“Es la primera vez, tal vez en la historia, en que un grupo armado hace la paz, entrega las armas, se somete a una jurisdicción y dentro de esta jurisdicción, a través de sus propias versiones, también contribuye a la verdad”, dijo el presidente del tribunal Eduardo Cifuentes.
Tres años después de abrir sus puertas y tras dos y medio de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial derivado del acuerdo de paz colombiano de 2016, dio a conocer su primera acusación y describió los secuestros llevados a cabo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como “crímenes de guerra” y “crímenes de lesa humanidad”. A pesar de lo trascendental de la ocasión, la sala de audiencias estaba casi completamente vacía, debido a que Colombia está atravesando una segunda ola grave de la pandemia de Covid-19.
“Esta calificación jurídica es el máximo reproche que este tribunal puede hacer y responde a las más graves violaciones del principio de humanidad”, señaló la magistrada Julieta Lemaitre, que dirigió la investigación, durante la audiencia transmitida en directo. Los acusados, ocho ex comandantes de las extintas FARC tienen ahora 30 días para escoger qué camino tomar en el sistema de dos carriles de la justicia transicional colombiana. Si aceptan las conclusiones del tribunal y reconocen su responsabilidad, además de contribuir con la verdad y reparar personalmente a las víctimas, pueden recibir condenas de entre 5 y 8 años en un entorno no carcelario. Si las rechazan, su caso pasaría a un sistema acusatorio y, de ser declarados culpables, enfrentarían penas de 15 a 20 años de prisión.
El primer caso de la JEP
Este ‘Caso 01’ es uno de los primeros siete macrocasos abiertos por el brazo judicial de la justicia transicional y uno de dos que se centran específicamente en los hechos de las FARC. Es altamente simbólico porque los secuestros fueron durante años la práctica más infame de esa guerrilla, con imágenes aterradoras de prisioneros enjaulados y encadenados en medio de la selva capturando la atención de los medios en todo el mundo y cosechando el repudio de todos los sectores de la sociedad colombiana.
A lo largo de dos años, la JEP documentó la situación de 2.528 víctimas que ahora están acreditadas como partes en el caso, entre las que se encuentran personas que fueron secuestradas por las FARC hasta por 14 años y sus familiares. También usó 17 informes presentados por diferentes partes, incluyendo diez de víctimas y organizaciones civiles, cuatro de la Fiscalía, dos del Centro Nacional de Memoria Histórica y uno de la Policía. Al menos dos de ellos provenían de organizaciones que se han mostrado muy escépticas con el acuerdo de paz y la justicia transicional.
La JEP también habló largamente con los acusados. En largas audiencias confidenciales y testimonios escritos, al menos 283 ex guerrilleros -incluidos 26 ex integrantes del Estado Mayor Central de las FARC- respondieron a las preguntas del tribunal sobre los secuestros. Horas de videos y cientos de páginas en transcripciones fueron luego enviadas, según contó Justice Info, a las víctimas para que pudieran confrontar los relatos de sus captores. En total, 908 víctimas presentaron observaciones y preguntas.
Tres formas de secuestro
Después de estudiar todo este material, la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP estableció en un documento de 322 páginas que los secuestros de las FARC entre 1990 y 2012 se pueden dividir en tres grandes categorías o políticas criminales, cada una de ellas impulsada por una motivación diferente.
En primer lugar, la guerrilla secuestró a cientos de personas con el objetivo de obtener un rescate por ellas, en lo que se convirtió rápidamente en una de sus principales fuentes de financiación. Aunque las FARC hablaban de identificar a los “enemigos del pueblo” que tenían dinero y que, por tanto, eran “objetivos financieros”, en la práctica acabaron secuestrando a decenas de civiles sin importar su edad, su situación económica o incluso si ya habían pagado. Era, concluyó el tribunal, “una política que convertía a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana, sino en el valor de intercambio por el dinero que tenían y que podían reportar a la organización armada”.
En segundo lugar, las FARC mantuvieron a cientos de personas -especialmente soldados, policías y políticos- como rehenes, en un intento de presionar al gobierno colombiano para que los canjeara por guerrilleros encarcelados. Por último, en las regiones donde pretendían reafirmar un control social y territorial, las FARC secuestraron a cientos de civiles y funcionarios públicos. Lo hicieron para castigar a quienes consideraban informantes, atemorizar a las comunidades, impedir que los funcionarios públicos cumplieran con sus funciones (como registrar la información estadística para el censo poblacional) y obligar a los locales a realizar tareas como transportar alimentos, prestar atención médica o construir carreteras.
En su auto, la JEP identifica ejemplos concretos de secuestros realizados por cada uno de los bloques -o estructuras militares- de las FARC en cada una de esas tres categorías. Esta información es la base de su argumento de que las tres políticas de secuestro - por dinero, por intercambio humano y por control territorial - fueron “sistemáticas” y “generalizadas”.
Tratos degradantes para todos
Como parte del proceso en la JEP, los ex guerrilleros de las FARC han comenzado a admitir su responsabilidad y a expresar su arrepentimiento. Pero, como contó Justice Info en este reportaje, a las víctimas se ha dolido que sus captores no han reconocido los tratos degradantes que les infligieron y los años de largo sufrimiento que padecieron sus familias en su ausencia.
El informe del tribunal dedica un espacio significativo a su situación física y emocional durante el cautiverio. Entre otros patrones de comportamiento, la JEP documenta cómo las víctimas fueron insultadas y humilladas de forma rutinaria, encadenadas durante años, obligadas a realizar marchas forzadas a pesar de sus problemas médicos o limitaciones físicas, se les impidió tener cualquier tipo de intimidad, se les negó la atención médica e incluso fueron sometidas a simulacros de fusilamiento.
El tribunal destacó que no sólo los civiles fueron sometidos a estos tratos degradantes, sino también los soldados y policías. Esto significa que los miembros del Ejército, aunque no sean considerados estrictamente como prisioneros de guerra según el DIH, ya que el conflicto armado de Colombia no era internacional, fueron considerados por la JEP como víctimas de crímenes de guerra también.
Aunque los ex comandantes de las FARC afirmaron que las víctimas solían recibir un buen trato, el tribunal compartió la visión de las víctimas y argumenta que no hay comunicaciones internas que demuestren que hubiesen preguntado por el estado de los cautivos. “La orden de buen trato concernía solo a la preservación de la vida biológica del cautivo y no de su dignidad humana”, concluyó la JEP. En opinión del tribunal, existe una necesidad sentida entre las víctimas de ver a sus antiguos captores reconocer la intensidad de su sufrimiento, así como el desgaste emocional a largo plazo para ellos y sus familiares. El secuestro fue, en palabras de la JEP, “una situación límite que pone en crisis todas las facetas de la vida”.
El esfuerzo de investigación de la JEP permite comprender mejor el perfil de las víctimas. Tras contrastar seis bases de datos diferentes, determinó que al menos 21.396 personas fueron secuestradas por las FARC a lo largo de dos décadas, con el número más alto de plagios ocurriendo durante las fallidas negociaciones de paz entre el ex presidente Andrés Pastrana y las FARC entre 1998 y 2002.
Una de sus revelaciones más llamativas es el número de secuestros que tuvieron un final trágico: al menos 627 víctimas (el 2,9% del total) fueron asesinadas y otras 1.860 (el 8,7%) siguen estando desaparecidas. De ahí la decisión de la JEP de ordenar a los ex comandantes de las FARC que proporcionen información a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que -junto con el tribunal y la Comisión de la Verdad- constituye el sistema de justicia transicional.
Dos grandes dilemas
La JEP se enfrentó a dos grandes dilemas en este caso: qué cargos penales presentar contra las FARC y a quién acusar, dado que el modelo de justicia transicional colombiano busca procesar al menos a los máximos responsables de los delitos más graves.
Al final, sus magistrados optaron por dividir la acusación en dos etapas. En esta primera decisión formulan cargos contra las ocho personas que formaban parte del Secretariado de las FARC, su máximo círculo de poder, entre ellos el ex comandante en jefe Rodrigo Londoño, los ex negociadores de paz Pastor Alape, Jaime Parra, Joaquín Gómez y Rodrigo Granda y los actuales congresistas Julián Gallo y Pablo Catatumbo. Uno de ellos, Bertulfo Álvarez, murió de cáncer el día anterior al anuncio del tribunal.
En su decisión, la JEP atribuye la responsabilidad de mando a la cúpula de las FARC. El tribunal llegó a esta conclusión tras revisar cientos de documentos internos e interrogar a antiguos combatientes, estableciendo que la cúpula de esta guerrilla jerárquica se ocupaba de aprobar las fuentes de ingresos e instruir a sus estructuras militares sobre cómo identificar a los posibles objetivos. También determinó que los comandantes estaban en constante comunicación con sus subordinados y que no aportaron ninguna prueba de que alguien fuera disciplinado internamente por someter a los secuestrados a un trato degradante.
“Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”
Por todo ello, la JEP les acusó del crimen de guerra de ‘toma de rehenes’ y del crimen de lesa humanidad de ‘encarcelación u otra privación grave de la libertad’, así como de asesinato, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos. También aclaró que, según la legislación colombiana, eran responsables de ‘secuestro extorsivo’ y ‘secuestro simple’.
“No hubo errores, hubo crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad”, dijo el presidente del tribunal, Cifuentes.
La JEP tomó otra decisión importante: cambió el nombre del caso por el de "toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad". Al hacerlo, abandonó el término "retenciones" que históricamente utilizaban las FARC y que las víctimas detestaban, ya que consideraban que socavaba su dignidad y justificaba a sus captores.
A lo largo de este año, la JEP anunciará decisiones similares detallando las acciones de cada uno de los bloques de la guerrilla, centrándose en las funciones y responsabilidades de los comandantes regionales y sus subordinados. El razonamiento detrás de esto fue que, como contó Justice Info, esos son los ex guerrilleros que tienen más conocimiento de las verdades concretas que las víctimas quieren escuchar.
El dilema de los líderes de las FARC
¿Cuáles serán las sanciones contra los líderes de las FARC señalados en la acusación de la JEP? La respuesta a esta pregunta depende de si aceptan o no los cargos del tribunal. Dado que son los primeros en enfrentar al tribunal hasta ahora, su decisión también es una prueba importante para el innovador modelo de justicia transicional colombiano, que busca un equilibrio entre la retribución y la reparación.
En este sistema de dos carriles, los ex comandantes de las FARC pueden recibir una sentencia más leve si -y sólo si- cumplen tres condiciones: deben reconocer su responsabilidad, contar a los supervivientes del secuestro las verdades que aún anhelan y repararles personalmente. Aceptar la acusación de la JEP sería un primer paso para optar a una sanción especial de 5 a 8 años en un entorno no penitenciario, que probablemente se decidiría este año. Si la rechazan, el caso se remitirá a la unidad de acusación del tribunal e irían a juicio. De ser condenados, enfrentarían penas de entre 15 y 20 años en cárcel.
La idea detrás de este incentivo es que las personas puedan reconocer su rol, lo que permite a la JEP documentar sus casos más rápidamente que en un sistema acusatorio. A su vez, esto ayudaría a evitar que el tribunal colapse debido al enorme legado de atrocidades que debe procesar en un país donde 9 millones de personas -de una población de 48 millones- están oficialmente registradas como víctimas. Se espera una decisión similar en breve sobre un segundo caso, relativo a las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros del Ejército colombiano.
Todavía quedan muchas preguntas por responder, como por ejemplo, cómo serán las penas -algo que, según ha contado Justice Info, la JEP aún debe concretar- y si los dos legisladores de las FARC acusados podrán seguir ejerciendo su cargo en el Congreso. Y también si los siete ex comandantes acusados podrían aceptar algunos cargos y rechazar otros, lo que significa que el mismo caso podría terminar moviéndose en ambos carriles, simultáneamente.
“Un gravísimo error”
Los ex miembros de las FARC han guardado hasta ahora silencio sobre el contenido del auto de determinación de conductas de la JEP, señalando que lo están estudiando con sus abogados y subrayando que siguen considerando el secuestro como “un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”. Mientras tanto, parecen estar prestando más atención a las demandas de las víctimas. Hace una semana, el partido político que crearon anunció que cambiaba de nombre, abandonando las siglas de las FARC que las víctimas resentían profundamente y adoptando el nuevo de Partido de los Comunes.
El gobierno del presidente Iván Duque, crítico tanto del acuerdo de paz como del sistema de justicia transicional, ha guardado silencio sobre una decisión que contradice su narrativa de que la JEP no presentaría cargos graves contra los rebeldes de las FARC. Sin embargo, está centrando sus críticas en la posibilidad de que reciban penas no privativas de libertad. “Lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas y que no traigan la revictimización de quienes fueron flagelados porque quienes cometieron esos crímenes no tengan esa sanción”, dijo Duque, quien subrayó que una acusación de cometer crímenes de lesa humanidad no debería ser compatible con un cargo político.
Muchas víctimas reconocen la decisión como un paso importante, pero siguen pendientes de la respuesta de las FARC. “Leer cómo la JEP tipificó las conductas, leer en el auto toda la complejidad de estos crímenes y sus consecuencias legales, significa para mí una garantía de que no vamos hacia un esquema ni de amnistía, ni de impunidad”, dijo Ingrid Betancourt, una ex congresista que fue secuestrada durante su campaña presidencial en 2002 y que permaneció secuestrada durante seis años.
Dentro de cuatro semanas, se sabrá si los ex comandantes de las FARC reconocen estos crímenes.
