“Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador”, escribió Paulino Coronado, general retirado y ex comandante de la Brigada 30 del Ejército colombiano, en la carta que envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Noviembre y diciembre vieron mucho movimiento en el primer caso abierto por el brazo judicial de la justicia transicional colombiana sobre hechos cometidos por agentes del Estado colombiano. Veintiún ex oficiales del Ejército entre ellos un civil aceptaron formalmente los cargos que se les imputaron por haber asesinado a 247 civiles y haberlos hecho pasar ilegalmente por guerrilleros muertos en combate, una tragedia que ha consternado a los colombianos y que se conoce eufemísticamente como los ‘falsos positivos’.
Un segundo logro importante para la JEP
Siete oficiales de alto rango -cuatro coroneles y tres mayores- se unieron al general Coronado en aceptar que estas ejecuciones extrajudiciales constituyeron crímenes de guerra y de lesa humanidad, como señaló el tribunal en sus dos acusaciones de julio. Esta es la primera vez que los actores estatales reconocen su responsabilidad por crímenes cometidos durante 52 años de conflicto armado del país en el marco del sistema de justicia transicional, derivado del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Es también el segundo resultado significativo para la JEP este año, después de que siete ex comandantes de las FARC aceptaron la acusación en su contra por miles de secuestros. La audiencia de imputación de cargos en la que aceptarán formalmente los cargos, incluyendo que los secuestros constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, se ha aplazado un par de veces a raíz de las observaciones de las víctimas y varias mociones jurídicas. Es probable que se celebre durante los dos primeros meses de 2022.
En un giro interesante, tres de los primeros 25 agentes del Estado acusados no aceptaron la acusación de la JEP, lo que significa que el macro-caso sobre falsos positivos avanzará simultáneamente por los dos carriles del tribunal. Mientras la mayoría podrá optar a penas de entre 5 y 8 años en un entorno no penitenciario, siempre y cuando contribuyan con la verdad y reparen personalmente a las víctimas, los tres coroneles reticentes verán su caso pasar a un procedimiento adversarial en el que, de ser declarados culpables, recibirán penas de entre 15 a 20 años de cárcel.
Más por venir
En julio pasado, tras tres años de investigación, la JEP dio a conocer dos autos de acusación en el caso de los ‘falsos positivos’, en los que detallaron exhaustivamente los diferentes modus operandi y estrategias usados para presentar los homicidios de civiles como “resultados operacionales ficticios”.
El tribunal acusó primero a seis oficiales, tres suboficiales y un civil de 120 ejecuciones extrajudiciales, 24 desapariciones forzadas y un intento de asesinato en el Catatumbo, una zona montañosa en la frontera con Venezuela, entre 2007 y 2008. Luego siguió con una segunda acusación, en la que acusó a ocho oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados de 127 ejecuciones similares en la costa norte del Caribe entre 2002 y 2003.
Por su papel en lo que describió como “organizaciones criminales enquistadas al interior unidades militares”, el tribunal los acusó del crimen de guerra de “homicidio en personas protegidas” y de los crímenes de lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada. Los magistrados de la JEP también les acusaron de homicidio de personas protegidas y desaparición forzada según la legislación colombiana. En ambos casos, subrayó que todas las víctimas eran civiles y que, por tanto, los militares tenían el deber legal de protegerlas, así como a ocho guerrilleros asesinados por soldados tras ser heridos en combate o entregarse.
Estas dos acusaciones forman parte de una investigación más amplia sobre ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, un periodo de seis años que coincide con el gobierno de Álvaro Uribe y en el que el tribunal especial considera que se produjeron al menos 6.402 asesinatos de este tipo. En marzo, la JEP estableció sus criterios para construir el caso y explicó en qué regiones, unidades militares y años específicos se centrará para iluminar el patrón criminal más amplio. De acuerdo con este enfoque que denominaron “de abajo hacia arriba”, los magistrados presentarán primero acusaciones en seis subcasos -empezando por estos dos- y los usarán para obtener información sobre patrones de comportamiento, normas y la cultura institucionales que permitieron que se produjeran esos crímenes.
Esto significa que después de presentar cargos contra estos y otros oficiales con mando regional, la JEP presentará su caso contra los máximos responsables en la cima, incluyendo posiblemente a miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa durante esos años.
Un sorprendente cambio de opinión
“Reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. Pido perdón a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios”, escribió el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, según extractos facilitados por la JEP.
Gutiérrez, jefe de operaciones del Batallón de Artillería no. 2 'La Popa' que operaba en los departamentos norteños de Cesar y La Guajira, fue implicado por la JEP en la ejecución de varios indígenas kankuamo. En octubre de 2019, había negado ante el tribunal haber tenido conocimiento o responsabilidad en las ejecuciones realizadas por su unidad militar.
Pero quizás sea el general Coronado, el militar de mayor rango acusado hasta ahora, quien ha mostrado el cambio de opinión más marcado. Obligado al retiro en 2008 cuando se destapó el escándalo, el general insistió en su momento en que las víctimas eran “bandidos” y luego negó cualquier implicación.
Tras ser acusado de que “deliberadamente incumplió el deber de evitar la perpetración de los crímenes”, Coronado -que no había solicitado ingreso en la JEP en el momento de la imputación- pidió ahora a sus antiguos colegas que den un paso hacia delante. “Mi reconocimiento de responsabilidad es también una convocatoria a los líderes y a todos los que han ostentado posiciones de mando y poder en nuestro país, para que reflexionen sobre lo que han dejado de hacer, lo que han dejado pasar al avalar, probablemente desde la buena fe y el exceso de confianza, aquellas acciones funestas que hoy se conocen plenamente y que son aceptadas por los autores materiales”, escribió.
Tres coroneles reticentes, incluido un candidato presidencial
Por el contrario, tres militares rechazaron los hallazgos de la JEP y se negaron a reconocer su responsabilidad por los delitos que se les imputan, por lo que sus casos fueron remitidos a la unidad de investigación y acusación del tribunal y probablemente irán a juicio.
El principal de ellos es el coronel Hernán Mejía, que comandó el batallón La Popa entre 2002 y 2003 y que fue el primer oficial de alto rango apartado del servicio por este escándalo. Según la JEP, “prevalido de su rango y de su posición como comandante del batallón, conformó dentro de la unidad una organización criminal que dominaba” y “sus órdenes eran ejecutadas por los hombres del Batallón La Popa que integraban esta organización”. Mejía -quien se declaró candidato presidencial para las elecciones en 2022 y ha sido defendido por el ex presidente Álvaro Uribe y miembros de su partido- rechazó los cargos del tribunal, argumentando que la Fiscalía General de la Nación desapareció los documentos originales de su unidad militar y montó testigos falsos.
Otros dos coroneles se unirán a él. José Pastor Ruiz -quien era oficial de inteligencia en La Popa y guardó silencio cuando fue llamado ante la JEP- presentó una solicitud de nulidad argumentando que el tribunal no tenía jurisdicción sobre su caso y pidiendo permanecer dentro de la justicia penal ordinaria. El tribunal rechazó su petición alegando que tiene jurisdicción preponderante y preferente sobre los miembros de la fuerza pública.
En otro giro intrigante, el coronel Juan Carlos Figueroa -quien sucedió a Mejía en La Popa y era considerado prófugo desde que salió de Colombia hacia París en julio de 2019 y nunca respondió a los llamados de los magistrados al estrado- reapareció tras la acusación en su contra. En un escrito presentado por su abogado, Figueroa informó a la JEP que actualmente vive en los Emiratos Árabes Unidos y rechazó la acusación del tribunal de que, “al llegar a la unidad militar, conoció del funcionamiento de la organización criminal y, lejos de desactivarla, la dominó y se sirvió de ella para obtener bajas en combate que fueran reportadas a sus superiores” y que “presionó a sus subalternos [y] usó distintos incentivos para que reportaran las bajas exigidas”. En vista de que optó por no aceptar los cargos, el tribunal también lo remitió a la unidad de acusación.
La larga espera de las víctimas
Con la decisión de 21 ex integrantes del Ejército de aceptar los cargos de la JEP, Colombia podría acercarse a proporcionar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales la verdad, la justicia y la reparación que han venido buscando desde hace dos décadas. En total, 984 víctimas están acreditadas como partes en el caso, en su mayoría familiares de los jóvenes entre 25 y 35 años que fueron ejecutados. Varias audiencias organizadas en los últimos meses por la Comisión de la Verdad, el brazo extrajudicial de la justicia transicional, también han visto un número creciente de antiguos soldados reconociendo su papel en estos crímenes y pidiendo perdón.
En febrero o marzo, cuando probablemente se celebre la audiencia de acusación ante la JEP, cientos de víctimas tendrán por fin la oportunidad de escuchar su reconocimiento de responsabilidad y su arrepentimiento en persona.
