La carta imprevista apareció el 3 de octubre pasado. El reconocimiento que contenía generó estupor en Colombia, siendo incluso recibido con incredulidad por los familiares de una de las víctimas. La confesión de las antiguas FARC - que, cuatro años después de firmar un acuerdo de paz con el gobierno, reivindicaron la responsabilidad de tres asesinatos políticos - subraya cómo finalmente están surgiendo fragmentos de verdad sobre algunos de los grandes misterios sin resolver del conflicto armado colombiano de 52 años.
También crea un gigantesco desafío para el sistema de justicia transicional colombiano, que se construyó sobre la idea de que varias instituciones judiciales y extrajudiciales deberían trabajar juntas de manera integral, para investigar las más graves atrocidades de una guerra de medio siglo y responder a las 9 millones de víctimas que hay en el país.
Hasta ahora, cada entidad ha trabajado por su cuenta. Sin embargo, la tarea de esclarecer estos tres magnicidios ya está evidenciando los puntos flacos de no hacerlo mano a mano.
Tres misterios sin resolver
Los tres casos que las FARC están reivindicando tardíamente son parte de al menos 274.139 homicidios ocurridos en Colombia en el marco del conflicto armado desde 1985, miles de los cuales están sumidos en la impunidad absoluta.
Álvaro Gómez Hurtado, el icono conservador que fue tres veces candidato presidencial y es considerado como uno de los arquitectos de la Constitución del 1991, fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda donde enseñaba. Fernando Landazábal Reyes, un general retirado del Ejército que fue Ministro de Defensa durante el gobierno de Belisario Betancur, fue asesinado tras salir de su casa en Bogotá el 12 de mayo de 1998. Y Jesús Antonio ‘Chucho’ Bejarano, economista y ex negociador de paz que jugó un papel clave en las exitosas negociaciones que condujeron al desarme de cuatro guerrillas (el M-19, el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame) a principios de los 90, fue asesinado el 15 de septiembre de 1999 en un corredor del edificio de contaduría de la Universidad Nacional.
Irónicamente, los tres habían dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre cómo lograr la paz cuando fueron asesinados. Gómez, conocido por su firme retórica anticorrupción, predicó durante años sobre la necesidad de llegar a ‘un acuerdo sobre lo fundamental’ para poner fin a la violencia sin sentido. Bejarano, quien también lideró los frustrados diálogos de paz con las Farc y el ELN en Caracas a principios de los años 90, estaba trabajando en un documento para el Ministerio de Defensa que contemplaba diversos escenarios de conflicto y negociación. El general Landazábal recién había publicado un libro llamado La hora de la reflexión, cuyo epílogo cierra con la frase “que en Colombia las campanas no doblen más por las almas de los muertos, que toquen a rebato por el advenimiento de la paz”.
“Se abre una ventana de esperanza de conocer la verdad, tras 21 años en que no avanzó un ápice. No hubo capturados, nada que nos permitiera decir que se había puesto el aparato investigativo al servicio de este caso”, dice Eduardo Bejarano, quien tenía 27 años cuando su padre fue asesinado. “Es una luz para encontrar una verdad que el Estado nunca estuvo interesado en averiguar”.
La deuda de larga data de la justicia penal
Los tres casos comparten otro rasgo: las investigaciones de sus asesinatos acumularon polvo en las repisas de las autoridades durante más de dos décadas.
Los familiares del general Landazábal cuentan que fueron contactados por la Fiscalía General de la Nación, a cargo de la investigación, sólo tres veces en 22 años. Pocos días después de su asesinato, dos investigadoras visitaron el hogar de la familia. “Nos dijeron que íbamos a tener mucho que ver con ellas, pero nunca volvimos a saber de ellas”, dice su hija Olga Landazábal, que incluso recuerda el carro blanco que conducían.
Dos años más tarde, fueron convocados al búnker de la Fiscalía, donde Olga cuenta que le pidieron revelarles bajo juramento quién había sido el responsable del asesinato de su padre. “Me sentí indignada, soy una víctima y vengo a que me cuenten ustedes”, recuerda haber respondido. Finalmente, hace una década un par de investigadores la citaron en una oficina en Paloquemao para notificarle que, si no sumaban nuevos elementos, el caso probablemente se archivaría. “Sentí que a mi papa lo querían borrar de la historia de este país. Es como si no hubiera existido”, dice Olga.
Eduardo Bejarano comparte una historia similar de frustración, citando frecuentes rotaciones de los investigadores y la ausencia de respuestas de varios fiscales generales. En 2016 habló sobre el caso con la entonces vicefiscal -y ex negociadora de paz- María Paulina Riveros, quien confirmó que el caso estaba estancado y le prometió reactivarlo. Ella renunció en 2019 detrás de su jefe, Néstor Humberto Martínez, y Eduardo dice que no ha tenido noticias desde entonces.
En medio de esta impotencia, ambas familias ven la carta de las FARC como una oportunidad para que surja la tan esperada verdad completa. Para ellas, en un país donde los opositores al acuerdo de paz con las Farc sostienen que la justicia transicional fue diseñada para proteger a los ex guerrilleros de cumplir penas carcelarias, dado que pueden recibir sanciones más leves si reconocen sus delitos, aportan verdad y reparan a las víctimas, a menudo se pasa por alto la deuda del sistema de justicia penal ordinario.
“Las Farc deben aclarar su razón para matarlo”
“A mí no me interesan los homenajes. El único homenaje moralmente aceptable para la memoria de mi papá es la verdad: una verdad sustentada en hechos y evidencias, no solo en una carta”, dice Bejarano, quien apoya el trabajo de la justicia transicional pero exige un mayor estándar de verdad a las Farc. Le preocupa sobre todo una entrevista en la que el ex comandante y hoy senador Carlos Antonio Lozada aportó detalles sobre los comandos encargados de los asesinatos de Gómez y Landazábal, pero argumentó que el padre de Bejarano fue asesinado por “otra estructura de la que no puedo aportar detalles”.
Esa verdad que falta se traduce en preguntas concretas a las que ambas familias buscan respuestas: quién dio la orden, cómo planificaron los crímenes y, sobre todo, por qué.
“¿Por qué era incómodo mi papá? ¿Porque decía unas verdades que resultaban incómodas para las Farc? ¿Porque tenían un proceso de paz (en el gobierno de Andrés Pastrana) hecho a la medida de sus objetivos estratégicos, que no tenía agenda ni metodología? La historia demostró que lo único que logró el Caguán fue el fortalecimiento militar y económico de las Farc. Mi papá advirtió las consecuencias de un proceso mal planeado”, dice Eduardo, un economista político que trabaja en la mejora de las condiciones laborales en cultivos de café y palma. Otras hipótesis sobre las que él quiere que la ex guerrilla responda son si le estaban cobrando a su padre su papel en la fallida negociación de paz durante el gobierno de César Gaviria o haber aceptado dirigir la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) que representa los intereses de los empresarios más poderosos del campo. “Lo que digan las Farc debe aclarar esa razón”, dice.
A la familia de Landazábal la desconcierta aún el hecho de que las Farc consideraran a su padre como una amenaza tanto tiempo después de que se hubiera retirado y alejado de la política. “La pregunta del millón es: ¿por qué lo mataron 15 años después y no cuando estaba dándoles garrote? ¿Por qué matarlo a los casi 76 años, cuando caminaba solo por la calle, en un momento en que no tenía mando de tropa, ni influencia social como la que tuvo años antes?”, pregunta su hijo Gustavo, cirujano gastrointestinal y miembro de la Academia Nacional de Medicina. “Que me expliquen por qué matar a alguien en ese momento, con una justificación real”.
A sus ojos, sería más comprensible que las Farc sintieran antipatía hacia él en los años 80, cuando era un general activo de tres soles y escribió 19 libros sobre estrategia militar y el conflicto armado, con títulos como La subversión y el conflicto social. Y aunque el general era conocido como un militar recio, era, según Gustavo, un lector consumado que apoyaba políticas públicas progresistas como la reforma agraria y consideraba que la justicia social era fundamental para lograr la paz en Colombia.
La JEP vs. la justicia ordinaria
La revelación de las Farc desencadenó una importante pregunta metodológica: ¿cómo investigar estos crímenes que, más allá de su autoría, parecen aislados?
Ese desafío recae en los hombros de la JEP, el brazo judicial de la justicia transicional cuya labor se centra en macrocasos que detallan patrones, crímenes representativos e identifican a sus responsables, en lugar de una lógica del caso a caso. Hasta ahora, dos de sus macrocasos se centran en la participación de las Farc en el secuestro y el reclutamiento de menores, mientras otro investiga las ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares y varios casos regionales documentan violaciones de derechos humanos cometidas por diversos actores.
La JEP ya llamó a dos miembros de las Farc –a su ex comandante en jefe Rodrigo Londoño y a Lozada- a versiones voluntarias preliminares. Sin embargo, aún no ha elegido la ruta para investigar estos crímenes, una decisión que deberán tomar pronto los magistrados de su Sala de Reconocimiento.
Aunque la JEP se negó a discutir sus deliberaciones internas sobre el tema, organizaciones como el Instituto para las Transiciones Integrales han sugerido posibles rutas y argumentan que los macrocasos no deben centrarse sólo en conductas reiteradas, sino que también pueden iluminar los objetivos militares de la guerrilla o sus modus operandi. Una opción podría ser un macrocaso centrado en acciones que buscaban desestabilizar la democracia, dado que las tres víctimas habían sido reconocidos funcionarios públicos.
Habría amplio material para respaldar esa elección: al menos 175 alcaldes, 543 concejales, 28 diputados, 16 congresistas y tres gobernadores fueron asesinados mientras ocupaban ejercían entre 1984 y 2014, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. No se sabe cuántos de ellos fueron asesinados por las Farc, pero es probable que sea un número significativo.
Decida lo que decida la JEP, seguramente recibirá críticas de algunas víctimas. La familia de Álvaro Gómez, que ha expresado varias veces no creer en la confesión de las Farc, interpuso una tutela contra el tribunal, alegando que les ha negado el acceso a la información que tiene. Como contó La Silla, el presidente Iván Duque -crítico frecuente de la justicia transicional y ex alumno de la universidad fundada por Gómez- pidió al fiscal Francisco Barbosa desentrañar esa investigación y la Fiscalía ya citó a los mismos dos ex jefes de las Farc a testificar, lo que podría provocar un choque de jurisdicciones. Miembros del Centro Democrático, como la senadora Paloma Valencia, están presionando para que el caso permanezca en la justicia ordinaria, argumentando que tiene más posibilidades de éxito que en la JEP - a pesar de sus escasos resultados hasta el momento.
Un asunto complica aún más las cosas: la familia de Gómez cree que el ex presidente Ernesto Samper y su ministro Horacio Serpa (quien murió la semana pasada) estuvieron detrás del asesinato. Su mayor preocupación es que una investigación de la JEP se centre solo en las Farc - que describieron a Gómez como “un objetivo militar y enemigo de clase” - y exonere a los rivales políticos que ellos creen fueron responsables. Ni el hijo de Gómez, Mauricio, ni su sobrino Enrique, que es el abogado de la familia, respondieron a nuestras solicitudes de entrevista.
Estar juntos, o no estarlo
En términos más generales, la investigación de estos tres magnicidios está poniendo a prueba la capacidad de trabajo conjunto de la JEP y la Comisión de la Verdad, las dos piedras angulares de la justicia transicional.
Hasta ahora, han respondido a la sorpresiva confesión de las Farc por separado. La JEP decidió hacer pública la confesión de la ex guerrilla incluso antes de hablar con los familiares de las víctimas y agarró a la Comisión por sorpresa, según tres personas con conocimiento de los hechos. Cada entidad concibió su propia respuesta: la JEP convocó a sus primeros comparecientes, mientras que la Comisión organizó con la Universidad Nacional un acto público de contrición en el que Lozada pidió perdón a los familiares de Bejarano. El hecho de que los abogados de las Farc hayan comunicado a la JEP su decisión de reconocer estos asesinatos con un día de anticipación y que dieran a entender que la prensa ya lo sabía dificultó las cosas aún más.
El objetivo de tener mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales unidos en un sistema integral era que la JEP -que tiene un mandato de 15 años- pudiera investigar y procesar formalmente, mientras que la Comisión -que termina este mes el segundo de sus tres años de mandato- incentiva un proceso de búsqueda de la verdad que no acarree consecuencias legales para quienes aporten información. Esto aseguraría que las víctimas no tengan que compartir su historia repetidamente y permitiría que la justicia transicional responda de manera más metódica a cualquier hecho sorpresivo, como la repentina admisión de las Farc. Pero esto implica coordinación.
“Para poder responder en la mayor medida posible a las víctimas, dándole sentido a un pasado de tanto dolor y en un escenario en donde hay altísimas demandas de la sociedad, pero se cuenta con recursos y tiempo limitados, la integralidad del Sistema es fundamental. El escenario judicial es insuficiente por sí solo, como lo son también el extrajudicial o la reparación administrativa. La única opción es que trabajen juntos”, dice Mariana Casij, investigadora del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT).
La falta de coordinación ya ha dejado varios errores. La JEP se enfrentó con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas por quién debería exhumar los restos de varias víctimas de falsos positivos encontradas en un cementerio de Dabeiba, así como con la Unidad de Víctimas por ordenar medidas de reparación colectiva. En una línea similar, la Comisión de la Verdad ha organizado audiencias sobre hechos bajo investigación de la JEP, como una conversación con Ingrid Betancourt sobre el secuestro, de la que los investigadores del tribunal se enteraron por medios. Estos impases subrayan que el comité de coordinación del sistema de justicia transicional no está funcionando correctamente.
Aún así, las familias de Landazábal y Bejarano tienen expectativas sobre lo que la justicia transicional puede encontrar, tras años de incertidumbre. “Para nosotros es difícil hablar de cosas que no hemos escuchado. “Queremos que las Farc expliquen y satisfagan nuestras dudas, para entender qué sucedió y por qué”, dice Gustavo Landazábal. “Me siento en la necesidad moral de oírlos, aunque soy escéptica de que vayan a revelar la verdad completa”, dice su hermana Olga. “Esperemos, porque esto no sucede en un par de semanas. Tendrán que aportar su evidencia y la JEP tendrá que rigurosamente evaluarla”, dice Eduardo Bejarano.
La confesión de las Farc la semana pasada de haber sido los autores de dos atentados contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, incluyendo la carta bomba que le cercenó dos dedos en 2003, muestra que tal vez está comenzando una cascada de reconocimientos. Queda la pregunta de si las instituciones de la justicia transicional los abordarán trabajando en llave, para dar largamente esperadas respuestas a millones de víctimas – o por separado.
