Denis Mukwege, el ginecólogo congoleño que ganó el Premio Nobel de la Paz el año pasado por su trabajo en defensa de las víctimas de la violencia sexual, pasó cuatro días en Colombia a mediados de agosto hablando con congresistas, magistrados de la justicia transicional, comisionados de la verdad y mujeres víctimas del conflicto armado colombiano de 52 años de duración.
No tuvo oportunidad de reunirse con los líderes del gobierno colombiano. Aunque el presidente Iván Duque se excusó porque estaba inaugurando un gran túnel en las afueras de Bogotá y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también adujo una apretada agenda, la anécdota parece subrayar una realidad: la violencia sexual se ha convertido en el último saco de boxeo en la pugna política por el acuerdo de paz de 2016 con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Como en muchos países, la violencia sexual ha sido una de las atrocidades más invisibles en Colombia. Ahora hay indicios de una creciente conciencia pública. Mientras que 8,8 millones de personas -una quinta parte de la población total- han sido reconocidas oficialmente como víctimas del conflicto, sólo 28.641 han acudido a denunciar la violencia sexual, según el Registro Único de Víctimas nacional. Sin embargo, hace cinco años, cuando se iniciaron las discusiones sobre justicia transicional durante las conversaciones de paz de La Habana con las FARC, solo se habían registrado 5.997 víctimas de violencia sexual. Esto significa que el número de personas que denuncian estos casos se quintuplicó, mientras que el número total de víctimas creció un 25%.
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL ALZAN SU VOZ
“Ha habido una fortaleza de volver a surgir desde las cenizas. Las víctimas estamos levantando la voz y nos estamos juntando para tener el reconocimiento de esta sociedad”, dice Yolanda Perea, una afrocolombiana de 35 años y trenzas con los colores de la bandera colombiana, quien fue violada por un guerrillero de las Farc cuando era una niña de 11 años en Riosucio, en el departamento Chocó. Unos meses después, su madre fue asesinada cuando le reclamó a la guerrilla por esa violación.
A pesar del sufrimiento, las víctimas se han hecho oír y se han empoderado. Al menos 10 de los 124 informes presentados por organizaciones y personas a la Jurisdicción Especial para la Paz -o JEP, como se conoce localmente- se centran en la violencia sexual. Solo uno de ellos, que Perea ayudó a recopilar, enumera 2.000 episodios.
Muchos casos nuevos están saliendo a la luz, no solo en relación con las FARC. Vera Grabe, ex senadora y candidata a la vicepresidencia que fue integrante de la guerrilla del M-19 que firmó un acuerdo de paz en 1990, reveló en una carta a la Comisión de la Verdad hace dos meses que fue agredida sexualmente por militares durante su detención a principios de los años ochenta. La JEP también informa de haber recibido testimonios de víctimas que no están registradas y que ni siquiera han contado a sus familias.
Otro resultado de esta nueva visibilidad es el inquietante monumento público dedicado a las víctimas del conflicto e inaugurado a finales del año pasado en Bogotá. Fue concebido por la reconocida artista colombiana Doris Salcedo, en colaboración con 20 sobrevivientes de abusos sexuales que cincelaron un suelo ondulado con toneladas de chatarra metálica que provenía de las armas dejadas por las FARC.
Voces críticas del Acuerdo también han ganado notoriedad y especialmente la Corporación Rosa Blanca, un grupo de 50 mujeres ex combatientes de esa guerrilla que fueron abusadas sexualmente por sus jefes y que hoy exigen penas más severas contra ellos.
Dado el récord cada vez mejor documentado de cómo las Farc fueron responsables de abusos sexuales, esterilizaciones forzadas y abortos forzados, la discusión se metió en el corazón del debate político.
EL PARTIDO DE DUQUE APUNTA A LA JEP
Tras elegir al ex senador Iván Duque como presidente en 2018, su partido Centro Democrático apuesta por continuar con el éxito de su campaña a partir de su oposición al acuerdo de paz con las FARC. Ahora se apoya en un tema que solo empezó a utilizar tras la firma del acuerdo.
El interés del partido del ex presidente Álvaro Uribe comenzó en 2017, cuando sus congresistas respaldaron una modificación a la ley estatutaria de la JEP para que los responsables de violencia sexual no tuvieran sanciones con beneficios.
La Corte Constitucional la tumbó, argumentando que el espíritu de la idea podía ser loable, pero causaba grandes problemas jurídicos y dificultaba la satisfacción de los derechos de las víctimas. "La posibilidad de imponer sanciones del Código Penal ordinario y prohibir la aplicación de beneficios para este delito implica, sin embargo, un quebrantamiento de las normas de transición muy grave, pues elimina todo estímulo para la contribución a la verdad y porque establece divisiones entre las víctimas de los delitos más graves", afirmó el máximo tribunal del país.
Ya con Duque de presidente, su partido lideró una iniciativa para excluir la violencia sexual contra menores de la JEP. El proyecto, liderado por un legislador cuyo padre militar pide a la JEP que revise su condena por una masacre, no logró el apoyo de otros partidos en un Congreso donde el Centro Democrático no tiene mayoría.
NUEVA LEGISLACIÓN
Tras esta derrota, el Gobierno presentó dos reformas constitucionales que ya no intentan modificar el acuerdo, sino cerrar puertas hacia delante.
Una es la ley que prohíbe que la violencia sexual, el narcotráfico y el secuestro sean considerados como conexos al delito político, con lo que una persona responsable de ella no podrá terminar con amnistía o indulto en una negociación de paz futura (el Acuerdo prohíbe que la violencia sexual sea considerada como un delito conexo en la JEP).
El otro es un proyecto para prohibir que la violencia sexual contra niños pueda ser competencia de cualquier justicia transicional o tenga sanciones alternativas. Respaldado por congresistas en favor del acuerdo, ya pasó la mitad de los debates y tiene buenas probabilidades de ser aprobado.
Ninguna de ellas se aplica de forma retroactiva, lo que significa que no permiten a Duque cumplir las expectativas de su electorado de modificar el acuerdo de paz y ser duro con la delincuencia. Con las elecciones locales de alcaldes y gobernadores previstas para octubre, el Presidente y su partido apoyan ahora una reforma constitucional que introduciría la cadena perpetua para la violencia sexual contra los niños. Tiene pocas posibilidades de prosperar dado que la Constitución colombiana prohíbe la cadena perpetua, lo que probablemente explique por qué esta semana Duque empezó a contemplar públicamente una segunda opción de levantar la prescripción de este delito.
Estas eran preocupaciones que Duque y el Centro Democrático nunca plantearon durante las conversaciones de paz. Tras el fallido plebiscito de octubre de 2016 y la consiguiente renegociación con los opositores del acuerdo, un segundo y definitivo acuerdo de paz incluyó muchos de los cambios y aclaraciones significativas que plantearon. Ni Duque, que fue uno de los que renegociaron el acuerdo de paz en nombre del "No", ni su partido propusieron modificación alguna respecto a la violencia sexual.
A medida que aumenta la indignación pública por la violencia sexual, uno de sus mensajes clave ahora de Duque y su partido es que la JEP no podrá hacer justicia a las víctimas de un delito que se ha convertido rápidamente en algo casi tan emblemático como el secuestro, que fue durante años la práctica más infame de las FARC.
