Hasta ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brazo judicial de la justicia transicional colombiana, se ha centrado sobre todo en investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército, acusando hasta ahora a un centenar de ex guerrilleros y ex militares.
En cambio, son pocos los civiles que financiaron o colaboraron con partes en el conflicto en llegar a la JEP. Hay al menos un político prominente y varios ciudadanos poco conocidos públicamente, pero ningún actor económico o empresarial de peso, pese a que también es parte de su mandato. Esto podría cambiar con el caso de Drummond, la mayor empresa minera hoy en el país y señalada desde hace una década de haber presuntamente financiado a los paramilitares. Dos de sus ejecutivos de cabecera, su actual presidente y su predecesor, fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación y deberán en el curso de los próximos meses decidir si deciden acogerse al tribunal especial o se defienden en un juicio ordinario.
El caso, además de ser posiblemente el único donde la JEP intente establecer la responsabilidad de importantes empresarios, es aún más interesante porque está avanzando en tres carriles distintos de manera simultánea: en la justicia transicional, en la ordinaria y en tribunales de Estados Unidos.
El controvertido legado de Drummond
Drummond es una empresa privada fundada hace casi un siglo en Estados Unidos, propiedad desde entonces de la familia de Alabama cuyo nombre lleva. De hecho, fue liderada durante cuatro décadas por uno de sus integrantes, Garry Drummond, hasta su muerte en 2016. Comenzó a extraer carbón en Colombia en 1995, en la mina La Loma Pribbenow ubicada en La Jagua de Ibirico, en el departamento caribeño de Cesar, en el norte del país. A esa mina le sumaría otras dos, El Descanso Norte en 2008 y El Corozo en 2021.
El carbón ha sido un negocio altamente rentable, tanto para la minera estadounidense como para el Estado colombiano. Solo en 2023 Drummond exportó 27 millones de toneladas de carbón, su sexto año liderando ese sector. Ese mismo año, la empresa asegura haber girado 17 millones de dólares al país en impuestos y regalías, aún operando en medio de las promesas del gobierno de abandonar la producción de uno de los combustibles fósiles más contaminantes.
Pero también ha sido una empresa controversial. En 2013 protagonizó uno de los mayores accidentes ambientales en la historia del país, cuando una barcaza sobrecargada arrojó 500 toneladas de carbón al mar para no hundirse en un episodio que causó indignación nacional. Cinco años atrás, había sido multada por un alto tribunal con 48 millones de dólares por no liquidar bien sus regalías.
“Confluencia entre grupos paramilitares y Drummond”
Lo que más ruido le ha generado, sin embargo, son las acusaciones de haber presuntamente facilitado la expansión del paramilitarismo en la zona carbonífera del Cesar, que dejó decenas de homicidios y desplazamientos forzados.
La reciente Comisión de Esclarecimiento de la Verdad afirmó en su informe final que “hubo una confluencia entre el aparato militar del Estado, la actuación de grupos paramilitares y la multinacional Drummond para ‘asegurar’ su proyecto extractivo”. La Comisión dio credibilidad a los testimonios de que la minera canalizó dinero a una estructura del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaba en la zona carbonífera mediante sobrecostos en los contratos de cafetería. Ese patrocinio, explicó, “no fue solo para neutralizar las acciones armadas contra sus activos, sino también para favorecer la ampliación de la explotación del carbón en la región”.
La Comisión también señaló a Drummond de haber comprado tierras abandonadas y despojadas a campesinos a precios irrisorios para expandir sus operaciones. En un caso de estudio sobre despojo en Cesar, dijo estar sorprendida por “la falta de la debida diligencia en materia de derechos humanos” de la empresa de Alabama al comprar las tierras del predio Mechoacán y subrayó que tenía “el deber de saber acerca de la violencia que se ensañó contra las familias parceleras (…) y, aun así, prosiguió con su adquisición”.
Drummond ha negado las acusaciones, diciendo que “no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen” y que “nunca ha financiado o prestado apoyo económico a estructuras criminales”.
Ejecutivos mineros a juicio
En diciembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación acusó a las figuras más visibles de su operación en Colombia del delito de concierto para delinquir, por presuntamente promover y financiar entre 1996 y 2001 al Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC.
Ambos han estado ligados a la empresa familiar de Alabama desde hace décadas: Augusto Jiménez fue su presidente entre 1989 y 2013, mientras José Miguel Linares lo sucedió en el cargo tras haber sido gerente legal y vicepresidente de asuntos corporativos. Según la Fiscalía, hay “abundante material de prueba” de que los dos directivos “habrían aumentado el valor de suministro de alimentos con una empresa proveedora para obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir obligaciones ilegales previamente adquiridas” con los paramilitares. Con estos pagos, dice la Fiscalía, “al parecer garantizaron la protección de sus bienes y ejercieron con libertad la operación minera de carbón”.
Tres años y medio después, el juicio contra ambos no ha iniciado aún, en parte porque el proceso se lleva por el sistema penal inquisitivo anterior al año 2000, que era mucho más lento en su etapa de instrucción. Tras una apelación, en mayo de 2023 otro fiscal dejó en firme la imputación contra ambos.
Ir a la JEP o no ir, esa es la cuestión
Esa acusación, sin embargo, abrió otro camino para los dos ejecutivos mineros: dado que el delito que se les imputó está relacionado con el conflicto armado de medio siglo, pueden acudir a la justicia transicional.
La razón es que el acuerdo de paz de 2016 con las FARC que la sustenta contempla la posibilidad de que la JEP investigue, juzgue y sancione a personas que tuvieron una “participación activa y determinante” en financiar o colaborar con quienes cometieron atrocidades. Sin embargo, la Corte Constitucional limitó luego el mandato de la JEP sobre estos llamados ‘terceros civiles’ y determinó que no podría emplazarlos, sino que serían ellos quienes deberían acudir voluntariamente, bajo las mismas condiciones e incentivos que otros actores. Esa sentencia limitó seriamente el rango de acción de la justicia transicional colombiana sobre los civiles, dando pie a lo que la ONG legal Dejusticia y la académica Sabine Michalowski llamaron su “competencia restringida”. Esa es la razón por la que solo un puñado de civiles ha llegado a la JEP, la mayoría de ellos ya con condenas en la justicia ordinaria. (La JEP no tiene competencia sobre empresas).
Ahí está justamente el dilema para los dos directivos de Drummond: pueden solicitar acogerse a la JEP y, en caso de que reconozcan su responsabilidad, aporten verdad y reparen a sus víctimas, recibir sentencias más leves de 5 a 8 años en un entorno no penitenciario. O pueden optar por quedarse en la justicia ordinaria, en cuyo caso deberán ser vencidos en un juicio que –contando una posible apelación- podría tomar hasta cinco años (aunque podría moverse con mayor celeridad con la nueva Fiscal General, Luz Adriana Camargo, de mayor independencia y experiencia en derecho penal que su antecesor).
El testigo estrella
Pese a que ni Linares ni Jiménez han solicitado entrar a la JEP, el caso Drummond se ha movido en la justicia transicional también. En noviembre de 2019, la JEP aceptó a Jaime Blanco Maya, quien fue el beneficiario del contrato de la cafetería de la mina de Drummond con su empresa Servicios y Alimentación Ltda que en 2013 fue condenado a 38 años de cárcel como autor intelectual del asesinato de dos líderes sindicales de la minera.
Según ese juez, paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez asesinaron en 2001 a Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, dos empleados de Drummond y directivos del sindicato Sintraminergética, tras conversarlo con Blanco Maya. “Se tiene claro que el verdadero interés en que se cometieran esos homicidios está en cabeza del señor Blanco Maya”, dice la sentencia, “no solo por sus pésimas relaciones con los dirigentes sindicales, sino porque resultaba evidente que, a través de esas muertes, pretendía terminar con la presión que ejercía el sindicado por el mejoramiento del servicio de suministro de alimentos”.
En un inicio, el caso lo veía un magistrado de su Sala de Definición de la Situación Jurídica de la JEP, dado que Blanco Maya es un tercero civil. Pero en agosto de 2002, fue incorporado a una investigación más amplia sobre crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles. Ese macro caso de la Sala de Reconocimiento, uno de los últimos cuatro que abrió la JEP y que incluyó Cesar entre sus regiones priorizadas, busca documentar tres patrones macrocriminales: crímenes motivados por una narrativa de lucha contrainsurgente, para favorecer intereses económicos particulares y con ánimo de cooptar la función pública local. La JEP también acreditó a Sintraminergética como víctima colectiva en ese macrocaso.
En octubre de 2021, la JEP concedió libertad condicional a Blanco Maya tras considerar que había aportado una verdad “detallada y exhaustiva” sobre los presuntos vínculos de Drummond con los paramilitares. Su relato, señaló, “supera el umbral de lo esclarecido en la justicia ordinaria”. Otro testigo, el ex paramilitar Jairo de Jesús Charris, condenado por ese mismo doble homicidio, dijo a la JEP que la empresa financió a ese grupo armado ilegal y que la orden “era acabar con el sindicato así fuera mandarlos a matar”. Salvatore Mancuso, el ex número dos de las AUC y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, también declaró desde la cárcel en Atlanta que se reunieron con el estadounidense James Lee Adkins, un ex agente de la CIA que fue jefe de seguridad de Drummond en los años noventa y cuya captura ordenó la Fiscalía en 2023.
Drummond contra Blanco Maya
Además de insistir en su inocencia, Drummond también ha cuestionado la evidencia contra la empresa y sus directivos. “Estas acusaciones no están sustentadas en pruebas creíbles y se basan, principalmente, en declaraciones falsas de delincuentes convictos, que recibieron pagos por su testimonio”, escribió después de quedar en firme la acusación de la Fiscalía General en 2023. En su visión, hay “un cartel de falsos testigos” promovido por abogados que han interpuesto tres acciones judiciales en Alabama contra la minera entre 2007 y 2013 que fueron desestimadas y no llegaron a juicio.
Ese enfrentamiento volvió a subir de tono hace un mes, cuando Blanco Maya testificó ante la JEP sobre vínculos entre militares, paramilitares y terceros civiles. Drummond dijo públicamente que el testimonio de su antiguo contratista “obedece al relato que fabricó para abogados estadounidenses (…) que promovieron demandas en contra de Drummond en Estados Unidos, quienes efectuaron cuantiosos pagos a su favor”. Según la minera, hay una “relación de causalidad existente” entre el relato de Blanco Maya y giros que atribuye al abogado estadounidense Terry Collingsworth por más de 120 mil dólares. La empresa estadounidense dice que le entregó a la JEP ocho paquetes con mil folios de evidencia a su favor y cuestionó que ésta le otorgase beneficios legales a Blanco Maya por lo que llamó “un relato mentiroso y acomodado”.
Entre tanto, las diligencias judiciales que ha hecho la JEP este año han estado marcadas por la zozobra. En febrero, una semana tras una audiencia en Valledupar del tribunal especial con víctimas, dos sindicalists recibieron mensajes de texto con amenazas y señalamientos de ser “guerrilleros camuflados de sindicalistas, campesinos y ONG”. Uno similar llegó a Maira Méndez, abogada de la ONG holandesa Pax for Peace que viene trabajando en el caso desde hace una década y ella misma hija de otro trabajador de Drummond sindicalizado que fue asesinado por los paramilitares. La minera rechazó las amenazas.
Un tercer carril en Estados Unidos
Mientras el caso avanza por vía doble en Colombia, también lleva más de una década en los estrados judiciales en el país de origen de la minera.
Por un lado, un tribunal de apelación revivió en 2016 parte del caso interpuesto por 45 víctimas de la zona del ferrocarril de transporte de carbón contra Drummond, con lo cual lo devolvió al juez de primera instancia que lo había desestimado y le ordenó reexaminarlo. A su vez, la empresa familiar de Alabama interpuso dos acciones civiles contra el abogado Collingsworth y su antiguo bufete legal Conrad & Scherer, una por difamación en 2011 y otra bajo la Ley RICO sobre Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajistas en 2015, argumentando que hubo una campaña criminal en su contra que incluyó pagos a testigos.
Esas dos contrademandas ocasionaron que el caso revivido contra Drummond quedara en un limbo mientras el Tribunal Federal del Distrito Norte de Alabama resuelve si ameritan ir a juicio. Una vez resueltas, esa misma corte deberá decidir si el caso original continúa hacia un juicio similar al que un grupo de víctimas colombianas acaba de ganar hace dos semanas en Florida a otra multinacional estadounidense, Chiquita Brands, por su responsabilidad en ocho asesinatos cometidos por las AUC. En ese caso, un jurado ordenó a la bananera, que ya había reconocido al Departamento de Justicia de Estados Unidos el pago de 1,7 millones de dólares a los paramilitares, pagar 38,3 millones de dólares a los familiares de ocho campesinos asesinados. Collingsworth fue uno de los abogados de los demandantes.
¿Qué nuevo puede aportar la JEP?
Al final, no es claro lo que puede salir del caso Drummond en la justicia transicional. Por un lado, podría establecer la responsabilidad penal de sus directivos, algo que hasta ahora no ha ocurrido en la justicia. “Hay esperanza de que éste sea nuestro caso icónico de responsabilidad corporativa, como el de los industrialistas en Núremberg. Existe la intención en la JEP de que no puede ser una justicia que solo investiga a los guerreros”, dice Camilo Sánchez, director de la clínica jurídica de derechos humanos de la Universidad de Virginia.
Por el otro, queda el interrogante de qué verdad nueva puede esclarecer la JEP, en un caso que ha sido ampliamente documentado por ONGs de derechos humanos como Pax for Peace y la Comisión Colombiana de Juristas (que entregaron un informe juntas a la JEP), entidades estatales como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la propia justicia transicional, incluyendo tanto el mecanismo transicional de Justicia y Paz para los paramilitares desmovilizados hace dos décadas como la reciente Comisión de la Verdad. “Necesitamos ampliar el entendimiento de las relaciones entre el sector económico y los actores armados, en vez de seguir enfocándonos en los casos que más reflectores han tenido históricamente”, dice Daniel Marín López, ex investigador de la Comisión de la Verdad y autor de varios estudios sobre responsabilidad corporativa en atrocidades.
Aún si se quedara en un foco más estrecho de una decisión sobre Blanco Maya, la JEP podría abrir un proceso de reparación simbólica con las víctimas de los paramilitares en la zona. “Sí existe la oportunidad de que un espacio de verdad y justicia restaurativa, que pueda ser incluso un modelo para el trabajo de la Jurisdicción”, dice Tatiana Devia, una abogada que formó parte del informe de la ONG estadounidense Corporate Accountabilty Lab a la JEP y ha trabajado con víctimas de Sintraminergética.
Todos para uno, uno para todos
Al final, es bien probable que los distintos carriles judiciales se junten. Si los directivos de Drummond eligen ir a la JEP, probablemente lo harían presionados por los hallazgos de la Fiscalía. Si en cambio optan por mantenerse en la justicia ordinaria, la inclusión de la JEP del caso minero dentro de uno más amplio de crímenes de agentes estatales en asocio con paramilitares o terceros civiles ayudaría a mantener alto el perfil público del juicio. En últimas, sin importar qué tanto cooperan las dos instituciones, si la justicia colombiana llega a determinar la presunta responsabilidad de la minera en la expansión del paramilitarismo sería un hito para ambas.
También lo sería para las organizaciones de víctimas, derechos humanos y legales que han documentado los crímenes cometidos por los paramilitares en Cesar y sus posibles vínculos con empresas mineras. Como plantea la abogada Laura Bernal Bermúdez, Colombia ha logrado judicializar y condenar a numerosos actores económicos por su complicidad en graves violaciones de derechos humanos debido a una mezcla entre la participación activa de la sociedad civil y un poder económico decreciente de esas empresas señaladas. “Si bien se necesita un aumento en el poder de las personas (mediante el apoyo de actores globales y contextos políticos favorables) para asegurar la judicialización y la reparación, estos resultados sólo son posibles cuando se enfrentan a un actor económico con un poder de veto debilitado”, escribió en su tesis de doctorado en la Universidad de Oxford.
Ver su marca cuestionada en la justicia transicional y otras dos jurisdicciones, sumado al hecho de ser una industria de salida en la transición energética global, podría ayudar a que un caso emblemático en Colombia pueda también terminar en un fallo histórico.
