Agosto ha sido un mes turbulento para la política colombiana, después de que el expresidente Álvaro Uribe fue puesto bajo arresto domiciliario en medio de una investigación por presunta manipulación de testigos. Uribe, el político más poderoso del país y viejo opositor al acuerdo de paz firmado en 2016 por el gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sostiene que la investigación en su contra equivale a una persecución política. Él y su partido están utilizando a la justicia transicional como saco de boxeo, en un intento de contrastar sus problemas legales con el hecho de que los antiguos guerrilleros de las FARC aún no han sido condenados por los crímenes que cometieron durante el conflicto armado.
A mediados de agosto, en un irónico giro de acontecimientos, Uribe pasó de acusador a acusado después de que la demanda que presentó contra un senador rival, quien sostiene que él y su hermano ayudaron a crear un grupo paramilitar en su región natal de Antioquia a mediados de la década de los noventa, le saliera mal. Después de que su abogado fue acusado de intentar supuestamente sobornar a testigos que podrían declarar contra el ex presidente, la Corte Suprema decidió por unanimidad que Uribe podría obstruir la justicia y que debía ser puesto bajo arresto domiciliario mientras dure la investigación.
La estrategia de Uribe
Uribe, quien se declara inocente y renunció a su escaño en el Senado la semana pasada, ha tratado de presentar la investigación como el resultado de un sistema de justicia sumido en la corrupción y de represalias políticas. Su renuncia complica aún más un caso difuso, ya que la Corte Suprema podría perder su competencia.
La estrategia del ex presidente ha sido doble. Por un lado, ha calificado repetidamente a su contrincante, el senador Iván Cepeda, como parte de "una nueva generación de las FARC", sin ofrecer ninguna prueba que respalde su acusación. Cepeda, defensor a ultranza del acuerdo de paz y político de izquierda cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en connivencia con agentes del Estado, nunca formó parte de la guerrilla y lleva más de una década como legislador bajo un partido diferente al que crearon los antiguos guerrilleros.
Sin embargo, esta asociación le permite al mediático Uribe revivir un viejo fantasma, en un país donde la guerrilla de las FARC, ya desmovilizada, sigue siendo muy impopular. Al final de cuentas debe una parte importante de su capital político a su rol en haber debilitado militarmente a esa guerrilla hace una década, lo que allanó el camino para que su sucesor Juan Manuel Santos la llevara a la mesa de negociación. A hoy, menos del 10 por ciento de los colombianos tiene una percepción positiva de las FARC, aunque dos tercios de ellos siguen creyendo que una negociación era la mejor manera de poner fin a un conflicto armado de 52 años que ha dejado más de 9 millones de víctimas.
la mejor defensa es un buen ataque
Uribe y sus seguidores también buscan contrastar su detención con un fiasco legal ampliamente ridiculizado que involucra a un ex miembro de alto rango de las FARC que terminó apartándose del acuerdo de paz y que hoy es un fugitivo.
Jesús Santrich, ex negociador de las FARC y uno de sus 10 líderes que obtuvo un escaño en el Congreso en virtud del acuerdo de paz, fue solicitado en extradición tras ser capturado en una operación encubierta dirigida por Estados Unidos en la que aparentemente estaba planeando un negocio de tráfico de drogas tras la firma del acuerdo de paz. Tras varios meses de disputas políticas entre el gobierno de Iván Duque, el sistema de justicia transicional, la embajada de Estados Unidos y el fiscal general, no pudieron llegar a un acuerdo sobre la forma de revelar las pruebas reunidas por Estados Unidos.
Esta era una información crucial necesaria para determinar si la justicia transicional o la ordinaria debía juzgarlo, y si era posible una extradición. La Corte Suprema dictaminó que, como congresista elegido, el caso de Santrich era de su competencia y determinó que podía permanecer en libertad durante el proceso, dado su compromiso con el acuerdo de paz. El ex guerrillero, sin embargo, terminó huyendo y uniéndose a un grupo minoritario de ex líderes de las FARC que se levantaron en armas de nuevo a mediados de 2019. Uribe y su partido trataron de convertirlo en una imagen del acuerdo y, en particular, de los defectos de la justicia transicional.
la justicia en el punto de mira
Aunque el incidente de Santrich ha erosionado la credibilidad de todas las instituciones implicadas, Uribe y su partido han culpado directamente a la Corte Suprema, la misma que ahora investiga a Uribe, y a la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida localmente como la JEP. "Vergüenza: Corte Suprema de Justicia en Auto de 23 páginas deja en libertad a narcoterrorista alias Santrich hoy prófugo de la justicia y solicitado en extradición por EEUU y con un Auto de 1.554 trata de justificar privación de libertad del expresidente Uribe", dijo la senadora Paola Holguín.
Incluso el presidente Duque, que fue preparado para el cargo por Uribe y pertenece a su partido, lanzó un golpe poco disimulado a la justicia transicional. "Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad, o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia", dijo en una intervención pública.
Aunque este paralelismo no tiene ningún fundamento fáctico, ya que Uribe no está procesado por delitos cometidos durante el conflicto armado, el simbolismo no pasa desapercibido para muchos colombianos que le atribuyen el mérito de haber salvado al país de las garras de las FARC y que no entienden por qué, después de dos años y medio, el tribunal de paz aún no ha presentado acusaciones contra ninguno de los ex guerrilleros.
¿más intentos de modificar la justicia transicional?
En medio de la detención de Uribe, su partido está renovando los llamados a modificar la Jurisdicción Especial para la Paz, el brazo judicial del sistema de justicia transicional que han intentado modificar sin éxito dos veces en dos años. Paloma Valencia, una senadora cercana a Uribe que ha anunciado su interés en postularse a la presidencia en 2022, pidió una asamblea constituyente para reformar todo el sistema judicial, incluyendo la fusión de los principales tribunales del país en uno solo y la eliminación de la JEP. "Colombia hoy no puede seguir aceptando la Jurisdicción Especial de Paz, una jurisdicción creada para beneficiar al terrorismo, para garantizarle la impunidad a quienes dinamitaron los pueblos de Colombia, a quienes con sedicia secuestraron millones de colombianos, a quienes reclutaron los niños. La JEP tiene que acabarse", dijo en el Congreso. Ya había anunciado en mayo que presentaría un quinto proyecto de ley para reformar el sistema de justicia transicional.
El partido de gobierno ya respaldó su iniciativa de buscar una revisión completa de la Constitución del país, que tiene 29 años, aunque Duque la rechazó. Aunque actualmente no tienen una mayoría que les permita reformar toda la Constitución, ese escenario podría abrir las puertas para un desmantelamiento del acuerdo de paz que allanó el camino para que 13.302 guerrilleros dejaran las armas en 2017 y que está consagrado legalmente en ésta.
¿puede el ex presidente ser llamado a la jep?
Las dificultades legales de Uribe han reavivado un viejo debate en Colombia: ¿podría el expresidente terminar llegando al tribunal especial de paz? Aunque el delito de manipulación de testigos está enmarcado en el derecho penal ordinario, la Corte Suprema también está investigando a Uribe en otros 30 casos y el Congreso lo está haciendo en otros 200, muchos de los cuales podrían estar efectivamente relacionados con el conflicto armado colombiano. Incluso la investigación que condujo a su detención podría estar relacionada, porque los grupos paramilitares de extrema derecha, nacidos originalmente para contrarrestar a las guerrillas de izquierda en la década de 1980 y eventualmente responsables de miles de homicidios y masacres, son considerados parte en el conflicto.
Ninguna otra acusación contra Uribe ha avanzado en la justicia, pero si lo hiciera, el ex presidente podría enfrentarse a la posibilidad de una larga pena en prisión. En cambio, la JEP permitiría una condena de entre 5 y 8 años en un entorno no carcelario, siempre que reconociera su responsabilidad, aportara verdad y reparase a víctimas.
Salvo por un detalle: la JEP tiene prohibido procesar a ex presidentes. Irónicamente, fue el partido de Uribe el que presionó para que fueran excluidos de la competencia de la justicia transicional, ya que éste siempre caracterizó a la JEP como un intento por enjuiciar a su líder.
seguridad jurídica vs. legado político
Esto ocurrió después de que las negociaciones sobre el capítulo de justicia transicional del acuerdo de paz se estancaran a mediados de 2015 y Santos recurriera a tres juristas externos para que intervinieran y ayudaran a acelerar las discusiones. En septiembre de 2015, después de que anunciaran que habían llegado a un acuerdo preliminar con las FARC sobre cómo sería la JEP, los periodistas les preguntaron si el expresidente podría ser enjuiciado eventualmente. Sí podría, respondieron, aunque nada en el texto confirmaba ni negaba ese hipotético caso.
A raíz de la polémica suscitada, el equipo negociador del Gobierno presionó para que se introdujera una cláusula en el acuerdo que prohibiera el enjuiciamiento de ex presidentes por parte de la JEP. Al final, el acuerdo reitera que les aplican las normas jurídicas ordinarias. Esto podría cambiar eventualmente como resultado de un amplio consenso político, aunque la desconfianza de Uribe y su partido hacia la JEP sigue siendo un obstáculo importante.
A largo plazo, que Uribe pueda beneficiarse del régimen especial de sanciones de la justicia transicional puede depender de su decisión de priorizar su seguridad jurídica sobre su legado político.
LA SAGA DE LA EXTRADICIÓN DE MANCUSO
En la última semana se ha desatado otro drama jurídico, ya que el gobierno de Duque ha hecho un esfuerzo por traer de vuelta a Colombia al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Mancuso, que pasó 12 años entre rejas en Estados Unidos tras ser condenado por cargos de narcotráfico, está acusado de haber participado en miles de violaciones de los derechos humanos en Colombia como líder de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pidió ser deportado a Italia, donde también tiene la ciudadanía, una medida que provocó la indignación de las víctimas de los grupos paramilitares, que quieren que reconozca sus crímenes. El propio Mancuso ha dicho en varias ocasiones que está dispuesto a hablar.
Se supo que el gobierno de Duque ha presentado tres solicitudes de extradición este año, todas ellas con errores que las volvieron inútiles. Una cuarta fue enviada el jueves pasado, aunque no está claro que pueda ser tramitada antes de la fecha límite del 26 de agosto para que sea enviado a Italia.
El presidente Duque prometió que los crímenes de Mancuso no quedarán impunes, pero la estrategia de su gobierno para evitar este escenario ha fracasado. El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo que pediría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo procesara, aparentemente sin saber que ese tribunal tiene competencia sobre casos contra Estados y no contra personas. Duque dijo que también podrían apelar a la jurisdicción universal o incluso pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que intervenga. Dependería de Italia la decisión de presentar cargos contra Mancuso en virtud del principio de jurisdicción universal. En cuanto a la CPI, podría acabar teniendo consecuencias no deseadas. Habría amplia evidencia de sus delitos entre 2002 y el momento de su desmovilización en diciembre de 2004, pero el tribunal podría terminar interpretando la remisión no como un caso único, sino en relación con la situación del país. Dado que la Fiscalía de la CPI tiene un examen preliminar en curso sobre Colombia, esto podría perjudicar el argumento largamente sostenido por el país de que está dispuesto y en capacidad de juzgar estos crímenes, por lo que podría conducir a la acusación de generales del Ejército, antiguos líderes de las FARC e incluso de Uribe mismo.
Si Mancuso llegara a Colombia, no está claro qué tribunal asumiría su caso. La JEP rechazó en junio una de sus solicitudes de ingreso, aduciendo que él se había descrito a sí mismo como cómplice de los paramilitares, cuando en realidad era un miembro activo de los mismos. El tribunal sí le abrió la puerta para que se presente como testigo y declare sobre cómo otros terceros o agentes del Estado se confabularon con esos grupos.
Hasta ahora, la saga judicial está demostrando que el discurso de Duque de oponerse a sanciones leves para las atrocidades masivas cometidas durante el conflicto se ve frustrado por la falta de diligencia de su gobierno en llevar al cerebro de algunos de los crímenes más atroces que ha visto Colombia a enfrentarse a sus víctimas.
