Los últimos cuatro meses han sido el momento de mayor atribución de responsabilidades y uno de los de mayor esclarecimiento de verdad en Colombia por crímenes cometidos por militares.
Primero, en abril y luego julio, dos grupos de antiguos militares –incluyendo a un general y cinco coroneles- reconocieron haber participado en las ejecuciones extrajudiciales de cientos de jóvenes a los que pasaron por guerrilleros muertos en combate. Frente a los familiares de sus víctimas, pidieron perdón y aceptaron la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de crímenes de guerra y de lesa humanidad, las de mayor reproche a nivel internacional.
Casi al tiempo, a finales de junio y tras más de tres años de trabajo, la Comisión de la Verdad develó su informe final sobre medio siglo de violencia en Colombia, que –entre otros temas- pide al Estado reconocer la connivencia entre integrantes del Ejército con grupos paramilitares y los ‘falsos positivos’, como los colombianos han conocido esas ejecuciones de civiles por militares.
Pese a que esas son las conclusiones a las que han llegado el brazo judicial y el extrajudicial del sistema de justicia transicional colombiano, las Fuerzas Militares y el sector defensa vienen insistiendo en una narrativa distinta. De la mano del gobierno del saliente presidente Iván Duque, el Ejército y el Ministerio de Defensa se han atrincherado en la teoría de que esos crímenes fueron cometidos por militares aislados y que de ninguna manera involucraron a la institucionalidad, dos narrativas que consignaron en un informe que también publicaron este año y entregaron oficialmente tanto a la Comisión de la Verdad como a la JEP.
Su posición, sin embargo, se vuelve más difícil con los cambios en el escenario político. Desde hace tres semanas Gustavo Petro encabeza el primer gobierno de izquierda en la historia del país, con la doble promesa de implementar el acuerdo de paz denostado por su antecesor y seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, incluida una reforma del sector seguridad.
El contra-informe de la verdad militar
El 25 de febrero, cuatro meses antes de que la Comisión de la Verdad develara su informe, el gobierno Duque presentó uno propio titulado ‘Aporte a la verdad: contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica’.
A lo largo de 733 páginas, el libro traza la historia de las Fuerzas Militares y la Policía en el conflicto armado interno, la manera como fueron victimizados sus integrantes y la evolución de la doctrina militar y de su política de derechos humanos y DIH a lo largo de medio siglo. Descrito como “una investigación académica”, fue publicado por el Ministerio de Defensa en una de las mayores editoriales nacionales y escrito por un grupo de profesores de la Universidad Sergio Arboleda –conocida por sus posturas conservadoras y por ser el alma mater de Duque- y de la Escuela Superior de Guerra, una institución educativa para formar oficiales, liderada por militares y bajo la órbita del Comando General de las Fuerzas Militares.
El gobierno saliente le dio amplio bombo. Duque lo describió como “un reporte histórico que recoge el testimonio de las fuerzas de la legalidad” y “una historia incuestionable” sobre su apego a la legalidad y su contribución a la paz. “Nos preocupa que, después de cinco años del acuerdo de La Habana y faltando diez años de su implementación, los reflectores se estén dirigiendo hacia la fuerza pública y no en los verdaderos victimarios”, dijo el entonces Ministro de Defensa Diego Molano. En los meses siguientes, ambos lo usaron para pedir a la JEP que abra un macro-caso sobre crímenes cometidos por las FARC contra soldados y policías.
“Hechos individuales”
El informe militar insiste en que “la doctrina del body counting, como también se ha denominado a la acción de los Estados Unidos en Vietnam, nunca fue adoptada en Colombia, y pese a que se ha querido relacionar con los delitos de homicidio en persona protegida y/o homicidio agravado (también conocidos como ejecuciones extrajudiciales), esto no tiene ningún referente doctrinario en Colombia”.
También se distancia de la conclusión de la Comisión de la Verdad de que el modelo de seguridad nacional estuvo basado durante décadas en la ‘doctrina del enemigo interno’, heredada de la Guerra Fría, gracias a la cual fueron perseguidos contradictores –de políticos de oposición a campesinos-. Para el informe del sector defensa, “no hay evidencia concluyente o tan siquiera fehaciente de que el Ejército colombiano haya adoptado la doctrina para perseguir o aniquilar un enemigo interno”, como ocurrió en el Cono Sur.
Quizás el punto donde más divergen es sobre qué tan expandidas fueron las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares. El informe hace énfasis en que dichos crímenes sí ocurrieron, pero enfatiza que había “una política de cero tolerancia” hacia estos crímenes, que las medidas correctivas los redujeron y que tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército apoyaron a la justicia en investigarlos.
“Si bien se presentaron muertes de civiles que configuran homicidio en persona protegida, estos casos no obedecieron a una política”, dice el texto. Se trató, en palabras del ex ministro Molano, de “hechos individuales” que “no obedecen a un actuar generalizado de las instituciones militares y de policía”. El texto no hace, en ningún momento, un esfuerzo por cuantificarlas o reflexionar sobre por qué ocurrieron.
En últimas, el sector defensa argumenta que los crímenes cometidos por las FARC contra policías y soldados fueron tanto sistemáticos como generalizados, al tiempo que excluye de un tajo cualquiera de esas posibilidades para los falsos positivos que cometieron militares.
“Encubrimientos sofisticados”, según la JEP
Contrariamente, la JEP señala que el conteo de bajas en combate se convirtió en un indicador de éxito del esfuerzo militar -por encima de las capturas y desmovilizaciones de guerrilleros- y contribuyó al aumento de víctimas de falsos positivos. Y rechazó de plano la teoría de ‘manzanas podridas’ al llegar, tras cuatro años de investigación y cientos de testimonios, a la conclusión de que los falsos positivos fueron tanto generalizados como sistemáticos.
En sus primeros dos autos, el tribunal detalla exhaustivamente los diferentes modus operandi y estrategias usados por militares para presentar los homicidios de civiles como “resultados operacionales ficticios”, revelando patrones similares en cientos de casos. Como contó Justice Info, la JEP reconstruye cómo simularon zonas de combate y sembraron pruebas para vincular a sus víctimas con grupos armados ilegales, llegando a vestirlas de camuflaje, trasladar los cuerpos y contaminar las escenas del crimen, en lo que llamó “encubrimientos cada vez más sofisticados”. También hubo, según la JEP, una puesta en escena legal con documentos operacionales falsificados, relatos coordinados de los hechos, amenazas a testigos y destrucción de pruebas, incluso tras las visitas de la misión de esclarecimiento que lideró el general Carlos Arturo Suárez en 2008.
Esa fue la base para acusar a 25 ex militares de haber formado parte de “organizaciones criminales enquistadas al interior de unidades militares” y “aparatos organizados de poder” dentro de las Fuerzas Militares que, según sus cuentas, asesinaron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008. Hace un mes, imputó a otros 22 militares –incluyendo a un general y cinco coroneles- en una tercera decisión en el caso, en Casanare, en el oriente del país, con lo que ha avanzado en tres de seis regiones que priorizó.
La JEP se ha cuidado de señalar solo responsabilidades individuales en sus decisiones. Coincide con los militares en que las medidas correctivas lograron frenar esos asesinatos, aunque enfatiza que estos crímenes fueron posibles gracias a una serie de “recursos institucionales” como su presupuesto, incentivos y procedimientos administrativos, así como una ausencia de supervisión por parte de los superiores.
“Una actitud negacionista”, según la Comisión de la Verdad
Una visión similar plantea la Comisión de la Verdad. En el capítulo central de ‘hallazgos y recomendaciones’, que sintetiza las 10.000 páginas de su informe, se cuida de no atribuir los crímenes a la institución, hablando de “delitos cometidos por miembros de la fuerza pública” y subrayando que “amplios sectores de la fuerza pública de Colombia han desempeñado su función convencidos de que es lo mejor para el país, honestos y leales a su misión”.
Pero sí señala la responsabilidad del sector defensa, tanto su componente militar como el civil, explicando que “al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario” y que esos “crímenes fueron propiciados por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares”.
La Comisión fue especialmente crítica de la negativa histórica del Gobierno y la fuerza pública de reconocer con claridad que miembros suyos asesinaron a civiles indefensos o se coludieron con los paramilitares. “En el Estado ha prevalecido una actitud negacionista pues no se ha aceptado la responsabilidad institucional en los crímenes”, señala, clasificándola como un factor de persistencia del conflicto armado.
Ese análisis llevó a la Comisión a enfatizar en sus recomendaciones la necesidad de una reforma al sector seguridad, para –en su visión- concebir la seguridad como “un bien público centrado en las personas”. Su listado de medidas sugeridas incluye sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa para garantizar su misión civil, impedir que la justicia penal militar se ocupe de crímenes graves cometidos por uniformados, frenar los ascensos de oficiales que tengan denuncias creíbles, fortalecer los canales internos de denuncia, desmontar gradualmente el servicio militar obligatorio, replantear los convenios de seguridad del Ejército con empresas privadas, transformar cánticos militares machistas o peyorativos, reformar la policía antimotines y dar un viraje a la política de drogas.
“Aperturistas” e “intransigentes” entre los militares
Esta diferencia de visiones no es nueva, sino que evidencia la tumultuosa relación que han tenido los militares con la memoria histórica en los últimos quince años.
Para la politóloga María Emma Wills, que trabajó durante una década en el Centro Nacional de Memoria Histórica, hay dos líneas en el sector defensa con actitudes divergentes sobre la rendición de cuentas. Una primera, que llama “aperturista”, cree en ella y está dispuesta a reconocer que algunos de sus integrantes y políticas fueron parte del problema, mientras otra –que denomina “intransigente”- solo acepta para la institución los roles de héroe y víctima. Mientras la primera ganó prominencia durante la negociación de paz con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la segunda se reforzó durante el de Duque.
En todo caso, ambas -argumenta Wills- comparten la idea de no se puede mancillar el honor militar y que la institucionalidad debe quedar libre de cualquier sospecha. El sector más abierto a la rendición de cuentas, dice, “está dispuesto a admitir la existencia de manzanas podridas en sus propias filas, pero no concibe hablar de políticas o condiciones propicias en sus filas que permitieran dilucidar cómo y por qué agentes de la fuerza pública se vieron involucrados en reiteradas violaciones. Esos son elementos que la no repetición requiere identificar”.
“Mantener la legitimidad institucional”
Desde el proceso de paz con las FARC, el sector defensa comprendió la importancia de la memoria histórica. Como dice una presentación militar de 2017, “la imposición del pasado configurará la legitimidad de las Fuerzas Militares y su percepción por parte de las futuras generaciones de colombianos”. Por eso, según ese documento que forma parte de su plan de transformación, la meta es “mantener la legitimidad institucional”.
La pregunta central es, ¿cómo se logra eso? Participar en los espacios de justicia transicional es una manera en que el sector defensa ha estado activo, entregando 158 documentos a la Comisión y 11 a la JEP. Pero, en contraste, el estamento militar –así como los civiles en el Ministerio de Defensa y el gobierno- han sido reticentes a asumir una discusión de fondo sobre las reformas internas que podrían garantizar que esos crímenes nunca vuelvan a ocurrir.
Esa postura contrasta con la de la justicia transicional, para la cual esa legitimidad emana de reconocer las atrocidades ocurridas y las omisiones. El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, se los planteó con un símil de la institución de la que él mismo proviene: la Iglesia Católica. “Los invito como ciudadano colombiano a seguir el ejemplo del Papa Francisco, ante el abuso de niños por parte de sacerdotes, cuando reconoció que no fueron manzanas podridas sino una enfermedad en el cuerpo de la Iglesia”, le dijo públicamente al hasta hace poco comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro. “Ninguna institución puede defenderse ante las graves faltas morales de alto nivel repetidas entre sus hombres diciendo que no es responsable porque sus leyes lo impiden (...) Yo quiero que el Ejército de mi país tenga la misma grandeza que tuvo la Iglesia”.
Un sector defensa en transformación
Las audiencias de la JEP y la publicación del informe final de la Comisión llegan, en todo caso, en un momento de profundos cambios políticos, con la llegada al poder de un gobierno de izquierda y pro acuerdo de paz. Además de anunciar que sacará a la Policía del sector defensa y dará un viraje a la política de drogas, el gobierno de Petro dio un revolcón completo a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía, retirando a 55 generales –el 45% del total- entre ambas instituciones, y anunció que el informe de la Comisión de la Verdad se estudiará en los colegios del país.
403 MIL VÍCTIMAS MILITARES Y POLICÍAS
El informe militar establece que 403,352 integrantes de la Fuerza Pública fueron víctimas durante el conflicto armado – aunque la cifra no aparece en el texto del informe, sino en el prólogo escrito por el entonces ministro de defensa Diego Molano, donde él atribuye el número completo –sin evidencia- a las acciones de las FARC. Sus autores establecieron que 1643 soldados y policías fueron secuestrados, 6828 desaparecidos y 495 reclutados de niños, mientras 40 mil fueron víctimas de homicidios selectivos, 188 mil de desplazamiento y 7112 de minas antipersonal y otros artefactos explosivos como cilindros bomba. En la visión del informe, estos delitos “se cometieron de manera constante” entre 1964 y 2018, por lo que “configuran un patrón de sistematicidad” y deberían ser –debido a esos dos criterios- considerados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
