El 15 de diciembre, la JEP publicó en su sitio web una “invitación pública” para conformar un “equipo itinerante” de magistrados auxiliares que puedan apoyar diversas tareas al interior de la institución. Para ello buscaban a 36 profesionales altamente cualificados, con ocho años de experiencia y conocimiento en áreas del derecho como constitucional, penal, derechos humanos o derecho internacional humanitario.
Era una convocatoria muy esperada, tratándose de los segundos cargos más importantes dentro del brazo judicial de la justicia transicional colombiana que emana del acuerdo de paz de 2016 y que investiga las atrocidades cometidas durante medio siglo de conflicto armado. En la práctica, son las manos derechas de los magistrados, ayudándoles a conducir investigaciones, entrevistar testigos y comparecientes, hacer inspecciones físicas, contrastar evidencia, proyectar borradores de las decisiones judiciales y liderar sus equipos en el día a día. También es uno de los trabajos mejor remunerados del Estado colombiano: casi 37 millones de pesos (9,400 dólares) por mes, una cifra más alta que la de los ministros del gobierno o el alcalde de la capital.
Esa fue la última noticia pública que hubo de la oferta laboral hasta que, a inicios de febrero, la JEP develó la lista de elegidos. En el intermedio no proporcionó ninguna información pública sobre el proceso o los criterios de selección, según diez personas que postularon pero no fueron elegidas y que contaron su historia a Justice Info. Por conversaciones con colegas se enteraron que ya había citaciones a entrevistas, pero no recibieron ninguna comunicación de la entidad. Y luego vieron con sorpresa cuando, el 2 de febrero, ésta anunció a los elegidos.
Documentos internos sugieren que la JEP sí consideró la posibilidad de hacer más transparente el proceso. Pero al final, ninguno de estos pasos -ni el procedimiento ni las listas de candidatos inscritos- se hizo público. “El timonazo de hacer un procedimiento abierto y público, a luego decidir sin publicidad del procedimiento y de los criterios de selección, afecta enormemente la transparencia de la selección”, dijo Paola Molano, coordinadora de justicia transicional en el think tank legal Dejusticia. “Este tipo de decisiones tan opacas afectan la credibilidad de la JEP hacia fuera”.
De convocatoria pública a proceso cerrado
“Para mí la JEP era un faro de transparencia. Yo sé que no se generan derechos como en un concurso público, pero sí había expectativas legítimas de que fuera transparente. Y si no lo iba a ser, ¿para qué hacen la convocatoria pública?”, dice una persona con experiencia de derecho penal. “Si la JEP iba a hacer una invitación pública debería haber establecido criterios claros para evaluar las hojas de vida, y garantizar la publicidad y transparencia en el proceso”, dice otra postulante. “Me presenté pensando que sería un proceso meritocrático. Nos hicieron perder el tiempo”, dijo uno más. Las tres personas, al igual que seis más que hablaron con JusticeInfo, pidieron no ser citadas por nombre por temor a posibles represalias, dado que trabajan en la rama judicial o en la propia JEP.
Les sorprendió porque, primero, en otras convocatorias anteriores, para cargos de secretario ejecutivo y los subdirectores de asuntos disciplinarios y control interno, la JEP había publicado en su página web los listados de personas inscritas y seleccionadas a entrevista. En al menos un caso, grabó y transmitió esas entrevistas. Y segundo, porque dos hechos sugieren que la JEP sí contempló hacer el proceso más transparente. Un cronograma que circuló entre varios funcionarios de la entidad sugiere que se pensó publicar la lista de aspirantes inscritos y de los llamados a entrevista. Asimismo, el documento que fijó la invitación habla de un equipo “escogido por el órgano de gobierno de acuerdo con el procedimiento que sea establecido”. Al final, ninguno de esos pasos –ni procedimiento ni listados- se dio de cara a la ciudadanía.
Los elegidos
La JEP defiende su actuación. “Fue un proceso que se tomó muy en serio, que satisfizo las expectativas de todas las salas y secciones, y de sus representantes en el órgano de gobierno. Para nosotros es tan estratégico que nos aseguramos de tener la mejor gente”, dijo a Justice Info el presidente de la JEP Roberto Vidal. Explicó que la selección la hicieron los magistrados presentes en el órgano de gobierno y que él se marginó, dado que los nuevos magistrados auxiliares quedarán bajo la presidencia. También señaló que los criterios de selección y los listados son “reservados e internos” y que no la JEP no puede hacerlos públicos por “una imposibilidad legal y normativa”. “La razón es estrictamente jurídica”, dijo, sin precisar cuál era esa norma. También describió el cronograma como “apócrifo”.
Al final la JEP se decantó, en su mayoría, por abogados de adentro de la institución, junto con algunos externos, como María Clara Galvis, ex vicepresidenta del comité de Naciones Unidas sobre desaparición forzada, o Martha Lucía Zamora, ex secretaria jurídica de la JEP hace unos años y hasta hace poco directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el gobierno de Gustavo Petro.
Esta última podría ser quizás la escogencia más controvertida porque, aunque tiene una larga carrera judicial y fue incluso Fiscal General de la Nación encargada, protagonizó un sonado pleito con una víctima hoy acreditada ante la JEP. En 2012, cuando Zamora era fiscal delegada, la Fiscalía acusó al ex diputado Sigifredo López –quien estuvo secuestrado por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante siete años- de haber planeado su propio plagio y el de sus diez colegas políticos luego asesinados, un hecho por el cual la entidad tuvo que pedirle disculpas públicamente. Ese emblemático crimen fue el centro de la más reciente imputación hecha por la JEP, contra ocho mandos regionales de la guerrilla. Zamora fue absuelta en 2023 de cualquier responsabilidad en la detención irregular de López, que la acusó de coordinar la investigación en su contra.
Zamora dijo a Justice Info que su nombre fue limpiado en tres investigaciones diferentes en la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y un juzgado penal de primera instancia, subrayando que ella no ordenó su detención, no dirigió la investigación ni participó en ninguna declaración de testigos en su contra. Reconoció la disputa jurídica entre ambos, que describió como "una infamia" y "años muy difíciles", y dijo a JusticeInfo que pedirá a la JEP que no la asigne al caso de secuestro en el que es víctima López. "Pondré de presente que por transparencia y dados los antecedentes de las dos investigaciones, es mejor no tener ninguna relación con el caso 01 [aunque] formalmente no existe causal de inhabilidad", dijo. También añadió que había leído noticias de que López manifestó su desacuerdo con las decisiones de la JEP y que su abogado había anunciado que abandonaría el proceso. El equipo encargado del caso del secuestro dijo a JusticeInfo que, efectivamente, el abogado de López lo había dicho durante una audiencia, pero que ninguno de ellos hizo dicha petición.
“Un golpe a la moral interna”
“La gente que seleccionaron al final es buena. Todos los que conozco merecen estar ahí”, dice una candidata que no fue llamada. Pero la opacidad en la selección generó malestar entre postulantes, muchos de los cuales trabajan o han trabajado en la JEP en la categoría justo por debajo de magistrado auxiliar. Pese a que han llevado buena parte de la carga cotidiana de las investigaciones sobre delitos tan emblemáticos como los secuestros de las antiguas FARC o las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, devengan 13 millones de pesos (3.300 dólares) – o casi la tercera parte del salario de los nuevos cargos. Por eso, la convocatoria era vista como una oportunidad para ascender.
“Hay un golpe a la moral interna, más que todo porque muchos que estamos en las salas no vemos opciones de reconocimiento al trabajo que hemos hecho por varios años”, dice una persona que lleva cuatro años trabajando en la JEP. En palabras de otra postulante, “no hubo ni un gesto elemental de escribirle a los que no fueron seleccionados y decirles ‘gracias por participar’”.
Molestos, muchos enviaron derechos de petición a la JEP preguntándole por los criterios de selección y las razones de su exclusión. Esta semana, el director jurídico les respondió que una convocatoria pública “mantiene un grado de valoración o discrecionalidad en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes se postularon” y que no requería “criterios objetivos de selección pues no se trata de un concurso de méritos, sino de la elección de cargos de libre nombramiento y remoción”.
En su entrevista con Justice Info, el magistrado Vidal insistió igualmente en que no era una convocatoria pública y por tanto no se le pueden exigir a la JEP esos requisitos. Desestimó que haya un golpe a la moral, señalando que “comparado con otros procesos no es una inconformidad muy grande” dado que la JEP recibió 69 derechos de petición entre 619 candidatos. “El carácter colectivo y reflexivo de las decisiones fue lo que le dio un sentido de legitimidad y de moralidad”, añadió.
En ausencia de criterios claros de evaluación, sin embargo, quedó en el aire la idea de posibles arbitrariedades. Justice Info comprobó que una persona con doctorado y experiencia similar en otra alta corte nunca oyó de la JEP. Algo similar ocurrió con otra persona con doctorado que trabajó en una reconocida ONG de derechos humanos.
El modelo y el pecado original
La opacidad de esa convocatoria supuso un marcado contraste con el mecanismo bajo el cual los propios magistrados de la JEP fueron seleccionados, reconocido a nivel internacional como un ejemplo de transparencia y meritocracia. En un proceso público que duró tres meses, la ciudadanía pudo consultar las hojas de vida y motivaciones de 2.047 postulantes en una herramienta digital diseñada especialmente para la ocasión, donde también se publicaron las entrevistas con los 78 candidatos preseleccionados. Durante ese tiempo, el comité de escogencia recibió casi 17.000 comentarios, que le ayudaron a elegir a los 38 magistrados de la naciente justicia transicional.
Fue “un mecanismo singular y novedoso” que rompió con la convención de nombrar jueces “de arriba hacia abajo” y que buscó garantizar una mayor “independencia judicial en escenarios transicionales”, según un artículo académico el jurista Santiago Pardo que analizó todo el proceso de selección. Y que, en efecto, se distanciaba de la práctica común en la rama judicial en Colombia de intercambios de favores conocidos coloquialmente como “yo te elijo, tú me eliges”.
Más allá de los 36 magistrados auxiliares, el malestar por esta convocatoria se convierte en un nuevo escollo para un tribunal especial que buscaba con ella, irónicamente, corregir un desequilibrio en las cargas de trabajo que se originó cuando nació la institución.
En circunstancias que no son muy claras, los magistrados de la segunda instancia de la JEP –llamada confusamente ‘tribunal’- reservaron para ellos los equipos más nutridos de funcionarios judiciales, replicando el diseño institucional de otras altas cortes en Colombia y en desmedro de los magistrados de las salas de primera instancia.
En virtud de una decisión firmada por la primera presidenta de la JEP, Patricia Linares, ella y sus 19 colegas magistrados del tribunal recibieron despachos integrados por tres magistrados auxiliares y cinco asistentes judiciales, ‘profesionales especializados 33’ en la jerga burocrática colombiana, pese a que se demorarían varios años en recibir procesos justamente porque sus sentencias parten de las decisiones que les llegan desde las salas. Entre tanto, los 18 magistrados de las tres salas donde ha estado concentrado la mayor parte del trabajo de la JEP hasta hoy recibieron seis asistentes judiciales y cero magistrados auxiliares. Una parte del problema es heredada, ya que el escalafón laboral de la rama judicial colombiana no cuenta con ninguna posición entre esas dos, pero la cúpula de la JEP de todos modos eligió un diseño institucional que dio más manos a las instancias más tardías.
Bajo presión
Ese pecado original tensó las relaciones al interior de la JEP y trajo consecuencias para las tres salas, que muy pronto se vieron inundadas de trabajo. Una de ellas, la Sala de Amnistías –que define la situación jurídica de los ex guerrilleros de las FARC- quedó tan sobrecargada que el Consejo de Estado le declaró un estado inconstitucional de cosas, uno de los mayores reproches en el ordenamiento legal colombiano. La Sala de Reconocimiento, que lidera las investigaciones e identifica a los máximos responsables ha presentado imputaciones en apenas cuatro de los siete macro casos iniciales. Y aunque la JEP creó soluciones temporales, como la ‘movilidad vertical’ con que los magistrados del tribunal prestan funcionarios a sus colegas de sala, ese esquema no garantiza equipos estables ni logró resolver la congestión – y creó posibles riesgos a futuro como que muchos deban declararse impedidos cuando los casos en los que trabajaron suban instancia. El año pasado finalmente reforzó los equipos de los magistrados de sala con varios nuevos cargos.
Todo esto ha disparado los temores de que la JEP pueda cumplir con su periodo temporal de 10 años para presentar acusaciones y 15 para emitir sus decisiones, pese a tener una planta mayor a la de las otras altas cortes en el país. El presidente Vidal insiste en que esas dos decisiones, ampliar los equipos en salas y contratar más magistrados auxiliares, permitirán cumplir “la estricta temporalidad” de la JEP sin pedir prórrogas.
Un problema largamente advertido
Lo irónico es que la JEP ha recibido varias advertencias a lo largo de sus seis años de funcionamiento de que sus cargas de trabajo quedaron mal distribuidas.
Antes de que abriera sus puertas, el gobierno colombiano contrató un estudio de flujo de cargas en el que, tras ocho meses de simulaciones de procesos, un equipo de ingenieros industriales y abogados de la Universidad de los Andes predijo que la mayor parte del trabajo en los primeros años recaería en las tres salas para luego pasar al tribunal, según tres personas que lo conocieron. Bajo esa lógica, el estudio –que no es público- recomendó crear equipos móviles que pudieran ubicarse donde más eran necesitados y así evitar cuellos de botella. “La JEP es como un estadio de fútbol con capacidad para 80 mil personas pero con muy pocas puertas de entrada. Nosotros imaginamos una plantilla flotante que pertenecía a todos los magistrados y se moviera donde está el trabajo”, dijo a Justice Info Néstor Raúl Correa, el primer secretario ejecutivo de la JEP y él mismo un ex magistrado de alta corte.
Desde afuera llegaron advertencias similares. “Necesitamos una JEP institucionalmente fuerte y flexible, que se adapte a las diferentes cargas de trabajo que tendrán las salas y secciones”, recomendó también en 2018 el jurista Rodrigo Uprimny, quien fue asesor del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz y trabajó durante una década en la Corte Constitucional. Al igual que el estudio, plantó un modelo más parecidos al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un pool de abogados al servicio de todos.
Al final, el equipo directivo de la JEP desoyó esos consejos y optó por el modelo más jerárquico que ha imperado en las cortes colombianas. “Era previsible que la masividad de los crímenes desbordara la capacidad de la JEP; sin embargo, el diseño organizacional lo empeoró (…) Su planta de personal no refleja los procedimientos y las cargas de trabajo que enfrentan sus diferentes órganos en el tiempo”, advirtió también un informe de la Universidad de Oxford en 2022 que tampoco es público.
Ese pecado original es el que, tardíamente, está intentando corregir la JEP – con una convocatoria laboral poco transparente que ha generado mucho malestar y cuyos nuevos magistrados auxiliares no estarán al servicio exclusivamente de las salas, sino también del tribunal (aunque según Vidal, su principal prioridad será “fortalecer la investigación” y solo serán asignados a tareas identificadas como “necesidades estratégicas” en el reciente plan cuatrienal de la corte). En otras palabras, la solución para resolver el pecado original podría terminar perpetuándolo.
Este artículo fue ampliado el 1 de marzo de 2024 para agregar información suministrada por Martha Lucía Zamora sobre sus investigaciones ya archivadas en el caso que le inició Sigifredo López y su cita sobre su decisión de pedirle a la JEP que no la asigne al caso del secuestro.
