A mediados de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia anunció que próximamente abrirá tres nuevos macro-casos: esos futuros expedientes se centrarán en crímenes cometidos por antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por agentes del Estado, así como en la forma en que las minorías étnicas fueron atacadas durante el conflicto armado del país.
Con esta decisión, el tribunal especial derivado del acuerdo de paz de 2016 –y conocido localmente como la JEP- cambió significativamente su enfoque en la forma de elegir sus casos, pasando de investigar delitos puntuales y regiones geográficas a centrarse más ampliamente en una serie de comportamientos de actores específicos.
Sin embargo, este anuncio, que se explica en parte por la lentitud con la que se han movido sus siete primeros casos, ha suscitado una oleada de críticas sin precedentes por parte de las víctimas y los grupos de derechos humanos, sobre todo porque podrían ser las últimas investigaciones que abra. Aunque la elección de los casos inevitablemente no suele satisfacer las expectativas de todas las víctimas –que con frecuencia abogan por que se priorice el delito que les afectó-, ésta es quizá la primera vez que víctimas de muy diversa índole cuestionan la metodología de la JEP y qué tanto sus magistrados tienen en cuenta sus observaciones.
El cambio de opinión de la JEP
En los últimos cuatro años, la JEP ha trabajado en siete macro-casos. Cuatro de ellos se centran en crímenes altamente simbólicos cometidos por dos actores diferentes: los secuestros y el reclutamiento forzoso de niños soldados llevados a cabo por las FARC, así como las ejecuciones extrajudiciales y el asesinato masivo de miembros del partido de izquierda Unión Patriótica por parte de agentes del Estado . En otros tres casos se investigan múltiples delitos cometidos por diferentes grupos en tres regiones concretas del país.
El 18 de febrero, la JEP anunció su “decisión indeclinable” de abrir tres nuevos casos. El primero se centrará en otros delitos cometidos por las FARC, incluyendo la violencia sexual, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el uso de minas antipersonal y las tomas a pueblos. Una segunda investigará delitos cometidos por oficiales del Ejército, policías y otros agentes del Estado, con énfasis en la violencia sexual, la tortura, el despojo de tierras y las masacres, incluidos crímenes cometidos en connivencia con grupos paramilitares. Un último caso examinará el sufrimiento de indígenas y afrocolombianos, que conjuntamente representan el 10% de la población de Colombia y el 18% de las víctimas registradas.
Al hacer este anuncio, el tribunal explicó que ya posee una gran cantidad de información sobre el conflicto armado, después de que su grupo de análisis contextual estudiara 458 informes presentados por grupos de víctimas y organismos estatales, e identificara 258.000 delitos. Sus magistrados sostienen que centrarse en estos otros patrones delictivos de las FARC y de los agentes del Estado tiene sentido, ahora que han construido un conocimiento profundo sobre los comportamientos de cada actor a lo largo del tiempo y de la geografía.
También anunciaron una serie de audiencias públicas en seis ciudades para recoger las observaciones de las víctimas y los grupos de derechos humanos. La última de ellas finalizó el pasado viernes en Bogotá.
Un reloj que hace corre
Hasta ahora, la JEP se ha cuidado mucho de no expresar que la escogencia de estos crímenes equivale a decidir que renunciará a la persecución penal de los demás, pero tanto las víctimas como los magistrados son conscientes de que este es el escenario más probable en un país que soportó un conflicto armado de 52 años que dejó 9,2 millones de víctimas. Sobre todo porque el reloj corre para el tribunal, cuya duración será de 15 años (aunque admite una prórroga adicional para cumplir con las tareas residuales). En teoría, la JEP tiene hasta 2028 para presentar acusaciones contra los máximos responsables de crímenes graves y hasta 2033 para completar los juicios.
Justo después de revelar sus nuevos expedientes, la JEP también anunció las fechas de las audiencias públicas en las que su primera tanda de 17 acusados aceptará los cargos que se les imputan. Entre el 28 de marzo y el 1 de abril, siete ex comandantes de las FARC se enfrentarán oficialmente a sus víctimas y reconocerán su responsabilidad en miles de secuestros. Tres semanas más tarde, el 21 y 22 de abril, diez ex integrantes del Ejército admitirán formalmente su papel en el asesinato de 247 civiles, que luego hicieron pasar ilegalmente por guerrilleros muertos en combate, en una tragedia que los colombianos conocen como los ‘falsos positivos’.
Su admisión allana el camino para que la JEP dicte sus primeras condenas desde que abrió sus puertas a principios de 2018. Se espera que reciban penas de entre 5 y 8 años en un entorno no penitenciario, siempre que los magistrados consideren que están respondiendo a las demandas de las víctimas de verdad y reparación.
Este calendario, sin embargo, evidencia el tiempo que está tomando cada caso. Las dos primeras acusaciones se dieron a conocer después de tres años y medio de investigaciones, y se necesitó otro año más para procesar las observaciones de las víctimas y recibir una respuesta formal de los acusados. Y todavía pasarán unos meses más antes de que los magistrados de la JEP determinen las sanciones. Esto significa que se han necesitado por lo menos cinco años para un fallo, un lapso de tiempo que no tiene en cuenta que estos dos primeros casos aún tienen otras acusaciones pendientes contra comandantes regionales de las FARC y militares de otras unidades priorizadas.
Un motivo de mayor preocupación es que los otros cinco macro-casos abiertos están todavía en fase de investigación. En teoría, el caso regional centrado en Nariño, en la costa del Pacífico, y el que examina el exterminio de la Unión Patriótica están cerca de la fase de acusación, pero no se ha hecho ningún anuncio oficial.
Las víctimas (y los políticos) reaccionan
La decisión del tribunal de abrir los llamados ‘casos sombrilla’ ha despertado frustración entre las víctimas y organizaciones de derechos humanos. Muchos consideran que las seis audiencias convocadas por la JEP para debatir la priorización de los casos resultaron inocuas, dado que los magistrados parecerían haber tomado ya una decisión sobre los próximos casos. Y les preocupa especialmente lo que esto pueda dejar de lado.
“Nosotros sabemos que tiene que haber priorización, pero tienen que hacerlo de forma que las víctimas se sientan incluidas, así sepan que su caso no va a estar”, dice Adriana Arboleda, abogada de la Corporación para la Libertad Judicial de Medellín. Su ONG ha pedido a la JEP que abra un caso geográfico sobre el barrio Comuna 13 de la segunda ciudad más grande del país, donde -sostienen- agentes del Estado dirigidos por el general del Ejército colombiano Mario Montoya desaparecieron y desplazaron a miles de personas en connivencia con los paramilitares. Su preocupación, dice, es que “por la lógica del tiempo, termines sacrificando pedagogía y participación”.
En febrero, 85 grupos de víctimas y de derechos humanos redactaron una carta pública en la que pedían a la JEP que pospusiera las audiencias hasta que el tribunal pudiera abordar su preocupación de que el proceso de decisión está “vulnerando la garantía del principio de centralidad de las víctimas” en los procedimientos. Algunos llegaron incluso a presentar acciones de tutela contra el tribunal en un intento de forzar la consideración de sus casos. A raíz de uno de estos recursos de amparo presentado por una víctima no identificada del carro bomba de las FARC en 2003 dentro del club social El Nogal de Bogotá, la JEP estableció un plazo de mediados de abril para el anuncio definitivo del caso.
Incluso los políticos están presionando a la JEP sobre nuevos casos. El presidente Iván Duque, un abierto crítico del sistema de justicia transicional que sólo visitó la sede de la JEP en Bogotá por primera vez en noviembre pasado cuando el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, vino para el quinto aniversario del acuerdo de paz, pidió al tribunal, cuya importancia ha intentado diluir constantemente, que investigue los crímenes cometidos contra soldados y policías.
Las mujeres exigen un caso de violencia sexual
Las víctimas de la violencia sexual han sido quizás el grupo más vocal a la hora de exigir un caso completo en lugar de ser incluidas como parte de una investigación más amplia.
“El país necesita un reconocimiento de que esto pasó. Si no hay un caso, es difícil entender lo que sucedió a las mujeres como botín, cuáles fueron los patrones de victimización y cómo se adueñaron de territories a través de los cuerpos de las mujeres”, dice Marina Gallego, líder de la Ruta Pacífica de Mujeres. Su organización de víctimas a nivel nacional presentó a la JEP un informe detallando casos de violencia sexual en Urabá y está terminando otro sobre Putumayo.
Como ha contado JusticeInfo, el suyo y otros grupos vienen insistiendo desde hace tres años en la necesidad de un macro-caso que detalle las diferentes formas de violencia de género, como la violación, la violencia reproductiva -que incluye la anticoncepción forzada, las esterilizaciones y los abortos forzados- y la violencia contra las personas LGBT.
Lo que históricamente fue un delito invisibilizado ha pasado al primer plano, en medio de la toma de conciencia global que ha desencadenado el movimiento #MeToo, y se ha convertido incluso en un saco de boxeo en la transición colombiana. En total, 34.592 personas han sido víctimas de violencia sexual, 90% de las cuales son mujeres. Aunque pueda parecer una cifra pequeña en medio de un universo de 9,2 millones de víctimas, el número de personas que denuncian estos casos ha crecido mucho más rápido que el de otros delitos en los últimos siete años.
De hecho, esta exigencia se expresó en todas y cada una de las audiencias públicas convocadas por la JEP para debatir la priorización de casos, según dos personas con conocimiento directo. Asimismo, ocupa un lugar destacado en los 421 informes presentados a la JEP que describen crímenes: más de un tercio -130- abordan la violencia sexual y de género. Esto sólo lo sitúa por detrás de los homicidios, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y las agresiones físicas, muy por encima de delitos tradicionalmente más visibles como los secuestros o el reclutamiento de niños, según un análisis realizado por el tribunal.
Buscando justicia para las mujeres
Los grupos de derechos de la mujer coinciden con las preocupaciones de las víctimas. “El nuestro es un acuerdo de paz pionero en incluir la violencia sexual y un enfoque de género. Eso genera mucha expectativa en las víctimas, que confían en el sistema [de justicia transicional] y en lograr el acceso a la justicia que nunca han logrado”, dice Linda Cabrera de Sisma Mujer, una de las organizaciones feministas más antiguas del país. Su ONG, junto con otras cuatro, ha pedido públicamente a la JEP que abra un caso que abarque todas las formas de violencia de género y presionado convencer sin éxito al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para que persuadiera al tribunal de hacerlo.
Uno de sus argumentos es que la justicia penal ordinaria lleva mucho tiempo en deuda con las sobrevivientes de violencia sexual. De los 634 casos priorizados por dos autos de la Corte Constitucional, solo 14 -el 2,2%- habían visto una condena, según un informe de 2016 elaborado por 12 ONG jurídicas y de derechos de la mujer. Los niveles de impunidad en los casos de abuso sexual priorizados oscilan entre el 92% y el 97%, concluyeron.
“No tenemos claro el enfoque de género en la metodología. Nuestra experiencia es que, cuando se investigan graves violaciones de derechos humanos en simultáneo, se corre el riesgo de que se invisibilice o se deje a un lado la violencia sexual. Es parte de lo que ha pasado en la historia judicial colombiana”, dice Cabrera.
Las víctimas de las minas también se sienten excluidas
Las víctimas de otros crímenes altamente simbólicos también están alzando su voz en un país que tiene una de las cifras más altas de desplazados y víctimas de minas antipersonal del mundo.
“La JEP las herramientas para que los responsables reconozcan verdades como quiénes las enterraban, dónde elegían hacerlo y cómo las creaban”, dice Reinel Barbosa, un agricultor y técnico informático de 36 años que perdió la pierna izquierda tras pisar una mina en 2007 en el Meta. Desde entonces, se ha convertido en uno de los líderes más importantes de uno de los grupos de víctimas menos visibles del país, fundando la primera red nacional de asociaciones de víctimas de minas y abogando desde hace años por aumentar los esfuerzos de desminado humanitario.
Un caso sobre minas antipersonal tiene sentido en un país con 12.036 víctimas directas, sin contar a sus familiares. Gran parte de esta responsabilidad recae en las FARC, a quienes la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas (ICBL) calificó como “probablemente el usuario más prolífico de minas antipersonal entre los grupos rebeldes del mundo”, aunque la guerrilla del ELN y los paramilitares de derecha también recurrieron a éstas. También es un crimen en el que la justicia penal ordinaria no ha avanzado mucho, ya que la primera condena por este delito -de un guerillero de las FARC- no se produjo sino hasta 2015. La Campaña Colombiana contra Minas, el brazo nacional de la ICBL y la ONG que promovió su inclusión en el código penal, no tiene constancia de ninguna otra condena.
El problema, según Barbosa, es que la mayoría de las víctimas de minas no saben con certeza quién las instaló, dado que estos artefactos suelen explotar años -o incluso décadas- después de ser enterrados. “Mi caso lleva 14 años sin que se sepa el responsible”, dice. Pero, con la información que la JEP ya ha recopilado sobre qué unidades de las FARC operaban en diferentes zonas y periodos de tiempo, cree que sería posible identificar a comandantes responsables.
El tribunal está estudiando la posibilidad de incluir el uso de minas antipersonal en el macro-caso sobre las FARC, como parte de una línea de investigación sobre ‘medios y métodos de guerra’, posiblemente junto con las tomas a poblaciones y los carros bomba. Barbosa dice que su fijación no es que el uso de minas antipersonal se convierta en caso en sí mismo, pero advierte que la prioridad para las víctimas es que los autores rindan cuentas por una táctica de guerra que se empleaba contra los civiles y que a menudo desencadenaba otros crímenes como el desplazamiento forzado y el confinamiento.
Volver a poner a las víctimas en el centro
Aunque entienden las limitaciones de tiempo de la JEP, al exigir que se investiguen los crímenes que sufrieron, las víctimas también abogan por que el foco narrativo vuelva a estar sobre ellas, en lugar de los perpetradores.
“El lenguaje de la guerra siempre traslada la responsabilidad a las víctimas. Se habla de ‘accidentes de minas’, como si se lo provocara uno mismo, cuando fueron atentados planeados milimétricamente. Hay que llamar las cosas por su nombre y que quienes las han colocado lo reconozcan, ayuda”, dice Reinel Barbosa.
También están presionando a la JEP para que abra espacios más amplios de diálogo con las víctimas para discutir la priorización de los casos. Como dice Linda Cabrera, “nos debe al movimiento de mujeres una explicación del aplazamiento y de la decisión de no abrirlo, si esa es la postura”.
