“Con todo respeto, nos dirigimos a las víctimas que son el centro del acuerdo”, comenzó Pastor Alape, ex comandante y negociador de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con voz notablemente temblorosa. “Acá estamos asumiendo toda la responsabilidad política y jurídica en respuesta al auto que nos plantea la JEP. Reconocemos los hechos y conductas”.
En un momento decisivo para el sistema de justicia transicional colombiano, derivado del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC, Alape y Julián Gallo se convirtieron en sus primeros ex combatientes en admitir oficialmente sus crímenes. En una conferencia de prensa de una hora transmitida por internet, expusieron la respuesta de la antigua guerrilla marxista a la primera acusación develada por la Jurisdicción Especial para la Paz (conocida por los colombianos como JEP) a finales de enero, en la que los acusó a ellos y a otros seis líderes de las FARC.
Ese mismo día, el equipo jurídico de las FARC entregó formalmente su respuesta de 360 páginas, que aún no se ha hecho pública y que las víctimas del secuestro comenzaron a recibir esta semana.
Un reconocimiento histórico
Tres años después de que la JEP abriera sus puertas, el anuncio de las FARC de que aceptan las conclusiones del tribunal es trascendental.
En primer lugar, parece validar la apuesta de Colombia por un sistema de justicia transicional que condiciona unas sanciones más leves a un reconocimiento de responsabilidad por los crímenes cometidos y a un compromiso genuino por atender las demandas de verdad y reparación de sus víctimas.
Su admisión allana el camino para que los siete primeros comandantes de las FARC acusados reciban condenas de entre 5 y 8 años en un entorno no carcelario, siempre y cuando la JEP constate que están respondiendo efectivamente a las demandas de las víctimas. Si hubiesen impugnado la decisión, su caso habría pasado a la vía más adversarial dentro del tribunal especial y, de ser declarados culpables, se enfrentarían a penas de 15 a 20 años de cárcel.
También es importante por su simbolismo. Los secuestros fueron durante años la práctica más infame de las FARC, con imágenes aterradoras de prisioneros enjaulados y encadenados en medio de la selva capturando la atención de los medios en todo el mundo y cosechando el repudio de todos los sectores de la sociedad colombiana.
No es de extrañar, como contó Justice Info, que este caso fuese visto como una prueba ácida de si la JEP -y el acuerdo de paz en general- podrían persuadir a los altos mandos de la antigua guerrilla de arrepentirse públicamente de sus crímenes y garantizar justicia a las 2.528 víctimas que están acreditadas como partes en el caso, entre las que se encuentran personas que fueron mantenidas en cautiverio por las FARC hasta por 14 años y sus familiares.
Y en tercer lugar, muestra que el enfoque de la justicia transicional colombiana que busca sancionar al menos a los máximos responsables de los crímenes más graves está dando por fin resultados. Los primeros acusados todos formaban parte del Secretariado -o primer anillo de poder- de las FARC, incluyendo a su ex comandante en jefe Rodrigo Londoño, sus ex negociadores de paz Jaime Parra, Joaquín Gómez, Rodrigo Granda y Alape, y sus actuales congresistas Pablo Catatumbo y Gallo. Un octavo, Bertulfo Álvarez, murió de cáncer un día antes del anuncio de la JEP.
Lo que las FARC están reconociendo
En su declaración pública y en su respuesta escrita, los antiguos líderes de las FARC aceptan la mayor parte de las conclusiones presentadas por la Sala de Reconocimiento de la JEP en su documento de 322 páginas de acusación sobre miles de secuestros cometidos entre 1990 y 2012.
Para empezar, aceptan la descripción que hace la JEP de tres grandes categorías o políticas criminales de secuestro. En primer lugar, admiten haber secuestrado a cientos de personas con el objetivo de obtener rescates por ellas, en lo que rápidamente se convirtió en una de sus principales fuentes de financiación. Se trataba, concluye el tribunal, de “una política que convertía a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana, sino en el valor de intercambio por el dinero que tenían y que podían reportar a la organización armada”.
En segundo lugar, los ex jefes guerrilleros reconocen haber mantenido a cientos de personas -especialmente políticos, soldados y policías- como rehenes, en un intento de presionar al gobierno colombiano para que los canjeara por guerrilleros encarcelados. Los siete acusados aceptaron ambas prácticas, aunque argumentaron que eran impulsadas por motivaciones diferentes, una de ellas política y la otra militar.
Por último, los comandantes de las FARC reconocieron haber retenido a cientos de civiles y funcionarios públicos en regiones en las que buscaban reafirmar un control social y territorial, una forma de secuestro que había sido poco visible y que la JEP documentó ampliamente por primera vez.
En su auto de acusación, la JEP identificó ejemplos concretos de secuestros realizados por cada una de los bloques -o estructuras militares- de las FARC en cada una de esas categorías. Esta información fue la base de su argumento de que las tres políticas de secuestro - por dinero, por intercambio humano y por control territorial - fueron “sistemáticas” y “generalizadas”. En total, el tribunal cree que al menos 21.396 personas fueron secuestradas por las FARC durante dos décadas.
Por todo ello, la JEP les acusó del crimen de guerra de ‘toma de rehenes’ y del crimen de lesa humanidad de ‘encarcelación u otra privación grave de la libertad’, así como de asesinato, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos. También aclaró que, según la legislación colombiana, eran responsables de ‘secuestro extorsivo’ y ‘secuestro simple’.
Los líderes de las FARC no disputaron estas conclusiones. Como dijo Alape, “reconocemos que cometimos graves transgresiones al DIH, más allá de errores”.
Por fin reconocen el intenso dolor de las víctimas
La respuesta de la guerrilla también demostró que son más conscientes de las expectativas que tienen sus víctimas de un reconocimiento más amplio que no excluya su sufrimiento físico y emocional.
En los últimos dos años, habían admitido su responsabilidad y expresaron arrepentimiento, pero, como contó Justice Info en este reportaje, las víctimas estaban indignadas por el hecho de que sus captores no abordaran los tratos degradantes que les infligieron y los años de largo sufrimiento que sus familias debieron soportar en su ausencia. El secuestros fue, en palabras de la JEP, “una situación límite que pone en crisis todas las facetas de la vida”.
La respuesta de las FARC aborda por fin todo el alcance del sufrimiento causado por ellos. “Hoy somos conscientes de las consecuencias que el cautiverio tuvo sobre los prisioneros. El dolor que causamos al mantenerlos privados de libertad, sin tener las condiciones de dignidad que requerían, la imposibilidad de tener contacto con sus seres queridos, las cadenas y las múltiples situaciones que debieron vivir durante esos años de cautiverio no se justifican”, dicen ahora, reversando su posición anterior de que las víctimas solían recibir un buen trato.
En su respuesta, subrayan que eran conscientes de tantos traumas que dejó el secuestro: de víctimas encadenadas, de niños que crecieron sin sus padres, de familias cuyos parientes jamás regresaron, de fotomontajes concebidos para torturar a la gente haciéndoles creer que sus seres queridos habían muerto, de pueblos cuyas economías quedaron destrozadas por las empresas quebradas, de personas forzadas a vender sus pertenencias para pagar un rescate, de enfermedades que no fueron atendidas o se cuidaron con remedios poco ortodoxos como la pólvora, de secuelas emocionales y mentales a largo plazo.
“Entendemos ahora el temor, la zozobra, y la desconfianza que experimentaron a causa de esta experiencia tan dolorosa, y cómo esto incide en el desarrollo de su vida diaria posterior a la liberación. Sabemos que sus vidas siguen marcadas”, dice un fragmento sentido de su respuesta, que describe los secuestros como “un hecho reprochable sobre el que hoy no vale ningún discurso justificatorio” y “un contrasentido humano”.
Ese no fue el único tema sensible en el que las FARC dieron un giro de 180 grados. También admiten explícitamente que algunas víctimas fueron objeto de violencia sexual y que tanto soldados como policías fueron sometidos a tratos degradantes, dos realidades de las que antes habían rehuido.
Respuestas a las preguntas de las víctimas
La decisión de las FARC de admitir que el secuestro fue un crimen grave evidencia una gran transformación. Hace nueve años, al comienzo de los diálogos de paz en La Habana, el negociador -convertido en desertor y fugitivo- Jesús Santrich se burló de las víctimas, citando un famoso bolero para decir que sólo “quizás, quizás, quizás” les responderían.
Ahora han pasado de reconocimientos genéricos a expresiones más detalladas de contrición. Al menos una tercera parte de su respuesta escrita comprende intentos tempranos por dar respuestas a muchas preguntas concretas que les hicieron 908 víctimas, que la JEP recogió y remitió a sus abogados.
“En este ejercicio que iniciamos desde La Habana, en el encuentro y escucha de las víctimas, fuimos interiorizando ese dolor”, dijo Alape, quien lideró el bloque noroccidental de la guerrilla y también encabezó uno de los aún escasos actos públicos de reconocimiento de responsabilidad que han hecho las FARC, en el pueblo devastado por la guerra de Granada. “Hoy podemos decir que somos mucho más conscientes para asumir esa responsabilidad política y judicial, que nos tiene que llevar a garantizar el cierre de este conflicto y abrir los caminos del diálogo como única forma de resolver las conflictividades que nos acosan todavía como ciudadanía. Nuestra disposición –y así lo manifestamos en la respuesta al auto- es responder al país y a las víctimas”.
“Ha sido un proceso largo y difícil. Esta no es una postura artificial a la que hemos llegado y por eso nos hemos demorado en ese tránsito”, dijo Gallo, que dirigió el bloque oriental de las FARC bajo su nombre de guerra ‘Carlos Antonio Lozada’. Este proceso incluyó, según explicó, 10 talleres de tres días en todo el país con otros ex guerrilleros de cada uno de los siete bloques, en donde explicaron el auto de acusación, discutieron el camino a seguir y recopilaron información para responder a las preguntas puntuales de las víctimas.
En particular, su respuesta pretende aportar alguna información sobre aquellos secuestrados nunca volvieron a sus casas. Una de sus revelaciones más llamativas es el número de secuestros que tuvieron un final trágico: al menos 627 víctimas (el 2,9% del total) fueron asesinadas y otras 1.860 (el 8,7%) siguen estando desaparecidas, por lo que están trabajando con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que también forma parte del sistema de justicia transicional.
Objeciones menores a la acusación de la JEP
Las FARC sí incluyeron un par de objeciones menores en su respuesta a la JEP. “Estamos señalando algunas deficiencias que le vemos al auto, pero que en ningún momento van encaminadas a evadir las responsabilidades o a disminuir el valor del reconocimiento que estamos haciendo”, dijo Gallo, describiéndolas como tecnicismos jurídicos.
En primer lugar, piden a la JEP que reconsidere como crimen de guerra la toma de soldados y policías como rehenes, aunque aceptan la valoración del tribunal de que esas víctimas sufrieron otros crímenes durante su cautiverio. Esta segunda admisión significa que los militares, aunque no sean considerados estrictamente como prisioneros de guerra ya que el conflicto armado de Colombia no fue internacional, seguirían siendo considerados por la JEP como víctimas de crímenes de guerra.
En segundo lugar, aceptan finalmente que sí hubo violencia sexual, pero subrayan que no fue sistemática (aunque la JEP no la calificó así en su auto). Asimismo, aceptan la determinación del tribunal sobre su responsabilidad de mando en la práctica del secuestro, pero argumentan que ésta no debería aplicar para la violencia sexual dado que no tuvieron un control efectivo sobre sus subordinados todo el tiempo y sí castigaron aquellos casos de abuso sexual de los que tuvieron conocimiento.
Otras peticiones son más políticas. Entre ellas, piden a la JEP que señale explícitamente que son actores que se alzaron en armas motivados por un derecho a rebelarse frente al Estado, que considere la definición más amplia posible de amnistías cuando pase a juzgar a los otros ex guerrilleros o que incluya más información en su acusación final de sus historias de vida y motivaciones. El razonamiento que subyace a estas demandas está probablemente menos vinculado a la decisión del tribunal y más orientado a mantener la moral de sus antiguos subordinados, muchos de los cuales aún esperan decisiones sobre su situación jurídica.
El camino que viene
El reconocimiento de las FARC significa que el caso 01 -uno de los primeros siete macro-casos abiertos por la JEP y uno de dos centrados específicamente en los crímenes de esa guerrilla- probablemente seguirá moviéndose por el carril que busca un equilibrio entre retribución y reparación, que es precisamente lo que ha hecho innovador al modelo de justicia transicional colombiano.
A lo largo de este año, la JEP anunciará decisiones similares centradas en los roles y las responsabilidades de los comandantes regionales de la guerrilla y sus subordinados, en parte debido a que ellos son los que tienen más probabilidades de conocer muchas de las verdades detalladas que las víctimas quieren oír. También se esperan acusaciones similares en breve en un segundo caso sobre las ejecuciones extrajudiciales –o ‘falsos positivos’- cometidas por integrantes del Ejército.
Aún quedan por responder varias preguntas importantes, incluyendo cómo y en dónde se cumplirán exactamente las sanciones -algo que, como ha explicado Justice Info, la JEP no ha terminado de concretar- y si los dos congresistas de las FARC acusados, incluido Julián Gallo, podrán seguir en el Senado mientras cumplen sus condenas. Tampoco está claro cómo resolverá el tribunal sus observaciones jurídicas, que de todos modos requieren respuesta.
Antes incluso tendrá que decidir si organiza una ceremonia pública en la que los siete ex jefes guerrilleros anuncien formalmente su decisión de aceptar las imputaciones y dirigirse directamente a sus víctimas.
Esto podría ayudar a que su histórico anuncio llegue a más colombianos, que en las últimas dos semanas han estado más pendientes de la avalancha de noticias a la tercera ola de la pandemia en el país y a las masivas protestas contra el gobierno.
