riesgo para una JEP que “ya empieza a vislumbrar dificultades temporales para evacuar todos los asuntos que tiene pendientes”. Y que tiene un calendario de 10 años para presentar imputaciones y 15 para juzgarlas, de los cuales han transcurrido casi la mitad.
“Verdad total” y “paz total”
El riesgo de colapso de la JEP no es la única pregunta que dejan los ataques del Canciller a la justicia transicional y su defensa de la llegada de los paramilitares.
Surge también la pregunta de hasta qué punto tienen relación con la política de “paz total” del gobierno Petro, que abrió negociaciones simultáneas de paz con múltiples grupos armados, incluyendo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sectores disidentes de las FARC que se retiraron del proceso de paz de 2016 y grupos de crimen organizado como el Clan del Golfo. Hasta ahora el gobierno ha ofrecido pocas claridades sobre qué lógica penal aplicará a cada uno de esos grupos para lograr su desarme, incluyendo si busca que lleguen también a la JEP, si contempla los mismos beneficios penales y si los condicionaría a satisfacer los derechos de las víctimas. En últimas, cómo entroncaría con la JEP y el acuerdo de paz vigente.
Una paradoja más queda en el aire: ¿por qué Petro, tan recordado por sus agudos debates como congresista sobre el paramilitarismo y sus vínculos políticos, tiene hoy a un Canciller que defiende enconadamente a los jefes de esas estructuras armadas?
