A medida que la violencia sexual se ha convertido en el nuevo saco de boxeo en la disputa política en torno al acuerdo de paz de 2016, la justicia transicional de Colombia ha comenzado a investigar cómo la usaron las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante 52 años de conflicto armado en el país. Las diferentes expectativas de las víctimas y los partidos políticos la convirtieron rápidamente en una prueba ácida sobre el grado de justicia, verdad y reparación que la justicia transicional puede aportar a las sobrevivientes en Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz -o JEP, como se conoce localmente, un tribunal especial nacido del acuerdo de paz- se está centrando en investigar las órdenes dentro de las FARC permitieron que sucediera y quiénes las dieron. Una vez sean identificadas, deberán dar un paso adelante para reconocer su responsabilidad, contar la verdad y personalmente reparar a las víctimas. Solo si cumplen las tres cosas podrán clasificar para una sentencia más benévola, no carcelaria, de 5 a 8 años.
El razonamiento del modelo de centrar la investigación en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, que aplica a toda la JEP, es que así Colombia podrá cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar los derechos de las víctimas, evitando que el tribunal de paz colapse por la cantidad de crímenes de medio siglo de violencia.
Por el momento, la JEP no se está concentrando en todo el universo de las víctimas de la violencia sexual. Pero uno de los primeros macrocasos que abrió trata sobre la práctica de las FARC de reclutar forzosamente a niños soldados e incluye una línea de investigación secundaria -o transversal, en su lenguaje- sobre los abusos sexuales sufridos por ellos.
Otros cinco de los siete casos abiertos hasta ahora también arrojan nueva información sobre la violencia sexual, según el magistrado de la JEP Iván González, que dirige las investigaciones sobre este delito. Entre ellos se encuentran los expedientes sobre los secuestros de las FARC y sobre las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los militares, así como dos casos regionales y uno étnico sobre la situación del pueblo indígena awá en Nariño.
LAS VÍCTIMAS EXIGEN UN CASO IMPORTANTE
Este enfoque no ha satisfecho a muchas víctimas destacadas de la violencia sexual, que abogan por que la JEP abra un expediente completo sobre este delito y supere lo que perciben como un tratamiento de segunda categoría.
“Queremos que se abra una línea de investigación para que las demás mujeres lo vean y se sientan representadas, para que no quedemos en la parte de atrás”, dice María Choles, una mujer de 45 años oriunda de la zona bananera del Magdalena que fue dos veces víctima de violencia sexual: guerrilleros de las FARC la violaron y desplazaron en 1995, y en 2000 paramilitares la buscaron después de que hubiera retornado a su pueblo. “No queremos quedar camufladas entre otros delitos”, añade.
La JEP parece abierta a escuchar su consejo. “Personalmente pienso que es una expectativa realista que se abra un caso de violencia sexual. Eso no quiere decir que los que están andando no lo tengan que abordar. Hay que avanzar en recoger toda la información posible”, dice el magistrado González.
“Desde la comisión de género, estamos haciendo todo para apoyar a la Sala de Reconocimiento para que lo considere como una opción, aunque es una decisión suya”, coincide la magistrada Alexandra Sandoval, quien ha acompañado a las víctimas de violencia sexual en el tribunal.
ACERCAMIENTO A LAS MUJERES DE ROSA BLANCA
Con macrocaso o sin él, otra pregunta decisiva es si la JEP logrará persuadir a las víctimas de violencia sexual de las Farc que han sido críticas del Acuerdo para que se acerquen y trabajen conjuntamente.
Consciente de esta desconfianza, el magistrado González buscó a las mujeres de Rosa Blanca y se ha reunido con su abogada, Berta Suárez, tres veces este año. También han hablado con la presidenta Patricia Linares, pero creen que esas reuniones han sido menos exitosas.
Las mujeres de Rosa Blanca están esperando ver a los comandantes de las antiguas FARC respondiendo por la violencia sexual ocurrida dentro de las filas de la guerrilla.
“Quiero que haya justicia y reparación. Yo no quedé con secuelas, pero quiero que sean castigados y que nos pidan perdón porque nos dejaron con la dignidad por el piso. Así entiendo la justicia, aunque con el simple perdón no van a quitar el daño,” dice Yudy Tovar, una ex combatiente de 30 años que dejó la guerrilla hace una década y denuncia reiterados abusos sexuales.
La mayoría de los miembros de Rosa Blanca son excombatientes de las FARC que dejaron las armas en 2017 con el resto de la organización o estaban cumpliendo penas de prisión. Esto significa que ahora están en libertad condicional y también necesitan que la JEP determine su propia situación jurídica. Como en muchas otras circunstancias del conflicto armado colombiano, son víctimas y victimarios, o lo que el jurista Iván Orozco -que asesoró al equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz- ha llamado "responsabilidades duales".
LOS COMANDANTES DE LAS FARC EN LA NEGACIÓN
Ambos grupos de víctimas, las que apoyan la justicia transicional y las que la cuestionan, están de acuerdo en una cosa: para que la JEP funcione, los ex comandantes de las FARC deben empezar a admitir públicamente su rol en la violencia sexual. No solo porque es la condición para que reciban sanciones más suaves y para que la Corte Penal Internacional concluya que Colombia está cumpliendo su deber, sino sobre todo porque es lo que ellas más valoran. Por ahora, esos líderes parecen no estar arrepentidos.
“Se trata de cargar sobre el adversario el mayor número de crímenes posibles para estigmatizarlo, para generar una situación que no permite la reconciliación”, argumentó en marzo Rodrigo Londoño, quien fue comandante en jefe de la ex guerrilla. Negó que la violencia sexual hubiera sido sistemática, argumentando que ellos mismos ejecutaron a los culpables.
“Las Farc todavía se quedan cortas porque no lo reconocen públicamente. Uno siente como si lo siguieran negando”, dice Choles, que coordinó el capítulo regional del informe entregado a la JEP por las mesas de víctimas. Ella todavía recuerda cuando Iván Márquez, ahora rearmado, la reprendió en privado después de que fue una de las 60 víctimas que compartió sus expectativas sobre un acuerdo en La Habana, en 2015. Según cuenta Choles, Márquez le sugirió que solo hablara de su experiencia personal si podía identificar a los culpables directos. Sacudida, ella le respondió que ese no era su deber sino el del Estado.
“No aceptan que fue un delito intrafilas. Supuestamente no abusaron de ninguna, supuestamente no hicieron a ninguna mujer abortar, ellos dicen que los niños entraron por su voluntad”, dice Yudy Tovar, quien fue reclutada por las FARC en el sur de Tolima cuando tenía 16 años y escapó un año y medio después.
ESCEPTICISMO DE LAS VÍCTIMAS HACIA LA JEP
Casi tres años tras la firma del acuerdo, víctimas como Choles y Yudy Tovar, quien fue reclutada por las Farc en el sur de Tolima cuando tenía 16 años y escapó un año y medio después, están empeñadas en redoblar la presión legal sobre los ex comandantes que no están dispuestos a reconocer las acciones de las Farc.
Algunas de ellas han probado su eficacia en los juzgados. Choles y su organización, la Iniciativa Mujeres por la Paz (IMP), fueron decisivas para armar el caso que resultó en la condena reciente del excomandante paramilitar Hernán Giraldo por violar a al menos 37 niñas. Otra organización feminista, Women’s Link Worldwide, está a punto de entregar a la JEP un informe exhaustivo sobre esterilizaciones forzadas en las FARC.
Por ahora, Tovar dice que esperan entregar en septiembre un primer informe parcial que detalla 100 casos de reclutamiento forzado y violencia sexual, que describe como un “contrapunto” y “contraataque” a la negativa de las Farc. También planean enviárselo a la CPI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de ejercer presión desde afuera.
Insisten en que aún no confían en la justicia transicional. “Yo personalmente siento que no me creen, que la verdad para la JEP es la que tienen las FARC”, dice Tovar, aunque describe las reuniones con los magistrados como constructivas y siente que hay una puerta abierta. “Esa es la lucecita de esperanza: que el magistrado lea y le preste atención. Él dijo que era una pieza procesal fundamental”, reflexiona. Un rato después matiza, “esa lucecita es lejana”.
¿QUÉ SISTEMA DE JUSTICIA PUEDE ABORDAR MEJOR LA VIOLENCIA SEXUAL?
En un escenario en el que no parece probable que la JEP presente su primera acusación contra las FARC antes de finales de este año, una pregunta sigue en el aire: ¿qué es más adecuado para hacer justicia a las víctimas de la violencia sexual, la JEP o la justicia penal ordinaria?
Las mujeres de Rosa Blanca y Fevcol, otra organización de víctimas de las FARC que se ha mostrado crítica con el acuerdo de paz, están reuniendo las 1,8 millones de firmas necesarias para convocar un referéndum en el que los colombianos puedan votar sobre la revocación de la JEP. Argumentando que la justicia penal ordinaria es más confiable que la transicional, están promoviendo que la Corte Suprema de Justicia asuma sus funciones creando una sala especial. Aunque este resultado es poco probable, el partido del Presidente Duque de Colombia está apoyando activamente la idea y también la utiliza como mensaje electoral.
Sin embargo, las pruebas parecen contradecir su idea de que el sistema de justicia penal ordinario es más eficaz en los casos de violencia sexual. De 634 casos que priorizó la Corte Constitucional en dos autos, solo 14 – el 2,2 por ciento- terminaron en una condena, concluyó un informe de 2016 de Dejusticia y otras 11 organizaciones. Los niveles de impunidad en esos casos priorizados de abuso sexual, establecieron, oscilan entre el 92 y el 97 por ciento.
Además, en el sistema de Justicia y Paz tras la desmovilización de los paramilitares de extrema derecha durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), las violaciones fueron inicialmente consideradas como perversiones individuales que causaban la exclusión de esa justicia transicional. Así, sin ningún incentivo para confesar, la mayoría optó por quedarse callado y recibir penas más suaves en la justicia ordinaria.
“Una sentencia reducida, al punto incluso de no entrar nunca en prisión, les permitió evitar la exposición pública en los procesos de construcción de verdad y tener que pedir perdón a sus víctimas. La justicia ordinaria entonces presenta una salida discreta y más bien inocua”, concluyeron los investigadores Mónica Hurtado y Ángela Iranzo de la Universidad de La Sabana, y Sergio Gómez de la Fiscalía.
LA PRIMERA DECISIÓN DE LA JEP SOBRE VIOLENCIA SEXUAL
Un paso que dio la JEP recientemente parece mostrar que está tomándose la violencia sexual seriamente. En julio, rechazó la solicitud de amnistía que hizo un ex guerrillero llamado Oscar de Lima Contreras. Lo hizo después de verificar que tiene una investigación pendiente en la justicia ordinaria por el abuso sexual de una niña wayúu de 17 años.
El raciocinio de la JEP en este caso ilustra cómo se está aproximando a la violencia sexual en el marco del conflicto. De acuerdo a la decisión de la Sala de Amnistía, hay tres hipótesis distintas de cómo este crimen puede caer dentro de la jurisdicción de la JEP: que sea una política de la organización o cualquiera de sus comandantes, que fuera una práctica común o tolerada aún cuando no hubiese una orden concreta, o que fuera un acto de oportunismo hecho fácil por la pertenencia a un grupo armado. En las tres situaciones, sigue siendo un delito que no puede ser amnistiado.
En el caso de De Lima, la JEP decidió que el caso es de su competencia porque, aunque no había evidencia de una orden, presuntamente se aprovechó de circunstancias como su arma o el control territorial de la guerrilla para reclutar y abusar de la niña. Como resultado, le negó la amnistía y ordenó que fuera investigado por la Sala de Reconocimiento.
"ADEMÁS DE PISOTEARNOS Y ESTRUJARNOS, NOS HAN ECHADO LA CULPA"
Mientrastanto, en Rosa Blanca subrayan que le ayudarán a la justicia transicional a construir uno contra los comandantes de las Farc al tiempo que intentan derogarla. “Nosotras no podemos aflojar acá por esto. Independientemente de lo que pase con el referendo, cumplimos con el deber de llevar el informe a la JEP. Si no cumplimos, no podemos exigir”, dice Tovar, añadiendo que están listas para ser llamadas como testigos. Al final, todas insisten en que la JEP solo logrará su meta si logra presionar a los líderes de la Farc a admitir su responsabilidad en violencia sexual.
“Yo necesito que las Farc como movimiento reconozcan la violación, no que me traigan a quien lo hizo frente a mí”, dice Yolanda Perea. “Que las Farc digan ‘A Yolanda la violamos, le pegamos cuando estaba embarazada hasta que perdió su bebé y encima le matamos a la mamá. Nada de eso fue culpa de ella’. Porque además de pisotearnos y estrujarnos, nos han echado la culpa”.
