Hace dos semanas, el ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón desató una tormenta política, tras acusar a la mayoría de integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia de tener "afinidad ideológica o nexos con grupos armados", sin ofrecer ninguna prueba. Su insinuación de que los miembros de la Comisión están en connivencia con los grupos ilegales suscitó una gran indignación, que no disminuyó ni siquiera después de que se reuniera con el presidente de la Comisión, el padre Francisco de Roux, y de que escribiera una carta abierta reafirmando su afirmación.
En muchos sentidos, Pinzón -que dirige un think tank creado por prominentes líderes empresariales- es un crítico improbable. Trabajó durante 12 años con el ex presidente Juan Manuel Santos, que firmó el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que creó la Comisión, como su jefe de gabinete, ministro de Defensa y embajador en Washington. Desde que se presentó como candidato presidencial en 2018, se distanció de su mentor, asegurando incluso que había votado secretamente por el "No" en el plebiscito de 2016 sobre el acuerdo, después de haber hecho campaña a favor del mismo.
Su acusación sin fundamento, sin embargo, ocultó una crítica más significativa: Pinzón también aventuró que los miembros de la Comisión tienen un sesgo político de izquierda -"alineadas con una de las partes que aspira a que su versión de los hechos se convierta en la verdad única", en sus palabras- y sugirió que las tres instituciones del sistema de justicia transicional de Colombia deberían añadir nuevos miembros para ampliar su credibilidad. Esta percepción subraya uno de los retos más acuciantes de la Comisión: aún debe ganarse la confianza de sectores de la sociedad colombiana que se han mostrado escépticos con su labor, como los empresarios, los políticos conservadores, las figuras religiosas y los militares. Si bien ha logrado avances con la mayoría, ha tenido notables dificultades con el sector privado.
LOS EMPRESARIOS, EL PUNTO CIEGO DE LA COMISIÓN
Aunque la mayoría de los líderes empresariales y los grupos comerciales de la industria rehúyen de la retórica de Pinzón, en privado muchos de ellos comparten su percepción de un sesgo político en la Comisión. Un tuit de 2017 de la comisionada Lucía González, en el que celebraba que las FARC hubieran creado su partido político y afirmaba que compartía sus principios, resucitó y encendió aún más las cosas.
Es un problema que tenían desde el principio. El proceso de selección pública de la Comisión -dirigido por un antiguo y un actual relator especial de la ONU- dio como resultado un grupo diverso de comisionados, entre los que se encuentran una líder comunitaria afrocolombiana, una abogada indígena, un mayor retirado del Ejército, una periodista de investigación, una directora de museos, una investigadora feminista, un experto en salud pública y un psicólogo cuyo trabajo se ha centrado en las víctimas. Al frente está el Padre de Roux, un sacerdote jesuita con un doctorado en economía que dirigió un exitoso experimento regional de construcción de paz.
Su formación, más orientada al trabajo sobre el terreno que a la investigación académica, ha sido adecuada para un enfoque centrado en las víctimas para buscar la verdad sobre cómo afectó un conflicto armado de 52 años a los 20 grupos de población señalados en el mandato de la Comisión. Pero no lo ha conseguido hasta ahora con tres de los grupos priorizados: agricultores, ganaderos y empresarios. La distancia ha sido mutua: ningún comisionado tiene experiencia en el sector privado y tampoco se presentó ningún dirigente empresarial importante a la convocatoria pública de selección.
La oportunidad de acortar esa distancia surgió cuando la Comisión eligió a un nuevo comisionado este abril, tras el fallecimiento del escritor Alfredo Molano a finales de 2019. Sin embargo, una vez más no se presentó ningún candidato con experiencia en el sector privado y se eligió a Alejandro Castillejo, un antropólogo que trabajó en la Comisión de la Verdad de Perú y que estudió la transición sudafricana.
Los empresarios subrayan que miles de ellos fueron víctimas de extorsiones, secuestros o asesinatos, mientras que cientos de empresas fueron saqueadas, obligadas a cerrar o simplemente operaban en regiones donde no había presencia del Estado, una realidad que consideran que los colombianos no han reconocido. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos denuncian que empresas y empresarios financiaron o asesoraron voluntariamente a grupos armados como los paramilitares, algo que el sector privado se ha resistido a admitir a pesar de que al menos uno -el gigante estadounidense exportador de bananas Chiquita- se declaró culpable de pagarles sobornos. También existen numerosas zonas grises, como la distinción entre extorsión y financiación del terrorismo.
Sin conversaciones francas sobre estas cuestiones, será difícil que surja una narrativa más compleja sobre el sector privado durante el conflicto.
TÍMIDOS ESFUERZOS DE ACERCAMIENTO
La Comisión ha tratado de compensar esta limitación de varias maneras. Invitó a Henry Éder, jefe de un importante ingenio de azúcar e hijo de una de las primeras víctimas de secuestro y asesinato de las FARC, como uno de los oradores durante su inauguración en noviembre de 2018. Incluyó a David Bojanini, hasta hace poco director general de la mayor compañía de seguros de Colombia y una voz cívica ampliamente respetada, en su consejo asesor. Tanto él como Gonzalo Restrepo, otro antiguo gerente de gran empresa que formó parte del equipo negociador de paz, han facilitado reuniones con destacados líderes del sector privado.
En general, la comisión ha confiado en su presidente, el padre de Roux, para hablar con los empresarios, dada su experiencia pasada de reunir a personas diversas para encontrar un terreno común en asuntos espinosos. Por ejemplo, en el pasado ayudó a crear un grupo de 12 personas -entre las que se encontraban un ex ministro de minería, un ex gerente minero, un científico ambiental y líderes afrocolombianos e indígenas- que elaboró una propuesta de hoja de ruta para la política pública nacional sobre minería.
La Comisión ha celebrado decenas de reuniones privadas con dirigentes del sector privado y ha publicado una cartilla específicamente dirigida a ellos, en donde explica la naturaleza de su trabajo, que combinará un informe exhaustivo y audiencias públicas que buscan una catarsis colectiva sobre las atrocidades del pasado. Pero, justo cuando acaba de llegar al punto medio de su mandato de tres años, los avances han sido tímidos en el mejor de los casos y la confianza entre ambos brilla por su ausencia.
Los diferentes esfuerzos de divulgación se han topado con varios inconvenientes. En general, la Comisión ha priorizado el acercamiento a los gremios del sector como forma de acceder a los empresarios individuales, pero esas reuniones han sido a menudo torpes y usualmente han involucrado a los directores de responsabilidad social o vicepresidentes en lugar de sus jefes. “No hablemos de no repetición, porque es como si yo hubiera hecho algo malo” o “Necesitamos garantías” son líneas comunes en ellas.
DESCONFIANZA MUTUA Y POCO INTERÉS
Las reuniones han sido aún más tensas cuando los abogados han estado presentes. A menudo han preguntado a los funcionarios de la Comisión si hay información incriminatoria contra sus clientes y han mencionado acuerdos de confidencialidad como precondiciones. "Cuando mandan de primero a los abogados, ya perdiste la oportunidad de tener una conversación de sustancia”, dice un observador externo que ha intentado ayudar a salvar esa brecha y que pidió proteger su nombre para discutir el tema con franqueza.
La mayoría de los esfuerzos no han tenido éxito. Varias personas con conocimiento directo del problema afirman que la decisión de la Comisión de canalizar los esfuerzos a través de los gremios fue un error, ya que éstos suelen adoptar posturas defensivas para proteger los intereses de sus miembros, mientras que otros afirman que la falta de coordinación interna también ha jugado en contra. Una empresa grande se quejó de que dos comisarios llamaron a su puerta por separado con mensajes diferentes. Un ejecutivo que asistió a una audiencia pública sobre el alarmante aumento de la violencia contra los defensores de los derechos humanos, que la Comisión convocó para sensibilizar a la población, se mostró inicialmente preocupado por el hecho de que su invitación como "testigo" significaba que estaba siendo citado formalmente.
Ante esta desconfianza mutua, varias organizaciones cívicas y empresariales empezaron a debatir cómo ayudar a la comisión y al sector privado a acercarse. A su grupo de trabajo informal se unió rápidamente la ANDI, la asociación empresarial más poderosa de Colombia, y luego la propia Comisión. Incluso se reunieron con Leigh Payne, una respetada académica de Oxford quien ha trabajado mucho el tema. Pero tras un año de discusiones, su único avance fue un protocolo metodológico que no se ha traducido en una relación más fluida.
“Hablar con la Comisión del tema de empresarios ha sido muy difícil y hablar con los empresarios de la Comisión ha sido igualmente difícil. Pero incluso ese documento procedimental hubiera podido fructificar si las voluntades estuvieran alineadas”, dice otra persona que ha tratado de actuar, en sus palabras, como ‘traductora simultánea’ entre ambos.
Al final, la Comisión ha tenido más éxito a la hora de llegar a los pequeños empresarios y ganaderos de las zonas rurales, que no se sienten tan identificados con los gremios nacionales y que están más preocupados por la reconciliación a nivel local.
DESCONFIANZA EN LOS INFORMES DE LAS ONG
En total, la Comisión ha recibido 204 informes y ha hablado con 17.475 personas. Pero la mayoría de los empresarios temen que la Comisión sea más cercana a las ONG de derechos humanos y de víctimas, muchas de las cuales han señalado empresas en el pasado. Su percepción se ve reforzada por el hecho de que la mayoría de investigadores de la Comisión viene de la academia o de organizaciones sociales.
La Comisión ha insistido en que todos los informes que recibe son confidenciales, no representan su punto de vista y serán corroborados y verificados exhaustivamente. Pero algunas ONG han publicado sus informes de todos modos. En mayo, varios empresarios expresaron su consternación después de que un periódico publicara detalles de un informe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo sobre las empresas y el conflicto, justo después de presentarlo.
Varias organizaciones han tratado de persuadir a los empresarios de que los informes de las ONG y las voces de las víctimas en las regiones, muchas de ellas críticas de muchos actores del sector privado, inevitablemente llegarán a la Comisión – y que ellos deberían centrarse en aportar su visión de los hechos, en lugar de rehuirle.
Una investigación de la Fundación Ideas para la Paz, el principal centro de estudios de Colombia sobre temas de paz y seguridad, concluyó tras analizar 56 informes de ONG nacionales e internacionales de la década anterior, que al menos 81 empresas, principalmente del sector agroindustrial y del extractivo, habían sido mencionadas en relación con violaciones de los derechos humanos, laborales y ambientales en relación con el conflicto. Esta realidad justifica, argumentaron, que las empresas y los grupos industriales vean la importancia de hablar con la Comisión.
Los líderes empresariales siguen temiendo que las ONG de derechos humanos puedan desempeñar un papel más influyente que el de simples proveedores de información. Un acuerdo firmado entre la Comisión y la ONG holandesa Pax Colombia para que ésta le preste apoyo técnico y financiero es vista por algunos ejecutivos como una señal de sesgo, dado que esta última fue autora de un informe muy crítico que vincula a dos empresas de carbón con los paramilitares.
“En un reto como el que tiene la Comisión de engendrar un diálogo entre opuestos, algo que parte de crear confianza para luego construir consensos, tener como aliado a una organización activista como Pax levanta más alarmas que lo que calma”, dice un antiguo ejecutivo del sector minero.
LA JUSTICIA ES LO QUE MÁS TEMEN LAS EMPRESAS
No era la verdad lo que originalmente preocupaba al sector privado, sino la justicia. La mayoría de sus debates sobre la justicia transicional se centraban en su brazo judicial, la JEP, y las posibles consecuencias de ser convocados como ‘terceros civiles’ que financiaron o colaboraron con grupos armados, coinciden dos personas que han discutido estos temas con ellos. Esos temores se desvanecieron cuando la Corte Constitucional decidió que el tribunal no podría obligar a los civiles a comparecer, pero les permitió hacerlo voluntariamente.
Una vez disipado ese miedo, algunos empezaron a preocuparse por la búsqueda de la verdad de la Comisión, algo que antes casi ni les había importado. No tienen ningún incentivo para asistir, pero sí dos temores: el riesgo para su reputación y posibles consecuencias jurídicas en el futuro, a pesar de que la información compilada por la Comisión no puede utilizarse en los tribunales. “Son como venados asustadizos. Siquiera sugerir que alguien puede poner en tela de juicio su reputación los aterra y si hay algo que los espanta, es la justicia transicional”, dice una persona que ha trabajado con ellos.
La polarización también avivó el temor a una caza de brujas. Una campaña de desinformación en vísperas del plebiscito de paz de 2016 , que sostenía que la JEP tendría jurisdicción para investigar la responsabilidad de 57 empresas mencionadas en Justicia y Paz hace más de una década, sigue siendo mencionada en los círculos empresariales a pesar de haber sido probada como falsa, según dos fuentes.
Varios asesores informales también han presionado a la Comisión para que adopte una visión más compleja y matizada sobre el sector privado. “He visto que la conversación pasara de cómo hacemos que reconozcan a cómo lograr que quede la visión de todos los sectores sobre lo que pasó en Colombia. Eso incluye a unos actores que tendrán que reconocer cosas”, dice uno de ellos.
Uno de los resultados de esos diálogos ha sido la decisión de la Comisión de promover una línea de investigación sobre buenas prácticas de diversos actores para prevenir y mitigar las violaciones de los derechos humanos, como parte de su mandato -el primero en el mundo para comisiones de la verdad- de documentar también las transformaciones positivas. Esto podría dar a muchas empresas y ejecutivos la oportunidad de visibilizar otro tipo de vivencias.
UN INFORME ENCARGADO - Y LUEGO ARCHIVADO
Al menos un grupo industrial importante, la ANDI, decidió que los líderes empresariales también recoger su experiencia en el conflicto, en parte después de que un grupo de industriales guatemaltecos le aconsejaran jugar un papel activo en la transición y asegurarse que su voz no quedara fuera del informe final de la Comisión.
En 2017, encargaron a Jorge Giraldo Ramírez, Gloria Isabel Ocampo y Gustavo Duncan, tres investigadores de la Universidad Eafit cuyo trabajo académico es respetado en todo el espectro político, que documentaran la experiencia del sector privado en un período de 30 años. La universidad anunció que sus resultados se publicarían en forma de libro y que Usaid había aportado la financiación.
Entonces ocurrió algo extraño. Después de que los investigadores presentaron su trabajo a la ANDI en 2018, el informe sigue sin salir. Una fuente le dijo a La Silla que su junta directiva bloqueó su publicación y entrega a la Comisión. Uno de los autores declinó discutir el tema.
Tres personas con conocimiento del informe atribuyen su engavetada a las tensiones entre los empresarios sobre el Acuerdo de Paz que aún persisten. “Quieren que ande el carro de la Comisión, pero con el freno de mano puesto”, dice un antiguo ejecutivo del sector petrolero. “El empresariado sigue muy fracturado: una parte sigue apoyando el Acuerdo, otra se opone a él y una tercera va con la corriente más fuerte, que era la paz pero que ahora [que Iván Duque, crítico del acuerdo, es presidente] parece que es con el ‘no’. Al final, opera la vieja tradición de enfilar con el Gobierno”, dice otro observador.
LOS PRODUCTORES DE PALMA DE ACEITE: UN AÑO DE PRÓLOGO PARA HABLAR
La Comisión sigue en diálogos con varios gremios, aunque el progreso ha sido muy lento. Desde mediados de 2019, se viene reuniendo con Fedepalma para discutir cómo escuchar las experiencias de los palmicultores. Han llegado a acuerdos preliminares sobre cómo podrían ser esos espacios de escucha, incluyendo un informe, un acto público para escuchar sus testimonios y reuniones privadas para conversar con los comisionados.
En marzo las conversaciones se interrumpieron súbitamente. Después de que varias ONG presentaron un informe sobre el despojo de tierras en los Llanos e incluyeran una foto de un cultivo de palma en su afiche, donde aparecía el logo de la Comisión de la Verdad como patrocinador, Fedepalma le envió una carta severa.
Fue necesaria una carta de Pacho de Roux, que fue bien recibida por el gremio, para tranquilizarlos, pero el impasse retrasó sus discusiones varios meses. En todo caso, la Comisión no ha hablado aún con su presidente Jens Mesa –quien no respondió a nuestras preguntas- y cualquier decisión debe pasar por la junta del gremio.
Los palmicultores son uno de los cinco sectores económicos que la Comisión decidió priorizar recientemente. También ha avanzado en diálogos preliminares con el gremio bananero Augura. Con los ganaderos no han avanzado más allá de una reunión inicial en 2019 en la que Las conversaciones con Fedegan, que agrupa a los ganaderos, no han avanzado más allá de una primera reunión en 2019 en la que su presidente, José Félix Lafaurie -crítico acérrimo de la Comisión-, les entregó sus dos informes publicados sobre cómo los afiliados soportaron secuestros, extorsiones y robos de ganado por parte de grupos como las FARC durante décadas. Ninguno de sus presidentes respondió a las preguntas de Justice Info.
Por último, las embajadas de Suiza, Suecia y los Países Bajos han intentado facilitar diálogos con empresas de varios sectores, incluyendo las mineras, pero sus buenos oficios no han tenido mucho éxito hasta ahora dado que, como dice un observador, “los diplomáticos solo pueden hacer tanto”.
Dos importantes voces empresariales se han acercado a la Comisión en los últimos días. La petrolera estatal Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, y la Asociación Colombiana del Petróleo participaron el 30 de julio de 2020 en la presentación de un informe realizado por la Fundación Ideas para la Paz en el que se detalla cómo se vio afectado su sector durante el conflicto, incluyendo un recuento de los 1.563 atentados sólo contra el oleoducto Caño Limón - Coveñas entre 1985 y este año. Según el informe, hubo más de 3.600 ataques a la infraestructura petrolera durante el conflicto armado.
Estos retrasos significan que el reloj corre en contra de la Comisión, cuyo mandato termina en noviembre de 2021. Pero también para los empresarios, si hacen caso al consejo de que si ellos no hablan, otros lo harán en su lugar. Que unos y otros puedan encontrar un terreno común ayudará a determinar qué posibilidades tiene el sistema de justicia transicional de fomentar la reconciliación entre los colombianos.
