El 1 de octubre, la Corte Constitucional colombiana votó por unanimidad la prórroga del mandato de la Comisión de la Verdad. Esto significa que la institución del sistema de justicia transicional del país encargada de la búsqueda de la verdad no cerrará sus puertas a finales de noviembre, como se preveía inicialmente, sino a mediados de 2022.
El máximo tribunal de Colombia concedió a la Comisión una prórroga de siete meses, más otros dos meses para la divulgación de su informe final, después de que tres organizaciones de víctimas y dos centros de estudios jurídicos presentaran una demanda en junio argumentando que la pandemia de Covid-19 había impedido a la Comisión satisfacer los derechos de las víctimas. La estricta cuarentena del país, una de las más prolongados del mundo, obligó a la Comisión a cancelar todos los actos y entrevistas en persona durante medio año e hizo que la participación en línea fuera imposible o insegura para miles de víctimas, argumentaron.
“La Sala encuentra demostrado que la afectación al cumplimiento del mandato de la Comisión por efecto de la pandemia, y las medidas adoptadas para su contención, fue extraordinaria, intensa y grave”, concluyeron los magistrados. Su decisión da a la Comisión un balón de oxígeno muy necesario para completar el trabajo de su informe final, pero también pone de manifiesto su dilema de cómo invertir este tiempo extra para garantizar que su trabajo realmente permita avanzar hacia la reconciliación y la coexistencia en un país todavía dividido.
Temporada electoral evitada
El fallo del tribunal tiene un efecto político importante: garantiza que el informe final de la Comisión sobre los 52 años de conflicto armado en Colombia no será publicado este año. Más aún, evitará que se convierta en un saco de boxeo en lo que ya se perfila como una elección divisiva.
El próximo semestre los colombianos irán a las urnas tres veces. Primero elegirán un nuevo Congreso en marzo y luego, en mayo y muy probablemente en una segunda vuelta en junio, elegirán a un nuevo presidente para suceder a Iván Duque, que ganó las elecciones de 2018 haciendo campaña contra el acuerdo de paz firmado por su antecesor con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y un acérrimo crítico del sistema de justicia transicional derivado del mismo.
La mayoría de partidos políticos -incluidos varias figuras del partido gobernante Centro Democrático- e incluso el presidente Duque acogieron la idea de ampliar el plazo de la Comisión y evitar que su informe se convierta en un tema electoral. Sin embargo, el ex presidente Álvaro Uribe -cuya reunión de agosto con tres comisionados fue turbulenta- le dijo a los miembros de su partido que sería mejor que se opusieran públicamente a la prórroga y sugirió que un informe que él consideraba sesgado podría convertirse en un tema de campaña, según una persona con conocimiento de esa conversación.
Más tiempo, ¿pero para qué?
Queda en el aire aún una cuestión central: ¿cómo utilizará la Comisión sus siete meses adicionales de trabajo?
Cuando los negociadores de paz concibieron la Comisión como un órgano extrajudicial dentro de un sistema de justicia transicional que también incluye un tribunal especial, un programa de reparaciones y una institución encargada de buscar a los desaparecidos, imaginaron una comisión de la verdad que no se centraría simplemente en un informe final, sino en un proceso que pudiese unir a los colombianos en torno al rechazo de la violencia del pasado y a la apertura de un camino hacia adelante.
Al fin y al cabo, el país ha hecho grandes avances en la reconstitución de lo ocurrido. Sólo el Centro Nacional de Memoria Histórica ha producido 102 investigaciones en forma de libro que documentan diversas violaciones de los derechos humanos y efectos del conflicto colombiano, que van desde el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, la violencia sexual y los secuestros hasta la violencia contra comunidades indígenas, políticos locales, periodistas o personas trans.
Sin embargo, en la práctica la Comisión ha concentrado el grueso de su trabajo en la investigación. A lo largo de dos años de trabajo de campo, ha reunido un amplio acervo de testimonios, documentos y fuentes primarias, conduciendo al menos 13.821 entrevistas con 26.192 personas -incluidos los cinco ex presidentes vivos- y recibiendo 890 informes de partes interesadas. Su anunciado informe final, que constará de once partes, incluirá una panorámica histórica, múltiples capítulos temáticos y una serie de recomendaciones sobre cómo evitar que se repitan los ciclos de violencia.
En total, el 73 por ciento del personal de la Comisión se ha dedicado a la investigación, según un reciente informe del Congreso. “La entidad ha concentrado la gran mayoría de sus esfuerzos en la elaboración del informe final, al punto de que las demás funciones han sido marginadas o han sido comprendidas como labores subsidiarias a la de investigación”, afirmó ese informe, subrayando una desconexión entre los dos equipos internos de la Comisión encargados de la investigación y de participación ciudadana.
La verdad como bien público
En los últimos meses, más voces han pedido a la Comisión que incremente el número de audiencias públicas y sus esfuerzos de divulgación. Su razonamiento es que los informes de comisiones de la verdad suelen ser documentos exhaustivos, que la gente rara vez lee.
“El informe es importante, pero el legado de la Comisión pasa en gran medida por la apropiación de la verdad como un bien público para cambiar actitudes, comportamientos y percepciones desde lo más cotidiano”, dice Marco Velásquez, profesor de la Universidad Javeriana cuyo trabajo académico y jurídico ha girado en torno a la justicia transicional. “Eso es lo que recompone tejidos sociales en una sociedad aún fracturada y adolorida, lo que permite pensar en que pueda haber una reconciliación”.
En total, la Comisión ha organizado 442 actos públicos desde su creación, un número importante de los cuales han tenido lugar de manera virtual después de que la pandemia obligó a la institución a repensarse. Algunos de sus formatos más creativos han sido bien recibidos, con su serie de televisión "Frente al espejo" -presentada por un conocido actor-, cosechando más de 300.000 espectadores por episodio y uno de sus podcasts alcanzando un millón de oyentes mensuales. La cobertura de la prensa ha aumentado. Pero pocos de estos eventos han acaparado realmente la atención del país.
Un método para la catarsis
Sin embargo, la Comisión cuenta con las herramientas eficaces para establecer una conexión emocional con los colombianos, según subraya una reciente evaluación financiada por la agencia de cooperación USAID del gobierno de Estados Unidos, como parte de su significativo apoyo financiero a la labor de divulgación de la comisión.
Tras meses de análisis, un equipo de expertos en justicia transicional y evaluación determinó que los espacios de la Comisión llamados de "diálogo social" cuentan con metodologías robustas y un éxito probado a la hora de fomentar la empatía y mejorar la comprensión de la gente sobre lo ocurrido. Concluyeron que casi el 90% de 1.400 participantes encuestados describieron una conexión emocional con las víctimas. Estos eventos también lograron cambiar la percepción de quienes desconfiaban de la Comisión, con los investigadores observando que un número alto de participantes entrevistados que solían tener una opinión negativa de la entidad o ninguna dijeron luego que ésta había cambiado favorablemente.
En una línea similar, el informe multipartidista del Congreso identificó dos áreas del mandato de la Comisión en las que el trabajo estaba retrasado: la documentación de experiencias individuales o colectivas de resiliencia y las transformaciones positivas llevadas a cabo por organizaciones e instituciones a lo largo de la guerra. Ambas podrían inspirar a los colombianos de a pie que no han sido afectados por el conflicto.
Los investigadores del impacto social también advirtieron que una cantidad significativa de personas que asisten a los eventos de la Comisión son participantes recurrentes, lo que sugiere que la entidad debería considerar si se ha enfocado sobre todo en las personas que ya están en sintonía con su misión y se ha alejado de los más escépticos o indiferentes. En particular, destacaron que los empresarios y el sector privado siguen siendo -como ha contado JusticeInfo- un punto ciego en los esfuerzos de divulgación de la comisión.
Actores directos ausentes
Ese podría no ser el único flanco débil. Según el informe del Congreso colombiano, una abrumadora mayoría -alrededor del 92,5 por ciento- de las 23.000 personas que la Comisión había entrevistado hasta diciembre de 2020 eran víctimas directas del conflicto armado. Aunque esto tiene sentido en un país con 9 millones de víctimas -o uno de cada seis colombianos-, también significa que otros grupos podrían estar subrepresentados.
Sólo el 2 por ciento de los entrevistados por la Comisión pueden ser clasificados como personas que participaron directamente en el conflicto, concluyeron sus autores. Esto significa que hasta el año pasado sólo se había entrevistado a unos 292 ex combatientes, incluidos antiguos miembros de las FARC, de grupos paramilitares y de otras guerrillas de izquierda, y a unos 100 miembros del Ejército o la Policía.
Esto podría explicar por qué, como muestra el informe del gobierno de Estados Unidos, muchas personas consideran que no ha habido suficientes audiencias públicas en las que ex combatientes y agentes del Estado reconocen sus responsabilidades y piden perdón a sus víctimas. Esto no significa que no se hayan celebrado este tipo de eventos, pero subraya que rara vez han galvanizado a la sociedad.
A principios de agosto, por ejemplo, la Comisión recreó la ‘marcha por la vida’ de 2002 que guerrilleros de las FARC famosamente interrumpieron, secuestrando a dos respetados políticos -el gobernador antioqueño Guillermo Gaviria y el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri- a quienes asesinaron al año siguiente. Diecinueve años después, el ex comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, pidió perdón a sus familiares, mientras completaban juntos la marcha en un emotivo recorrido que pasó relativamente desapercibido para el país.
En cambio, cuando otro ex guerrillero, el senador Carlos Antonio Lozada, dijo fríamente a una participante durante un evento de la Comisión en junio que no pensaba pedir perdón a las víctimas del secuestro ese día en concreto porque sería algo “impostado para efectos de un registro en la prensa”, sus palabras fueron noticia en todas partes.
Ahora que el fallo de la Corte Constitucional permite a la Comisión eludir los problemas de una temporada electoral agitada, la entidad tendrá que decidir dónde concentrar sus esfuerzos en los próximos meses. Quedan aún algunas cuestiones urgentes, como qué tan rápidamente el gobierno de Duque le asignará los fondos para que pueda funcionar el próximo año.
Pero tal vez no haya un dilema más trascendental que si decide dedicar los próximos siete meses exclusivamente a completar su informe final o a intensificar sus esfuerzos para acercar al país a las víctimas que expresan su dolor y a los responsables que lo reconocen. Es decir, al tipo de imágenes y escenas que podrían acabar forjando el legado de la Comisión tanto -o más- que su informe.
