En las últimas dos semanas, la política colombiana ha girado en torno a la cifra 6.402. Este es el número de civiles que fueron asesinados por militares entre 2002 y 2008 y que luego fueron pasados ilegalmente por guerrilleros muertos en combate, una tragedia que ha consternado a los colombianos desde hace más de una década y que se conoce eufemísticamente como "falsos positivos".
Es también uno de los principales hallazgos anunciados el 18 de febrero por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial derivado del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como parte del plan de priorización de su macro-caso sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado.
En un documento de 38 páginas, el tribunal esbozó los pasos que dará para armar su caso en los próximos meses e identificar a los máximos responsables de las órdenes y políticas que permitieron estos crímenes dentro de las fuerzas militares encargadas de proteger a sus compatriotas. Se trata de otro avance crucial, después de que la JEP presentara su primera acusación importante a finales de enero, estableciendo en un macro-caso separado que -como contó Justice Info- los secuestros cometidos por la guerrilla de las FARC equivalen a "crímenes de guerra" y "crímenes de lesa humanidad".
Sin embargo, esta vez surgió un problema: el número 6.402 desencadenó una tormenta política que subraya varios de los duros dilemas políticos y jurídicos a los que se enfrenta la JEP en su primera gran investigación contra actores implicados en el conflicto armado colombiano de 52 años distintos a los ex guerrilleros de las FARC que dejaron las armas.
INVESTIGACIONES ASCENDENTES
Aunque este anuncio de la JEP ha suscitado casi tanta atención mediática como el anterior, su naturaleza es muy diferente. La decisión relativa a los secuestros fue una acusación, lo que significa que los antiguos jefes de las FARC tienen que decidir ahora si aceptan o rechazan los cargos. Dependiendo de su respuesta, se enfrentan a sanciones más benévolas o a un juicio adversarial con penas de prisión.
En esta decisión más reciente, la Sala de Reconocimiento de la JEP estableció sus criterios para con armar el caso y explicó públicamente -por primera vez- en qué regiones y unidades militares específicas se enfocará para develar el patrón criminal más amplio. De acuerdo con este enfoque que denominaron "de abajo hacia arriba", los magistrados presentarán primero acusaciones en seis subcasos y las utilizarán para recabar información sobre los patrones de conducta, las normas y la cultura institucionales que permitieron que se produjeran esos delitos.
Eso significa que, después de presentar cargos contra oficiales con mando a nivel regional, la JEP presentará su caso contra los máximos responsables de la cúpula, incluyendo potencialmente a quienes estuvieron en posiciones de liderazgo de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa durante esos años.
Este método de investigación contrasta con el caso del secuestro, que se construyó al revés. En su escrito de acusación de enero, la JEP formuló cargos contra 8 ex comandantes de las FARC -uno de ellos ya fallecido- y luego abrirá subcasos en los que se detallarán los delitos cometidos por los comandantes locales de las diferentes estructuras regionales de la guerrilla.
NO HAY UNA ORDEN EXPLÍCITA POR ESCRITO
Hay varias razones para esta diferencia. Como contó Justice Info, el tribunal pudo reconstruir cómo la cúpula de la guerrilla, fuertemente jerarquizada, se encargó personalmente de aprobar el secuestro de civiles como fuente de ingresos. También hay una realidad más pragmática: 13.060 guerrilleros dejaron las armas y están obligados por el acuerdo de paz a comparecer ante el sistema de justicia transicional, incluyendo a la JEP y la Comisión de la Verdad. Asumir su responsabilidad, decir la verdad y reparar a las víctimas son condiciones para que las sanciones sean más benévolas.
Los falsos positivos, sin embargo, no obedecieron necesariamente a una orden explícita por escrito, sino que fueron el resultado de normas e incentivos perversos como conteos de bajas y premios. Decenas de soldados de bajo rango con sentencias o investigaciones en la justicia ordinaria han empezado a confesar su papel en las ejecuciones extrajudiciales y a contar a los jueces de la JEP lo que saben. Muchos están ahora en libertad condicional después de haber estado detenidos durante 5 años, otro beneficio directo de colaborar con la justicia transicional.
Esta es la información que el tribunal está utilizando para construir su caso desde abajo, dado que muchos oficiales de mayor rango -que también se han presentado ante la JEP- han sido menos comunicativos. En total, el tribunal ha entrevistado a fondo a 320 oficiales, desde generales hasta suboficiales.
LOS CASOS EMBLEMÁTICOS
El mosaico de casos regionales priorizados por la JEP -cuyas acusaciones se esperan en los próximos meses- da una idea de hacia dónde se dirige la investigación. Una de las investigaciones se centra en Antioquia, el segundo departamento más poblado del país y donde tuvo lugar una cuarta parte de todos los crímenes, e investigará las ejecuciones llevadas a cabo por oficiales de seis batallones militares. Uno de ellos, el Batallón Pedro Nel Ospina, incluso ganó un concurso de bajas en combate a pesar de ser una unidad no combativa especializada en infraestructuras.
Una segunda se centrará en el Batallón La Popa, que opera en el Caribe, considerado una "unidad militar representativa" por su aumento de ejecuciones entre 2002 y 2005, a pesar de que no era una zona del país donde abundaban los rebeldes. Aunque es uno de los 200 batallones que operaban en todo el país en ese momento, concentra el 9% de todos los oficiales que se presentan ante la JEP. Otro, centrado en la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, arrojará luz sobre dos patrones de comportamiento: cómo los agentes del Estado reclutaban a víctimas involuntarias de otras partes del país, engañándolas con falsas ofertas de trabajo para que viajaran allí, y cómo deliberadamente se dirigían a personas vulnerables con enfermedades mentales o consumo problemático de drogas.
Al mismo tiempo, el tribunal redujo los plazos en los que concentrará su investigación: entre 2002 y 2008, coincidiendo con los años de mayor número de muertes.
Las organizaciones de derechos humanos celebraron el plan de priorización, pero siguen presionando a la JEP para que empiece a subir los peldaños de la escala jerárquica hacia los niveles de decisión. "Creemos que también deberían tener en cuenta la trayectoria de ciertos funcionarios a lo largo del tiempo y de la geografía, porque adonde iban estas personas el número de casos se disparaba. El traslado de este comportamiento puede ayudar a fundamentar la investigación en las responsabilidades penales individuales", dice Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a víctimas.
UN PICO EN 2007 Y UN DESCENSO ESPECTACULAR
Después de dos años de investigación y de verificar caso por caso cinco bases de datos diferentes, la JEP se sintió también lo suficientemente segura como para ofrecer una foto preliminar del problema.
En su análisis cuantitativo destacan varias cosas. Las muertes presentadas ilegalmente como bajas en combate se remontan a 1982, aunque -como muestra claramente la curva de todas las fuentes primarias- el 78% de ellas se concentra entre 2000 y 2008. Su pico más alto fue en 2007, con 1.624 muertes declaradas. A partir de entonces, las cifras descienden drásticamente, aunque se siguen registrando víctimas hasta al menos 2014.
Sin embargo, fueron las 6.402 víctimas entre 2002 y 2008 -cada una de ellas identificada por nombre, lugar y fecha- las que capturaron la atención de los colombianos (en parte porque es la única cifra consolidada que ofrece el documento de la JEP, en el que sorprendentemente falta el total absoluto).
Ahí entra también la política, ya que este periodo coincide con el mandato del ex presidente Álvaro Uribe, el más poderoso crítico de la JEP y padrino político del actual presidente Iván Duque, que también ha intentado frenar su labor. Uribe, bajo cuyo mandato los falsos positivos aumentaron y disminuyeron, no es mencionado en el documento, pero todo el mundo en Colombia entiende que la investigación se centra en su administración, aunque la JEP tiene prohibido procesar a ex presidentes. (El caso toca otros nervios políticos, ya que tanto la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como el sucesor de Uribe convertido en su archirrival, Juan Manuel Santos, fueron sus ministros de Defensa durante partes de ese periodo).
Pero colocar a una figura tan abrumadora en el centro del escenario conlleva su propio riesgo. "Pido que presenten pruebas por cada uno de los 6.000 casos de falsos positivos", desafió Uribe a la JEP, a pesar de que la estrategia de macrocasos del tribunal significa que no perseguirá cada delito individualmente sino que explicará una política criminal a través de ejemplos ilustrativos. Su anterior decisión, por ejemplo, utilizó unos 200 casos de secuestro para demostrar que la política de las FARC era generalizada y sistemática.
"FUERON HECHOS REALES Y NO CASOS AISLADOS O RAROS"
Uribe y su partido también cuestionan que la JEP escuche a organizaciones de derechos humanos y de víctimas como las de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), a la que el ex presidente calificó como de "marcada orientación política y enemigas declaradas del gobierno que presidí". En su visión, el tribunal sólo debería considerar a las instituciones oficiales del Estado como fuentes legítimas de información, algo que no han planteado en el caso del secuestro contra las FARC.
“Hace parte del patrón de acusaciones injustas a defensores de derechos humanos por su labor. Todas las fuentes son legítimas y verdaderas, tanto las oficiales como las de la sociedad civil, sin contar que en el mandato de la justicia transicional está justamente escuchar a las víctimas”, dice Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una de las ONG de derechos humanos más antiguas del país. De hecho, a pesar de la acusación de Uribe de parcialidad ideológica, la CCJ también representa a las víctimas del secuestro en el caso contra la ex guerrilla marxista.
Irónicamente, cuatro de las cinco fuentes son instituciones estatales y sus bases de datos reflejan la misma curva ascendente durante su administración. La Fiscalía General de la Nación -dirigida hoy por uno de los amigos más cercanos y principales asesores del presidente Duque- afirma que el 59,3% de estas ejecuciones ocurrieron entre 2006 y 2008.
Del otro lado, las víctimas han suspirado con alivio, pues la cifra respalda sus históricas denuncias y excluye la idea de que unas pocas manzanas podridas fueron las responsables. "Obviamente, no es para alegrarnos el ver estas cifras. Pero en cierta medida fue bueno porque de alguna manera se está demostrando que sí fueron hechos reales, que no era como se decía en un comienzo cuando decían que se trataba de hechos aislados", dijo en una entrevista Jacqueline Castillo, cuyo hermano Jaime desapareció en 2008 y fue encontrado dos meses después en una fosa común a 635 kilómetros de su ciudad natal.
Su organización, Madres de Falsos Positivos, está utilizando el grito de guerra "¿Quién dio la orden?", que muchos en el campo de Uribe interpretan como una presión para perseguirlo legalmente a él y a su círculo político. El viernes pasado inauguraron un gigantesco mural en Bogotá con la pregunta y los rostros en grafiti de los comandantes de las Fuerzas Armadas de las últimas dos décadas.
¿IMPORTAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS?
A medida que la JEP comienza a desplegar sus acusaciones regionales y a establecer si estos crímenes fueron sistemáticos, se cierne otra pregunta que la JEP ha evitado hasta ahora: ¿debería el tribunal tener en cuenta también las transformaciones y los cambios institucionales que lograron reducir los falsos positivos después de 2007?
En su plan de priorización, la JEP destaca una disminución significativa después de ese año, señalando la caída del 92% entre 2007 y 2009. Esto es significativo porque el gobierno de Uribe se enteró de lo que estaba ocurriendo -y tomó medidas correctivas- antes de que se destapara el escándalo (y a pesar de que cientos de madres habían estado buscando a sus familiares desaparecidos).
Durante este periodo de dos años, se produjeron varios cambios importantes. En primer lugar, el Ministerio de Defensa redactó el primer manual de derecho operacional de Colombia, en el que se detallaban las normas de combate, y revisó los incentivos, eliminando el conteo de cuerpos y favoreciendo las desmovilizaciones y las detenciones en lugar de las muertes. También creó la primera política de derechos humanos y derecho internacional humanitario para las fuerzas armadas, que incorporó asesores jurídicos operativos para aconsejar a los comandantes durante la planificación de las operaciones militares, con el fin de garantizar la salvaguarda de los derechos humanos. Se incorporaron investigadores civiles de policía judicial para procesar adecuadamente las zonas de combate como escenarios de crímenes. Se retiraron decenas de funcionarios y se trasladaron cientos de casos de la justicia militar a la ordinaria.
Tener en cuenta estas reformas -que en retrospectiva podrían haber salvado legalmente a Uribe- podría permitir a la JEP ofrecer una imagen más matizada y compleja de lo ocurrido. También podrían ayudar al tribunal a entender qué funcionarios fueron los más responsables, quiénes sabían qué, cuándo y qué hicieron -o no- con esta información.
JusticeInfo preguntó a la JEP sobre estos temas, pero su director de prensa, Hernando Salazar, respondió que "por el momento no será posible" poner a disposición de la justicia una entrevista, sin ofrecer ningún plazo. "Tendremos que esperar un poco. No sé cuánto tiempo", dijo.
UN CASO QUE SUBRAYA UN PAÍS POLÍTICAMENTE DIVIDIDO
Las reacciones a la primera decisión de la JEP sobre las ejecuciones extrajudiciales están mostrando que ninguna de estas acusaciones probablemente será recibida con el mismo alivio y consenso que los cargos de secuestro presentados contra las FARC.
Mientras un amplio sector político trata de posicionar la narrativa de que la investigación del tribunal equivale a una cacería de brujas, otro posiblemente se sentirá insatisfecho si el caso sólo presenta cargos contra funcionarios de mediano rango y ningún político. Tal vez, a diferencia del caso anterior, este subraya aún más un país políticamente dividido que todavía prefiere visiones blancas o negras de su pasado reciente.
Por ahora, el esquema metodológico de la JEP sugiere que los falsos positivos fueron un delito generalizado, marcando la primera casilla para calificarlos legalmente como un crimen de lesa humanidad. Como dice Juan Carlos Ospina, "lo importante es que la JEP reconoce la magnitud del fenómeno".
