La mañana del 2 de abril, 31 ex militares madrugaron para reunirse en la laguna de Chisacá, enclavada en lo alto de los Andes a 20 kilómetros de Bogotá. Frente a un grupo de víctimas de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, dos de las más pobres de la capital colombiana, dieron los primeros pasos simbólicos de una tarea que realizarán a partir de ahora durante varios meses y, algunos de ellos, años.
Gabriel de Jesús Rincón, un coronel retirado del Ejército imputado por crímenes de guerra y de lesa humanidad por la justicia transicional colombiana, se acuclilló y sostuvo un pequeño arbolito de un metro de altura. A su lado, el mayor retirado Gustavo Soto Bracamonte, también acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, paleó tierra al hoyo donde ahora crecerá. Juntos sembraron un ejemplar de salvio negro, un árbol nativo de hojas rugosas y perfumadas, pero también el germen de un proyecto de restauración ambiental con el que buscan redimirse por su responsabilidad en cientos de asesinatos. “Es un paso fundamental para poder mirar de frente a las personas a las cuales le causamos el dolor más grande de no poder ver a sus familiares y seres queridos”, dijo Rincón.
Primer piloto del “sistema restaurativo”
Desde mediados de marzo, ellos dos y otros 44 ex militares que participaron en la ejecución extrajudicial de al menos 6.402 civiles luego pasados falsamente por guerrilleros muertos en combate – un fenómeno criminal que los colombianos conocen con el eufemismo de los ‘falsos positivos’ – trabajan restaurando los bosques de alta montaña aledaños a Bogotá. Lo están haciendo en el marco del primer piloto con que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial del sistema de justicia transicional nacido del acuerdo de paz de 2016 con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), comenzó a esbozar por fin las sanciones que recibirán quienes cometieron atrocidades durante medio siglo de conflicto armado en Colombia.
Con la puesta en marcha de lo que llamó el “sistema restaurativo”, la JEP avanza - seis años tras abrir sus puertas y tres años tras su primera imputación - en despejar una de sus mayores incógnitas: ¿cómo serán sus sanciones ‘especiales’ o ‘alternativas’, que buscan un punto medio entre el enfoque tradicional punitivista de cárcel con la posibilidad de lograr la paz? Solo que por ahora el tribunal especial está haciendo casi todo el énfasis en el carácter reparador que deben tener esas sanciones, según el acuerdo de paz, pero casi nada en el componente retributivo que también deben cumplir.
Restaurar el bosque para resarcir
“¿Qué queremos con este proyecto? Resarcir su buen nombre mediante estos trabajos de restauración”, dijo el coronel Rincón, quien fue segundo al mando de la Brigada Móvil 15 que cometió 120 ejecuciones extrajudiciales, 24 desapariciones forzadas y un intento de asesinato en la región del Catatumbo. Su colega de siembra, el mayor Soto Bracamonte, fue integrante de la Brigada XVI en Casanare que asesinó a 303 personas. Ambos fueron imputados como máximos responsables de lo que la JEP llamó “aparatos criminales enquistados” en unidades militares.
Junto con ellos están trabajando desde mediados de marzo otros 10 máximos responsables, que también fueron imputados y comunicaron a la JEP su decisión de reconocer su responsabilidad, aportar verdad y reparar a las víctimas, condiciones ineludibles para calificar a una sanción especial. Los 34 restantes no han sido imputados: algunos podrían serlo en los meses que vienen, mientras los restantes probablemente serán considerados partícipes no determinantes de esos crímenes. El tribunal considera que todos están en “cumplimiento anticipado de sanciones”.
Sus tareas reparadoras consisten en sembrar árboles nativos de arrayán, garrocho o sauco, mantener viveros y controlar plantas invasivas como el retamo espinoso originario de Europa occidental y ampliamente extendido por las montañas colombianas. Lo están haciendo en terrenos propiedad de la empresa estatal de acueducto de Bogotá, con apoyo técnico del Jardín Botánico de la ciudad y la ong ambiental Fundación Natura. Su objetivo final es ayudar a que estos terrenos degradados recuperen su función ambiental dentro del estratégico corredor que une los páramos de Chingaza y Sumapaz, verdaderas fábricas de agua que abastecen a más de diez millones de personas (en momentos en que, irónicamente, Bogotá empezó a racionar el uso de agua por una prolongada sequía).
Un nuevo camino para que perpetradores reparen a víctimas
El de Rincón es un símil que retomó el magistrado Roberto Vidal, tercer presidente de la JEP en sus seis años de operaciones, al equiparar las sanciones especiales de la justicia transicional con el esfuerzo de recuperar un ecosistema y los servicios ambientales que provee. “Los biólogos entienden muy bien que restaurar el ambiente es un proceso delicado y complejo, de largo plazo, en el que hay que rehacer el suelo y las plantas. Pero no es solo un problema material, sino de reconstruir la relación del hombre con la naturaleza”, dijo.
De manera similar, argumentó Vidal, la JEP busca que su trabajo y sus sanciones reconstruyan las relaciones entre víctimas, perpetradores y comunidades locales. “Hasta ahora hemos trabajado en el país alrededor del juzgamiento e imposición de penas de cárcel, aislando a los perpetradores de la sociedad. Con estos proyectos intentamos un nuevo camino, en el que los comparecientes pueden trabajar aportando a la restauración de las víctimas y, entre todos, buscar un proceso de reconciliación”, dijo. Otro imputado, el general retirado Henry Torres Escalante, hizo eco de esa idea y prometió que “las segundas oportunidades a los infractores han resultado mucho más favorables para las víctimas porque minimizan el riesgo de revictimización”.
Además del de los bosques del Usme, hay otros dos “proyectos restaurativos exploratorios” concertados con las víctimas. En el Pacífico nariñense, donde la JEP imputó a 15 antiguos mandos regionales de las FARC, ex integrantes de esa guerrilla reconstruirán una casa de sabiduría y su camino de acceso en el resguardo Tortugaña Telembí, lugar de una masacre emblemática contra los indígenas awá. En el Urabá antioqueño, sede de uno de los tres macro casos originales de la JEP que tras cinco años de investigación aún no han visto una acusación, 18 ex guerrilleros y militares trabajarán juntos en una iniciativa de educación en el riesgo de minas antipersonal. En los meses venideros, pueden surgir proyectos en infraestructura, educación y búsqueda de personas desaparecidas.
Preguntas sin responder
Si bien el lanzamiento de los pilotos avanza una tarea pendiente desde hace seis años, tiene todavía un hueco notable: al concentrarse en la faceta reparadora de sus sanciones especiales, el tribunal especial está omitiendo la otra.
El acuerdo de paz firmado con las FARC ideó una fórmula innovadora que no se ha probado en ningún otro lugar, cuyo resultado es un sistema de doble vía que mezcla dos tipos de penas: el castigo y la reparación del daño. Cuando los perpetradores reconocen su responsabilidad, pueden optar a una sanción especial de 5 a 8 años en un entorno no penitenciario. En caso contrario, van a un juicio adversarial y se enfrentan penas de hasta 20 años de cárcel. Ese primer carril, si bien no contempla prisión, implica “restricciones efectivas de libertades y derechos”, incluyendo horarios claros, residencias específicas (unidades militares para soldados y áreas no mayores a los campamentos de reincorporación de 20 hectáreas donde los integrantes de las FARC dejaron las armas para éstos), permisos de traslado y un mecanismo de verificación liderado por la misión de ONU en Colombia.
Sin embargo, muchos detalles siguen siendo un misterio. ¿Qué tipo de entornos no carcelarios serán? ¿Qué hará el restante centenar de personas imputadas hasta ahora? ¿La misión de la ONU verificará a todos los sancionados o, como señaló en 2022, apenas unas “tendencias generales de cumplimiento y casos individuales concretos”? ¿Los que entraron en política, incluyendo dos actuales congresistas que han sido imputados, se verán obligados a abandonar sus cargos públicos una vez sean condenados o podrán seguir desempeñándolos? ¿Se les descontará algún tiempo anterior a sus penas? Esta última es una de las más sensibles porque, aunque el acuerdo lo permite siempre que hayan estado reparando a las víctimas y que su libertad estuviese efectivamente restringida, a hoy no existe un sistema para controlar quién ha cumplido y quién no, y la mayoría de ex guerrilleros ya no está en los campamentos de reincorporación sino que deambula libremente por el país.
En seis años, la JEP ha creado grupos de trabajo sobre sanciones y su anterior presidente Eduardo Cifuentes esbozó lo que llamó el ‘complejo restaurativo’, pero estas preguntas no encontraron respuesta. En el proyecto ambiental cerca de Bogotá, los comparecientes cumplen horarios y son transportados hasta el bosque donde trabajan, pero la JEP no ha dicho cuáles son las condiciones de restricción efectiva de la libertad que están cumpliendo.
Presión de las FARC
Esa reticencia de la JEP a definir el régimen de sanciones podría estar relacionada con la resistencia que todavía genera la idea en muchos de sus comparecientes. El 7 de febrero, los siete integrantes de la antigua cúpula de las FARC – conocida como su secretariado – enviaron una carta pública al presidente Gustavo Petro criticando que, a su juicio, la JEP estaba empeñada en “alejarse del espíritu y la letra de lo acordado” y que sus interpretaciones lo estaban llevando a “un terreno judicial punitivista”.
Entre sus quejas están el bajo ritmo de concesión de amnistías y de renuncia a la persecución penal de ex guerrilleros rasos, la “apertura interminable de macrocasos”, la imputación de antiguos mandos medios o que haya múltiples imputaciones a una persona (como le ocurrió al senador Pablo Catatumbo, doblemente imputado por secuestro y por el caso regional de Nariño). En su visión, esto “vulnera la seguridad jurídica” de los ex combatientes y mina su confianza en la justicia transicional, facilitando que muchos opten por retomar las armas. Esta última afirmación resultó muy controvertida y fue interpretada como una amenaza.
En una segunda carta dos semanas después, esta vez dirigida a los ex guerrilleros firmantes del acuerdo, los antiguos líderes de las FARC bajaron el tono a su advertencia y calificaron cualquier decisión de volver a la guerra como “equivocada”. Pero redoblaron sus críticas sobre el supuesto “descarrilamiento” de la JEP y en particular contra las sanciones, incluyendo el “no reconocimiento de los periodos de privación de la libertad” o el “irrespeto a las sanciones restaurativas”.
Una prueba de fuego de legitimidad política y pública
La legitimidad social a largo plazo del modelo transicional colombiano podría depender de que se cumpla el componente retributivo. De un lado, ha sido un punto contencioso en política. Aprovechando la ambigüedad de las sanciones y la realidad de que ex mandos de las FARC pudieran no pisar una cárcel, los sectores políticos opuestos al acuerdo de paz retrataron ese enfoque novedoso de rendición de cuentas como impunidad. Cuando el 50,2% de los colombianos rechazó el texto original en el plebiscito de 2016, lograron en la renegociación subsiguiente que el texto definitivo delineara mejor el aspecto retributivo. Dos de esos líderes políticos, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, ganaron las siguientes elecciones presidenciales en 2018, pero luego dejaron pasar sus cuatro años de gobierno sin casi insistir en definir los pendientes.
En la práctica, el gobierno Duque prefirió obstaculizar a la JEP y luego ignorarla, en vez de darse cuenta que - aunque el tribunal es la institución del Estado que fija las sanciones - depende del Gobierno nacional para establecer los espacios de restricción y quiénes los custodian (aspectos que en todo caso requieren presupuesto y una planeación de meses). Apenas en junio de 2022 sacó un documento de política pública, donde esbozó algunas líneas generales, pero - a mes y medio del cambio de gobierno - resultó poco y muy tardío.
De otro lado, una encuesta hecha por la politóloga Sandra Botero de la Universidad del Rosario cuando iniciaba la JEP sugiere que la evaluación de los colombianos sobre la justicia transicional varía según sus castigos. Botero preguntó a 1663 personas a nivel nacional en 2018 por la sanción hipotética del personaje ficticio Carlos Soto, con dos variaciones: a unos les planteó que se trataba de un ex guerrillero y a otros un soldado, a unos una pena carcelaria y a otros un arresto domiciliario con labores de desminado humanitario. Aunque muchas víctimas privilegian la reparación, su encuesta mostró que entre ciudadanos comunes el apoyo a la sanción restaurativa fue 0,26 puntos menor a la punitiva, en una escala de 1 a 6. No hubo diferencia entre el ex guerrillero y el soldado.
Cinco años y cuatro imputaciones de la JEP después, Juan Carlos Rodríguez Raga de la Universidad de los Andes retomó el mismo personaje y condujo un experimento similar. Hizo una única pregunta a 1.503 personas en 2023, sobre un soldado culpable de homicidio que recibía detención domiciliaria y desminaba. De nuevo, el enfoque punitivo primó: la mitad de los encuestados lo valoró negativamente y la tercera parte positivamente, con los restantes indiferentes.
“Sabemos que a la justicia transicional se la juzga por sus resultados y opera en un contexto de polarización, que la restauración es muy compleja y que el populismo punitivo es fácil de vender. De ahí lo esencial y urgente de una labor pedagógica sobre las sanciones de cara a la ciudadanía”, dice Botero, que acaba de editar el libro ‘Paz y opinión pública en Colombia’ sobre este tema.
La advertencia de la CPI
No sólo los colombianos han alertado a la JEP de esto. Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, estipuló en el ‘acuerdo de cooperación’ con el que cerró su investigación preliminar sobre Colombia a finales de 2021 que podría reversar su decisión si hubiese “cualquier cambio significativo en las circunstancias”. Entre los escenarios sobre los que advirtió está “la aplicación de sanciones penales efectivas y proporcionadas de naturaleza retributiva y reparadora”.
Es una decisión que le corresponderá fundamentalmente a los 20 magistrados de la sección de segunda instancia de la JEP, pendientes de emitir sentencias para la decena de imputaciones que ya presentaron sus colegas de la Sección de Reconocimiento. Las primeras tres, una de secuestro contra las FARC y dos por ejecuciones extrajudiciales contra militares, llevan más de dos años en sus despachos. La respuesta a esos dilemas que podrían parecer discusiones meramente jurídicas, así como la efectividad del trabajo de los perpetradores restaurando el bosque en Usme, tienen al final ramificaciones políticas que podrían afectar la legitimidad del modelo transicional colombiano.
